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Biografía
Blanca Lozano Cutanda es Consejera Académica de Gómez-Acebo & Pombo desde 2007, en el área de Público y Regulatorio.
Catedrática de Derecho Administrativo de la Universidad del País Vasco (2004), actualmente es profesora y directora del Departamento de Derecho Público de CUNEF Universidad. Es jueza ad hoc del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (desde 2013).
Blanca Lozano tiene reconocidos cuatro sexenios de investigación por la ANECA y actualmente es Investigadora Principal de un Proyecto I+D del Ministerio de Ciencia y Tecnología sobre conectividad ecológica. Es miembro del Consejo Asesor o Científico de diferentes editoriales y revistas.
Es autora de siete monografías y de más de cincuenta publicaciones en revistas y obras colectiva nacionales y extranjeras. Sus obras versan, en particular, sobre Derecho ambiental y sostenibilidad (con un Tratado que es obra de referencia en la materia), sanciones administrativas (donde destaca su libro sobre la extinción de las sanciones administrativas y tributarias y la edición del Diccionario de Sanciones Administrativas), derecho constitucional, derecho universitario y proceso contencioso-administrativo (en este ámbito, es coautora de la obra 1700 preguntas sobre Contencioso-Administrativo).
Entidades y asociaciones profesionales de las que es miembro
Colegiada n.º 27233 del Ilustre Colegio de Abogados de Madrid.
Real Academia de Legislación y Jurisprudencia (académica correspondiente desde 2007).
Asociación Española de Profesores de Derecho Administrativo.
Instituto de Derecho Europeo e Integración Regional de la Universidad Complutense de Madrid.
Observatorio de Políticas Ambientales (Coordinadora).
Idiomas
Español
Inglés
Francés
Portugués
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Una reciente Sentencia del Tribunal Supremo revisa —de forma, a nuestro juicio, cuestionable— su doctrina anterior sobre la posibilidad de que la Administración declare la caducidad de un procedimiento sancionador estando en curso un proceso judicial contra la resolución sancionadora
El Acuerdo del Pleno gubernativo del Tribunal Constitucional de 15 de marzo de 2023 exige que la presentación del recurso de amparo se lleve a cabo a través de la sede electrónica del Tribunal mediante la cumplimentación de un formulario, que se añade y debe acompañar la demanda de amparo