Los trabajadores a tiempo parcial tienen derecho a que su pensión se calcule, en cuanto a los períodos cotizados, con los mismos criterios aplicables a los trabajadores a tiempo completo.
La Dirección General de Tributos analiza distintos aspectos fiscales relativos al arrendamiento de espacios en centros de negocios o «coworking» en los que se prestan servicios adicionales a los propios del alquiler.
¿Es merecedora de la protección como consumidora la hija, no socia, de los socios y administradores de una sociedad prestataria?
Validez de la transacción con uno de los demandados para reducir el objeto del proceso y la legitimación para continuar como parte demandante.
Si la jubilación parcial supone reducir la jornada y, proporcionalmente, el salario, la empresa puede realizar el ajuste de sus aportaciones al plan de pensiones en función del nuevo salario fijado.
El incumplimiento de una cláusula convencional por razones económicas no justifica la actuación de la empresa que debería, en su caso, acudir al procedimiento de inaplicación del Convenio.
La adquisición hereditaria de los derechos que tenía el causante como cooperativista es un acto jurídico independiente del ejercicio de los mismos, traducido en la adjudicación de una vivienda cuyo valor de mercado coincide con el declarado a efectos sucesorios.
Con el fin de evitar la doble imposición, a Dirección General de Tributos considera aplicable la exención recogida en la disposición transitoria décima de Ley 27/2014 al reparto de dividendos derivado de una devolución tributaria a una sociedad patrimonial.
Se comenta la STS, Sala 2ª, 326/2019, que entiende que no procede hacer con bitcoins las restituciones reparatorias del daño a que se refieren los arts. 110 y 111 CP.
No todo convenio arbitral evita el conocimiento por parte de los tribunales de las acciones por competencia desleal.
La readmisión del trabajador conlleva el disfrute de las vacaciones del año vigente y, en su caso, del año anterior cuando la norma convencional aplicable admita la acumulación en años sucesivos.
Para evitar la imputación de las ganancias patrimoniales no justificadas al ejercicio en el que se descubran, la prueba de la titularidad de los bienes o derechos en fecha anterior a la prescripción no requiere, además, identificar la fuente de procedencia de tales elementos patrimoniales.
La Audiencia Provincial de Barcelona ha analizado el concepto de competidor, a los efectos de la Ley de Competencia Desleal.
Dos posturas existentes sobre el control de la competencia del juez de lo mercantil en incidentes concursales en que no se plantea la declinatoria: ¿se trata de un supuesto de competencia objetiva o de un caso de competencia especializada.
El Tribunal Supremo se ha pronunciado sobre el alcance del control que pueden ejercitar los órganos judiciales sobre la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, así como sobre la necesidad de que este organismo elabore un análisis propio del mercado de referencia cuando ejercite la potestad sancionadora.
La sentencia reseñada resuelve positivamente sobre la eficacia de la condición resolutoria en el concurso del comprador y en la efectividad concursal de la cláusula penal, en la medida en que se limite a una función resarcitoria.
En relación con la reducción por empresa familiar prevista a efectos del impuesto sobre sucesiones y donaciones, el ejercicio de referencia para constatar si los rendimientos de la actividad constituyen la principal fuente de renta puede ser, excepcionalmente, el anterior al del fallecimiento.
La Audiencia Provincial de Barcelona analiza los requisitos de la figura del retraso desleal.
Jurisprudencia sobre los casos en que la rectificación del fallo no supone infracción del principio de invariabilidad de las resoluciones.
Suspensión de la ejecución de la sanción cuando el acuerdo sancionador se recurre extemporáneamente
Si la actividad de la empresa se transmite a una Administración pública, la aplicación de la norma europea que garantiza los derechos de los trabajadores impide una reducción salarial.
La Audiencia Provincial de Barcelona afronta un supuesto interesante en el que está en discusión cuándo existe actuación en el mercado a los efectos de la Ley de Competencia Desleal.
Posibilidad de reinterpretar los límites del artículo 153 de la Ley Hipotecaria a la luz del artículo 572.2 de la Ley de Enjuiciamiento Civil.
La constancia registral del crédito hipotecario obliga al registrador a tratarlo como tal a todos los efectos, aunque el crédito como tal no fuera comunicado ni aparezca en lista de acreedores.
Los impatriados residentes en España que opten por tributar en el IRNR están sujetos al ISD por obligación personal, atendiéndose a los criterios de la Ley 22/2009 para determinar la comunidad autónoma que será competente para la exacción del impuesto.
Doctrina jurisprudencial sobre el principio de facilidad probatoria en los casos de simulación.
Se crea el Observatorio contra el fraude a la Seguridad Social como medida para evitar conductas irregulares, garantizar la sostenibilidad del sistema y contribuir a su credibilidad.
Es posible configurar estatutariamente prohibiciones de voto, más allá de los supuestos de conflictos de intereses del art. 190 LSC.
La acción directa reconocida al porteador efectivo en la disposición adicional sexta de la Ley 9/2013 puede ser ejercitada por la parte impagada del precio del subtransporte aun cuando el cargador principal hubiera satisfecho ya los portes al cargador contractual (o a otro intermediario).
Análisis de los requisitos que han de concurrir en las prestaciones de servicios de análisis financieros a fondos comunes de inversión para que pueda aplicarse la exención prevista en el artículo 20.Uno.18º.n) de la Ley 37/1992, del impuesto sobre el Valor Añadido.
Cuando la finalización del contrato temporal tiene prevista una indemnización, no procede la aplicación de la cantidad establecida para el despido objetivo (De Diego Porras).
Directiva 2019/771/UE, de 20 de mayo, sobre contratos de compraventa de bienes con consumidores. Deroga la anterior Directiva 1999/44.
La solicitud de convocatoria de junta no constituye presupuesto necesario para solicitar la disolución judicial de la sociedad por paralización de los órganos sociales. Basta con que se constate que, mediando una causa legal de disolución, no se ha celebrado la junta o no se ha adoptado el acuerdo de disolución.
Cinco huelgas convocadas por diferentes sindicatos para un mismo día no constituyen un ilícito. Sólo resulta abusivo que no nombren un único comité para negociar reivindicaciones parejas.
Inexistencia de actividad económica cuando el arrendamiento de inmuebles se gestiona por uno de los comuneros de la nuda propiedad de los mismos, e imposibilidad de aplicar el régimen especial para la aportación de inmuebles a una sociedad futura.
El administrador de una sociedad limitada que se dedica a arrendar inmuebles (en su mayoría plazas de garaje) no puede pretender una retribución que supera el 50% de los beneficios totales de la sociedad y que representa casi el 20% del total de lo facturado por rentas.
El lunes 17 de junio es el primer día efectivo en que rige para las entidades de préstamo hipotecario la obligación de depositar en el Registro de condiciones generales las cláusulas preredactadas que emplearán en sus contratos hipotecarios
Los criterios aplicados por la Sala Primera del Tribunal Supremo sobre el desestimiento de los recursos y condena en costas.
Análisis de los casos en los que podría sancionarse al contribuyente que presenta su autoliquidación del impuesto sobre la renta de las personas físicas ateniéndose a los datos fiscales, inexactos o incompletos, facilitados por la Administración tributaria.
Cuando en caso de colisión recíproca ninguno de los conductores logra probar su falta de culpa o negligencia en la causación del daño al otro vehículo, cada uno de ellos debe asumir la indemnización de tales daños recíprocos en un 50 por 100.
Cuantificación de la base imponible del impuesto sobre el valor añadido en aquellas operaciones de prestación de servicios en las que la contraprestación pactada entre partes no vinculadas no tiene naturaleza dineraria.
Cauce para la impugnación por el ejecutado del embargo de un bien declarado inembargable por una norma autonómica y para su defensa por el ejecutante.
Es válida la cláusula estatutaria que establece que el precio de las participaciones sociales en caso de transmisión forzosa se corresponderá con su valor razonable, entendiéndose por tal el valor contable que resulte del último balance aprobado por la Junta.
Interesante cuestión, nunca resuelta hasta ahora, la de si el deudor incumplidor con dolo puede pretender que se apliquen en su favor las medidas liquidatorias pactadas, cuando la otra parte ha obtenido la resolución por incumplimiento.
Trata de la legitimación del demandado para instar la ejecución de la sentencia dictada en un procedimiento de liquidación de gananciales.
La Dirección General de Tributos analiza algunas cuestiones relativas a la fiscalidad del alquiler de viviendas con fines turísticos a través de internet, en los que el arrendatario no presta servicios complementarios propios de la industria hotelera.
La obligación de suspender el contrato cuando existe un riesgo laboral para la trabajadora o el lactante se extiende tan sólo a la lactancia natural, médicamente probada.
La Dirección General de Tributos analiza la fiscalidad, tanto a efectos del impuesto sobre el valor añadido como respecto del impuesto sobre la renta de las personas físicas, de la concesión de derechos de traspaso, independientemente de su ejercicio futuro.