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The closeness and involvement of the lawyers in the cases is highly valued. They are agile and committed lawyers as well as well prepared.
Los abogados de Gómez-Acebo & Pombo de la práctica de Derecho Penal se han posicionado como líderes en el sector por su grado de especialización técnica, así como por su experiencia contrastada al haber intervenido en los principales procedimientos relacionados con delincuencia económica a nivel nacional en los últimos años.
Dada la diversidad de materias que confluyen en la jurisdicción penal cuentan con el soporte técnico de expertos de la Firma en otras prácticas como las de Medio ambiente, Fiscal, Laboral, Urbanismo y Administración Pública.
Entre los miembros que integran nuestra práctica de Derecho Penal, contamos con un Fiscal excedente, ex miembro de la Fiscalía Anticorrupción, así como con un Magistrado excedente de la Audiencia Provincial de Barcelona. Nuestro equipo, además de su capacitación técnica, es accesible y genera confianza en nuestros clientes, dos aspectos claves que debe reunir un abogado penalista.
En relación con las actividades desarrolladas se orientan no solo al ejercicio de la acusación o defensa penal ante los Juzgados y Tribunales, sino también al asesoramiento preventivo, emitiendo informes o dictámenes encaminados a evitar riesgos en las decisiones que puedan adoptar los órganos de administración de las
compañías.
Por ello hemos desarrollado un área dedicada a los Programas de Prevención penal o Compliance, prestando un asesoramiento integral en esta materia, desde la elaboración de los modelos de organización y gestión para la prevención de riesgos penales, hasta el desarrollo de los sistemas específicos de control internos, formación de la dirección o empleados o asesoramiento al órgano de control (Compliance officer).
Entre las áreas de acción del área destacan las siguientes:
Por el momento, la última resolución del tribunal de la Unión en la saga Dieselgate y la más comprometida en Derecho privado.
La Ley Orgánica 14/2022 modifica de forma importante los delitos de malversación de caudales públicos e introduce un nuevo tipo penal, el delito de enriquecimiento ilícito, no exento de polémica.