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Biografía
Blanca Lozano Cutanda es Consejera Académica de Gómez-Acebo & Pombo desde 2007, en el área de Público y Regulatorio.
Catedrática de Derecho Administrativo de la Universidad del País Vasco (2004), actualmente es profesora y directora del Departamento de Derecho Público de CUNEF Universidad. Es jueza ad hoc del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (desde 2013).
Blanca Lozano tiene reconocidos cuatro sexenios de investigación por la ANECA y actualmente es Investigadora Principal de un Proyecto I+D del Ministerio de Ciencia y Tecnología sobre conectividad ecológica. Es miembro del Consejo Asesor o Científico de diferentes editoriales y revistas.
Es autora de siete monografías y de más de cincuenta publicaciones en revistas y obras colectiva nacionales y extranjeras. Sus obras versan, en particular, sobre Derecho ambiental y sostenibilidad (con un Tratado que es obra de referencia en la materia), sanciones administrativas (donde destaca su libro sobre la extinción de las sanciones administrativas y tributarias y la edición del Diccionario de Sanciones Administrativas), derecho constitucional, derecho universitario y proceso contencioso-administrativo (en este ámbito, es coautora de la obra 1700 preguntas sobre Contencioso-Administrativo).
Entidades y asociaciones profesionales de las que es miembro
Colegiada n.º 27233 del Ilustre Colegio de Abogados de Madrid.
Real Academia de Legislación y Jurisprudencia (académica correspondiente desde 2007).
Asociación Española de Profesores de Derecho Administrativo.
Instituto de Derecho Europeo e Integración Regional de la Universidad Complutense de Madrid.
Observatorio de Políticas Ambientales (Coordinadora).
Idiomas
Español
Inglés
Francés
Portugués
El Tribunal Supremo ha calificado como acto de trámite cualificado, recurrible de forma autónoma, los actos de comprobación del SEPE que constatan un incumplimiento y dan opción a su regularización, aunque vayan seguidos de la apertura de un procedimiento de inspección
En varias sentencias recientes el Tribunal Supremo ha rechazado la posibilidad de exigir la responsabilidad patrimonial del Estado legislador derivada de la declaración de inconstitucionalidad de la regulación del impuesto de plusvalía por la STC 182/2021.
El Tribunal Supremo examina si la Administración puede tramitar un procedimiento de revisión de oficio de una autorización obtenida mediante un acto presunto positivo confirmado por una sentencia firme.