Puede obtener más información sobre la Política de Privacidad clicando aquí.
Hay muchísimos supuestos civiles y comerciales respecto de los que no se puede decir si han estado o no corriendo los plazos de caducidad desde la declaración del estado de alarma.
Análisis de la existencia de ganancias de patrimonio no justificadas cuando, aun desconociéndose la causa jurídica o económica de las rentas descubiertas por la Administración, su pagador está identificado.
Se da cuenta de la Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (Sala do Contencioso-Administrativo, Sección 2ª) núm. 778/2019 de 23 diciembre.
La entrada del Estado como accionista u obligacionista en la recapitalización de empresas no financieras en dificultades por el COVID-19 implica la asunción por la sociedad de determinadas medidas de gobierno corporativo
Cualquiera sea el tiempo pasado, el propietario siempre puede volver a la regla estatutaria.
El Brexit suscita dudas sobre cuál será la regulación de la eficacia de las resoluciones procedentes de los Estados miembros de la Unión Europea en el Reino Unido y a la inversa. La ratificación por este país del Convenio de Lugano de 2007 parece ser la solución más deseable para resolver la cuestión.
Un Auto acaba de estimar inaudita parte una medida de suspensión de ejecución de garantías sobre la base del «fumus» que proporciona el COVID-19.
Era inevitable que la celebrada refundición de la Ley Concursal trajera como consecuencia que se introduzcan en ocasiones problemas nuevos e innecesarios. Este de las ejecuciones es uno de ellos.
Una reciente sentencia sobre el problema, que no es de tan obvia resolución como el Tribunal Supremo estima.
La finalización del contrato de duración determinada por su “duración determinada” no computará como despido a efectos del mantenimiento de empleo de los ERTEs por fuerza mayor.
Por Acuerdo del Consejo de Ministros de 5 de mayo de 2020 se aprueba una línea de avales para empresas no financieras con programas de pagarés vigentes en el MARF desde el 23 de abril de 2020.
Una demanda de indemnización interpuesta contra personas jurídicas de Derecho privado que ejercen una actividad de clasificación y de certificación de buques por cuenta y por delegación de un Estado está comprendida en el concepto de «materia civil y mercantil», a efectos de la aplicación del RBI.
Posible aplicación analógica del artículo 14.2 del Texto Refundido del ITPAJD a la modalidad impositiva de actos jurídicos documentados, para el cálculo de la base imponible en la cancelación de una opción de compra para la que no se estableció precio especial.
Aplicación de la exención de la modalidad impositiva de actos jurídicos documentos, en supuestos de novaciones de préstamos y créditos hipotecarios en los que no sólo se altere el plazo y el tipo de interés.
Análisis de las operaciones de transmisión global o parcial de un patrimonio empresarial a efectos del impuesto sobre el valor añadido.
La CNMV y el Colegio de Registradores recomiendan contemplar en la convocatoria de la junta la posibilidad de su celebración por vía exclusivamente telemática —además de la presencial—, por subsistir restricciones o recomendaciones de las autoridades públicas derivadas de la crisis sanitaria tras el cese del estado de alarma.
La reclamación de una indemnización al transportista por retraso aéreo es contractual, a efectos de la determinación de la CJI, incluso si el pasajero no contrató directamente con él, sino que adquirió un viaje combinado en una agencia de viajes.
Se comentan dos preceptos de la reforma concursal operada por el Real Decreto-ley 16/2020.
El Real Decreto-ley 16/2020 elimina el cómputo de las pérdidas del ejercicio 2020 a efectos de la concurrencia de la causa legal de disolución prevista en el artículo 367 1. e) de la Ley de Sociedades de Capital..
Se establece el tope de la cuantía de la que podrán disponer los trabajadores incluidos en ERTES sobre los derechos consolidados en los planes de pensiones del sistema de empleo.
Algunas empresas mantienen sus plantillas en activo y no en suspenso pese a no tener actividad. Una decisión libre que supone un importante ingreso en las cotizaciones sociales que bien pudiera ser reconocido.
Delimitación de las operaciones financieras accesorias a efectos del cálculo de la prorrata general en el impuesto sobre el valor añadido.
Se da cuenta del Reglamento (UE) 2020/561 del Parlamento Europeo y del Consejo de 23 de abril de 2020 por el que se modifica el Reglamento (UE) 2017/745 sobre los productos sanitarios en relación con las fechas de aplicación de algunas de sus disposiciones.
La Dirección General de Tributos analiza la posibilidad de que el perceptor de una pensión no contributiva por invalidez pueda aplicar la deducción por familia numerosa prevista en el artículo 81.bis de la Ley 35/2006.
De acuerdo con el criterio de la Audiencia Nacional, la rebaja en el precio de un arrendamiento no constituye una liberalidad, ni un impago ni un aplazamiento de renta, sino una novación extintiva que permite minorar los ingresos tributables en el Impuesto sobre Sociedades.
Se expone la doctrina constitucional sobre el cómputo del plazo en los recursos interpuestos por terceros interesados.
Diferencia, a efectos del impuesto sobre el valor añadido, entre las indemnizaciones y las penalizaciones pactadas contractualmente para incentivar el cumplimiento en plazo y con la calidad necesaria del servicio pactado.
La Comisaría General de Policía Judicial de la Policía Nacional podrá acceder a través de un servicio web y un portal web desarrollado por el Colegio de Registradores de la Propiedad y Mercantiles de España a la consulta sobre titularidad real de entidades inscritas en los Registros Mercantiles.
Ante los previsibles cambios en la descripción de las medidas alternativas del rendimiento en los folletos informativos y la información pública periódica por el COVID-19, y teniendo en cuenta el régimen de abuso de mercado, la AEVM informa acerca de la forma en la que el emisor ha de presentar estos cambios.
La adopción cambios temporales en los criterios de admisibilidad de los activos de garantía en las operaciones de política monetaria suponen medidas que tratan de fomentar la financiación.
Posibilidad de que una sociedad arrendataria, íntegramente participada por la entidad arrendadora, pueda deducir los gastos derivados del arrendamiento cuando las rentas obtenidas por el arrendador están exentas de tributación.
Hay que ser muy preciso cuando se quiere determinar si los cesionarios de carteras hipotecarias de créditos sujetos a la LCCI están a su vez sujetos a la LCCI.
Análisis del supuesto en el que una entidad constituida en un Estado miembro en el que conserva su sede social, pretende deducir las pérdidas allí generadas en el nuevo Estado miembro al que posteriormente trasladó su sede de dirección efectiva y residencia fiscal.
En la situación generada por el COVID-19 varios Estados han adoptado normas para proteger a los organizadores de viajes, minoristas o compañías aéreas que les permiten no reembolsar en efectivo, sino mediante un bono, los importes de los viajes cancelados. Cuando el contrato está sujeto a un Derecho extranjero la aplicabilidad de esas normas puede ser cuestionada.
Se confirma lo que ya era tendencia declarada. Dejando atrás algunas desafortunadas inclinaciones manifestadas en 2014 y 2015, el Tribunal Supremo no está dispuesta a defender aplicaciones laxas ni extensivas de la cláusula «rebus».
El acuerdo social que modifica los estatutos para restringir el derecho de examen contable recogido en el artículo 272.3 LSC será impugnable si no responde a una necesidad razonable de la sociedad y se adoptó por la mayoría en interés propio y en detrimento injustificado de los demás socios.
Las empresas con ERTEs por fuerza mayor podrán tramitar, cuando se reinicie la actividad laboral, nuevos ERTEs pero no podrán presentar EREs por idéntica causa.
La Dirección General de Tributos analiza la posibilidad de aplicar la deducción por inversión en empresas de nueva o reciente creación, cuando dicha inversión se realiza a través de una plataforma de crowfounding equity, en este caso residente en Reino Unido.
Una persona física que celebra con una sociedad financiera un contrato financiero por diferencias y efectúa operaciones a través de dicha sociedad puede ser calificada de «consumidor», a efectos de aplicación de las reglas de competencia judicial internacional del RBIbis.
Se da cuenta de la Sentencia del Tribunal Supremo, núm. 34/2020, de 21 de enero.
Se analiza la incidencia que tiene la moratoria en los procesos declarativos y ejecutivos previstos para la exigibilidad de la deuda.
Dada la amenaza que sobre la estabilidad del sistema financiero supone el COVID-19, se rebaja el umbral de notificación de posiciones cortas netas al 0,1 %, como medida temporal, en principio, por tres meses.
La CNMC ha aprobado los acuerdos marco a largo plazo entre ADIF e ILSA y entre ADIF y RIELSFERA. Por lo que respecta al acuerdo marco con RENFE, la CNMC no considera justificada la duración propuesta de 10 años.
El Real Decreto-ley 14/2020, de 14 de abril, por el que se amplía el plazo para la presentación e ingreso de determinadas declaraciones y autoliquidaciones tributarias.
El Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo, extiende la prohibición de interrumpir los suministros básicos a todos los consumidores, mientras dure el estado de alarma, pero no prevé cómo financiar esta medida.
Se da cuenta de la Sentencia del Tribunal Supremo, núm. 75/2020, de 4 de febrero.
La DGT analiza cuál es el tratamiento fiscal que, a efectos del impuesto sobre la renta de las personas físicas, habrá de darse a la indemnización por clientela que percibe un agente de seguros cuando, por jubilación, se extingue el contrato de agencia