Estudios
Licenciada en Derecho y diplomada en Ciencias Empresariales por la Universidad Pontificia de Comillas (ICADE).
Doctora en Derecho («cum laude» por unanimidad) por la UNED con la tesis «la extinción de las sanciones administrativas y tributarias» (1989).
Cuatro Sexenios de investigación reconocidos por la ANECA.
Experiencia profesional
Catedrática de Derecho Administrativo de la Universidad del País Vasco (2004-2012).
Jueza ad hoc del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, desde 2013 hasta la actualidad.
Especialidades
Derecho administrativo. Derecho de la Unión Europea. Sanciones administrativas. Derecho ambiental. Derecho educativo y universitario. Autorizaciones y licencias. Derecho constitucional.
Entidades y asociaciones profesionales de las que es miembro
Ilustre Colegio de Abogados de Madrid.
Real Academia de Legislación y Jurisprudencia (académica correspondiente desde 2007).
Asociación Española de Profesores de Derecho Administrativo.
Instituto de Derecho Europeo e Integración Regional de la Universidad Complutense de Madrid.
Observatorio de Políticas Ambientales (Coordinadora).
Labor docente
Profesora de Derecho Administrativo y de Derecho de la Unión Europea de CUNEF, desde 2012 a la actualidad.
Profesora del Programa de Doctorado en Derecho y Sociedad de la Universidad a Distancia de Madrid (UDIMA), desde 2012 a la actualidad.
Idiomas
Español
Inglés
Francés
Portugués
Italiano
Publicaciones
Libros
Administración y Legislación Ambiental (en coautoría con Juan-Cruz Alli), Dykinson, once ediciones, la última de 2020.
Derecho Ambiental Administrativo, once ediciones, la última de 2010, La Ley-Wolter Kluwer.
Diccionario de Sanciones Administrativas (Directora), Iustel, 2010.
Medidas de lucha contra la morosidad (Coordinadora de público), Ley-Wolter Kluwer, 2011
Comentario a la Ley de Responsabilidad Medioambiental (Directora), Thomson-Cívitas, 2008.
Comentario a la Ley del Ruido (Directora), Tomson-Civitas, Pamplona, 2004
La libertad de cátedra, Marcial Pons, Madrid, 1995
La desclasificación de los secretos de Estado, Civitas, Pamplona, 1998
Nuevas perspectivas del derecho administrativo. Tres estudios (en coautoría), Civitas, Pamplona, 1992
Diccionario de Derecho Ambiental, codirectora con E. Alonso García, Iustel, Madrid, 2006.
La extinción de las sanciones administrativas y tributarias, Marcial Pons, Madrid, 1990
Últimos artículos publicados (septiembre 2019- julio 2020)
¿Qué se puede sancionar en el estado de alarma?, Diario La Ley, núm. 9643, 1 de junio de 2020.
Novedades introducidas por el Real Decreto-ley 15/2020 en materia de contratación pública: la reactivación del recurso especial en materia de contratación (en coautoría con Irene Fernández Puyol), Revista de Estudios Locales Cunal, n.º 230, 2020 (ejemplar dedicado a la Crisis COVID-19.
Análisis de urgencia de las medidas administrativas del estado de alarma, Diario La Ley, núm. 9601, 25 de marzo de 2020.
La directiva de protección del denunciante, Diario La Ley, núm. 9550, 10 de enero de 2020.
Orden TEC/1023/2019: se fija la fecha de la garantía financiera de la responsabilidad medioambiental para actividades con nivel de prioridad 3 (en coautoría con Pedro Poveda), Actualidad Jurídica Ambiental, n.º 95, noviembre de 2019.
Directiva (UE) 2019/904, del Parlamento Europeo y del Consejo, relativa a la reducción de determinados productos de plástico en el medio ambiente (en coautoría con Pedro Poveda), Actualidad Jurídica Ambiental, n.º 93, septiembre 2019.
Prácticas
La Ley 11/2020, de Presupuestos Generales del Estado para el 2021, modifica la Ley 40/2015, de Régimen Jurídico del Sector Público, y recupera las Agencias Estatales como organismos públicos integrantes del sector público institucional estatal.
El Real Decreto Ley 36/2020 ha introducido diversas medidas administrativas, presupuestarias y de organización cuyo objetivo principal es el de agilizar la gestión y ejecución de los proyectos financiables con el Instrumento Europeo de Recuperación.
El Tribunal Supremo ha declarado que la Comisión Nacional del Mercado de Valores, por aplicación de la Ley de Transparencia, no puede denegar el acceso a la información y a los datos confidenciales que obran en su poder sin justificar las razones.