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Las prohibiciones de disponer en el proceso de ejecución no impiden la realización y adjudicación del bien, ni el transcurso del plazo de su duración determina la cancelación automática de su anotación registral
Se da noticia de la Sentencia núm. 14/2022 de 13 enero, de la Audiencia Provincial de Barcelona (Sección 15ª)
Doctrina singular del TS, haciendo del covendedor un litisconsorte pasivo necesaria. Pero no mejorando las expectativas del vendedor demandante
La Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública responde negativamente a la cuestión sobre si es exigible la notificación al cónyuge no demandado del embargo preventivo de un bien ganancial.
Se analizan ambas figuras en un supuesto en que las partes pactaron que el tercero, a cuya decisión se someten, actuará como «amigable componedor».
La subrogación laboral por reversión del servicio impide la conversión del contrato indefinido en indefinido no fijo ya que ni se ha producido ninguna conducta infractora ni debe aspirarse a una fijeza ya conseguida
Se examinan diversos casos de error en la apreciación de la prueba que plantean dudas sobre la posibilidad de su rectificación
Un auditor de cuentas designado por el registrador mercantil a instancia de la minoría (art. 265.2 Ley de Sociedades de Capital [LSC]) y con cargo inscrito solicitó la toma de razón en el registro de su renuncia, motivada por la falta de la oportuna provisión de fondos. La Resolución de la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública de 19 de enero de 2022 (BOE del 16 de febrero) estimó el recurso interpuesto por el interesado contra la calificación negativa del registrador. La Dirección General señaló, en primer lugar, que la relación mercantil de auditoría existente entre quien ha de llevarla a cabo y quien es objeto de la misma tiene naturaleza contractual; de ahí que las partes se encuentren vinculadas por lo pactado sin posibilidad de modificación unilateral. Ahora bien, teniendo en cuenta la especial relación de confianza entre el auditor y el sujeto cuyas cuentas son objeto de verificación, así como el hecho de que la labor de auditoría puede venir impuesta por la ley o por una resolución judicial o administrativa, dicho principio general encuentra —según la Resolución reseñada— algunas excepciones en la propia ley. Dejando de lado el supuesto de revocación por la sociedad a auditar (arts. 264.3 y 266 LSC y 22.2 de la Ley 22/2015, de 20 julio, de Auditoría de Cuentas [LAC]) el propio artículo 5.2 LAC recoge la posibilidad de renuncia al encargo por el propio auditor, si bien condiciona el ejercicio de esta facultad a la concurrencia de una justa causa (y, además, impone —en el caso de auditoría obligatoria— la carga de informar o dar cuenta al registro mercantil competente y al ICAC de dicha renuncia). Por su parte, el artículo 11.4 del Reglamento de Auditoría de Cuentas (RD 2/2021), en relación precisamente con los supuestos regulados en los artículos 265 y 266 LSC, prevé como causa de renuncia el hecho de que no se preste la caución o provisión de fondos reclamada (e impone igualmente la carga de poner tal renuncia en conocimiento del registro mercantil o del órgano judicial que efectuó el nombramiento). A la vista de estas reglas el Centro Directivo concluyó que, sin lugar a dudas, el auditor designado por el registrador mercantil de conformidad con el artículo 265 LSC puede renunciar al ejercicio de la labor de verificación si, requerida a tal efecto la persona obligada, no procede a la satisfacción de la provisión solicitada. Y el registro mercantil deberá reflejar dicha circunstancia en la forma procedente. Ahora bien, el Centro Directivo aclaró inmediatamente que la conclusión anterior no implica que pueda considerarse desaparecido el interés del socio tutelado por el artículo 265.2 LSC (consistente en que un auditor verifique las cuentas anuales). En consecuencia, la sociedad habrá de continuar obligada a la verificación contable a pesar de la eficacia de la renuncia. En efecto, estando obligada la sociedad a efectuar la auditoría (lo que resultará del propio registro), el depósito de las cuentas anuales no podrá llevarse a cabo si no se presentan acompañadas del informe correspondiente (art. 279.1 LSC), con independencia de la causa por la que tal auditoría no haya sido realizada (la Dirección General cita en su apoyo las Resoluciones de 16 de abril de 2003, 31 de agosto de 2007, 6 de noviembre de 2013, 24 de noviembre de 2015, 18 de abril de 2016, 15 de junio, 14 de septiembre y 29 de noviembre de 2017, 27 de julio de 2018 y 7 de febrero y 5 de junio de 2020). En suma: aunque se practique el asiento por el que se haga constar la eficaz renuncia del auditor, la sociedad continúa obligada a verificación contable cuando así resulte de la aplicación del artículo 265.2 LSC. De modo que dicha constancia registral no afectará a su obligación de presentar el informe de auditoría junto a las cuentas anuales a los efectos de su depósito (de conformidad con lo previsto en el art. 279 LSC).
Si la extinción del contrato temporal resulta injustificada porque la causa aún permite un período de ejecución y se establece una vinculación entre la decisión unilateral del empresario y la solicitud de permiso de la trabajadora por matrimonio, el despido ha de ser calificado como nulo
Tipo de retención aplicable por una entidad que cuenta con empleados con contrato o relación laboral de duración inicial inferior al año, cuando como consecuencia de una prórroga contractual o de la suspensión del contrato por un ERTE, éstos terminan excediendo de dicha anualidad
o opera la preclusión cuando los hechos y alegaciones que pudieron hacerse valer en el primer proceso fundamentan una acción atribuida a la competencia objetiva de un juez diferente
El Tribunal Económico Administrativo Central determina la naturaleza de las devoluciones derivadas de acuerdos de ejecución de los procedimientos amistosos para evitar la doble imposición
Aun cuando la calificación como antisindical de una conducta empresarial conlleva la nulidad radical del acto mediante el que se ha generado, si la propia empresa sostiene que el derecho concedido es fruto de una decisión unilateral que equipara a todos los trabajadores, no procede su nulidad
En el caso de sentencias extranjeras, el plazo de caducidad de la acción ejecutiva del artículo 518 de la LEC se computa tanto para la solicitud de exequatur como para la ejecución
Efectos de la declaración de inconstitucionalidad del sistema de cálculo de la base imponible de la plusvalía municipal, respecto de aquellos hechos imponibles realizados entre la fecha de la STC 182/2021 y la de la entrada en vigor del Real Decreto-Ley 26/2021, de 8 de noviembre
Se expone la distinción entre ambos plazos y sus consecuencias registrales
El inicio de la caducidad por despido para el trabajo fijo discontinuo en período de incapacidad temporal se computa desde que la persona trabajadora conoce la falta de llamamiento, siguiendo la regla general, y no cuando, tras el alta médica, el empresario no acepta la reincorporación al trabajo solicitada.
Se reitera la doctrina sobre la interpretación flexible de este tipo de acumulación y se exponen los efectos de la sentencia dictada en un recurso extraordinario por infracción procesal que declara procedente la acumulación rechazada por la Audiencia
Consecuencias fiscales para una sociedad residente en un Estado miembro, propietaria de un inmueble en España que se utiliza, en determinados periodos de tiempo, como alojamiento en nuestro país de sus socios, administradores y trabajadores
El artículo 348 bis LSC no tiene por finalidad proteger el derecho del socio a separarse, sino su derecho a participar en las ganancias sociales
Se da noticia de la Sentencia del Tribunal Supremo (Sala Tercera) 1423/2021, de 1 de diciembre de 2021
Análisis de los efectos que pueden derivarse de la conformidad que el obligado tributario haya prestado en una inspección tributaria, a efectos de apreciar la concurrencia de culpabilidad en un procedimiento sancionador
Juez competente territorialmente para conocer de las acciones de repetición en materia de seguros: se excluye la aplicación del fuero imperativo previsto para las acciones de daños y la competencia se fijará conforme a las normas generales previstas en la LEC
Un balón de oxígeno para no legitimarios que reciben fincas en herencia o legado
Posibilidad de reclamar —por inexistencia de liquidación firme y de realización del hecho imponible—, la devolución del IAE pagado por el ejercicio de actividades de hostelería que, en virtud de disposiciones normativas, tuvieron que cesar o reducir significativamente su aforo durante la pandemia del Covid-19
Se da noticia de la Sentencia del Tribunal Supremo (Sala Tercera) núm. 1310/2021, de 3 de noviembre de 2021
Se analizan, exponiendo la postura de nuestros tribunales, estas dos cuestiones discutidas sobre la prejudicialidad civil: si la suspensión del proceso es obligatoria para el juez y si el proceso en que se está resolviendo la cuestión prejudicial debe ser anterior a aquel en que ésta se plantea
Se actualizan las pensiones públicas conforme al incremento del IPC en un 2,5%, lo que supone tener en cuenta pensiones concurrentes y complementos sobre las mismas. Además, se prevé una paga adicional antes de abril para compensar pérdida de poder adquisitivo en el ejercicio anterior
Se expone la doctrina del Tribunal Supremo, conforme a la cual, si la Audiencia revoca el pronunciamiento estimatorio sobre la acción principal, debe entrar a decidir la acción subsidiaria, y se analiza si es aplicable a los casos en que la revocación es solo en parte, manteniendo la procedencia de la acción, pero reduciendo sustancialmente la cantidad objeto de la condena
Análisis, en el contexto del IRPF, de la posibilidad de deducir las cotizaciones sociales obligatorias pagadas en otro Estado miembro y determinación de la calificación que ha otorgarse a las rentas obtenidas por el cedente de derechos de imagen, cuando la cesión no se traduce en el mero uso pasivo de tales derechos
Se da noticia de una de la Sentencia núm. 444/2021, de 26 de noviembre, de la Audiencia Provincial de Madrid (Sección 28ª)
La infracción por utilizar un contrato de puesta a disposición entre ETT y empresa usuaria para supuestos estructurales y no de duración determinada, no se califica como grave —por indebida formalización— sino como muy grave —por cesión ilegal de trabajadores—
Dados los límites que gravan la posibilidad de un efecto directo horizontal de las Directivas europeas, se plantea otro esquema de resolución por el que se consigue el resultado óptimo
El tribunal de Delaware considera que los administradores de una SPAC han podido infringir su deber de lealtad al no hacer pública determinada información que impidió a los socios el ejercicio del derecho de reembolso con pleno conocimiento de causa
La reciente Sentencia del Tribunal Supremo, de 7 de enero de 2022, ha reiterado que los prestadores de servicios de la sociedad de la información como Airbnb no están sujetos a la normativa sectorial sobre alojamientos turísticos, pero ha matizado su razonamiento
Efectos, en el IRPF, de la resolución judicial de un contrato de compraventa que incluía una condición resolutoria, en virtud de la cual el vendedor se queda en poder de las cantidades ya percibidas del comprador en concepto de indemnización.
El Tribunal Supremo confirma la posibilidad de aplicar la reducción por empresa familiar en el impuesto sobre sucesiones y donaciones, cuando parte del valor de la empresa donada esté formado por activos representativos de participaciones en entidades o de la cesión de capitales a terceros
La compensación concursal de crédito no incluidos en la lista de acreedores es posible, según la doctrina que propone la Sala de Casación en la resolución comentada
Se exponen su concepto y el régimen de alegación y prueba de los hechos notorios
El Tribunal Supremo analiza si la limitación establecida en el artículo 90.3, segundo párrafo, del TRLIS, para compensar bases imponibles negativas en el contexto de una operación de fusión, debe aplicarse automáticamente por la Administración o, por el contrario, su aplicación exige una comprobación previa por parte de ésta
Antes de su convalidación, la reforma laboral ha sido modificada en una normativa sobre entidades de crédito. En ella se habilita a los Convenios de empresa para precisar aspectos de la contratación laboral y se amplía la potestad de las Administraciones Públicas en su contratación laboral
Síntesis de las principales cuestiones relacionadas con el requisito del mantenimiento del valor de las participaciones sociales adquiridas mortis causa, como condición para aplicar la reducción de empresa familiar en el impuesto sobre sucesiones y donaciones
Se da noticia de la Sentencia núm. 208/2021, de 20 de diciembre de 2021, del Juzgado de lo Mercantil núm. 16 de Madrid
Es inscribible la cláusula estatutaria que prevé la convocatoria de la junta mediante burofax si de su correcta interpretación se desprende que se exige la remisión del anuncio con certificación del acuse de recibo
El TJUE ha concluido que las consecuencias derivadas de la normativa española que regula la obligación de los residentes fiscales en España de declarar sus bienes o derechos situados en el extranjero —«modelo 720»—, no son compatibles con el Derecho europeo.
Se analizan los límites del juicio cambiario cuando se sigue entre los titulares de la relación causal subyacente
La acción por enriquecimiento injusto no es, en general, ni contractual ni extracontractual y tampoco se refiere a la ejecución de resoluciones judiciales por lo que debe interponerse ante los tribunales del Estado miembro de domicilio del demandado
La carga de la prueba de un hecho negativo no supone trasladar la carga de la prueba a la contraparte. Si se alega el incumplimiento de un requisito ante la representación de los trabajadores y la empresa aclara que esta última no existe, es el demandante (trabajador) quien debe probar lo contrario