Se analizan las principales novedades introducidas en la reforma del Código de Buenas Prácticas de Farmaindustria aprobada en el 2020, que se aplicarán en el 2021.
Además de las habituales normas de carácter social en materia de pensiones y cotizaciones, la Ley de Presupuestos recoge reformas legislativas de naturaleza laboral o de Seguridad Social.
La Ley 11/2020, de Presupuestos Generales del Estado para el 2021, modifica la Ley 40/2015, de Régimen Jurídico del Sector Público, y recupera las Agencias Estatales como organismos públicos integrantes del sector público institucional estatal.
El RD 1183/2020 regula condiciones especiales de obtención de permisos de acceso y conexión para la hibridación de instalaciones y regula su régimen retributivo, con el fin de impulsar el desarrollo de las energías renovables y minimizar los costes económicos y medioambientales.
Los problemas interpretativos de las medidas anti-COVID-19 dispuestas en favor de arrendatarios de locales de negocio en el Real Decreto Ley 35/2020.
El RD 1183/2020, de acceso y conexión a las redes de transporte y distribución de energía eléctrica, autoriza la convocatoria de concursos sobre la capacidad de acceso de ciertos puntos de la red de transporte para la integración de renovables.
El Real Decreto 1183/2020, de 29 de diciembre, de acceso y conexión a las redes de transporte y distribución de energía eléctrica, introduce un nuevo procedimiento único de obtención conjunta de permisos de acceso y conexión tramitado electrónicamente ante el gestor de la red.
Se exponen innovaciones significativas que introduce el Anteproyecto en este ámbito, en especial en la subasta
Cumpliendo con la obligación legal de transponer la DAC6, el legislador ha aprobado la Ley 10/2020, de 29 de diciembre, por la que se modifica la Ley General Tributaria para introducir dos nuevas disposiciones adicionales, cuya aplicación efectiva requerirá del oportuno desarrollo reglamentario.
Aunque el Acuerdo firmado entre la Unión Europea y el Reino Unido contiene un Protocolo sobre coordinación de Seguridad Social, existen normas transitorias sobre determinadas prestaciones y los trabajadores desplazados y se mantienen los comités de empresa europeos existentes.
El Proyecto de ley de reforma de la Ley de sociedades de capital y otras normas financieras, aligera las obligaciones en materia de gobierno corporativo que han de cumplir los emisores de valores distintos de las anónimas cotizadas.
El Real Decreto Ley 36/2020 ha introducido diversas medidas administrativas, presupuestarias y de organización cuyo objetivo principal es el de agilizar la gestión y ejecución de los proyectos financiables con el Instrumento Europeo de Recuperación.
Resumen de la novedades inmobiliarias del Real Decreto-ley 35/2020, de 22 de diciembre, de medidas urgentes de apoyo al sector turístico, la hostelería y el comercio y en materia tributaria (“RDL 35/2020”); y del Real Decreto-ley 37/2020, de 22 de diciembre, de medidas urgentes para hacer frente a las situaciones de vulnerabilidad social y económica en el ámbito de la vivienda y en materia de transportes (“RDL 37/2020”).
El 29 de diciembre el Consejo de Ministros aprobó el Real Decreto que establecerá el nuevo proceso de concesión de los permisos de acceso y conexión a las redes de transporte y distribución de energía eléctrica, paso previo y necesario para la instalación de nuevas plantas de energías renovables. Este Real Decreto entra en vigor el 31 de diciembre de 2021.
Varios autos judiciales se pronuncian sobre la estructura de las acciones de lealtad en la sociedad absorbente holandesa con motivo de una frustrada fusión. Se analizan las acciones de voto doble desde la posible abusividad del acuerdo de modificación estatutaria.
Si el jubilado parcial concentra su actividad en un periodo de tiempo determinado, no procederá su inclusión en el expediente de regulación temporal de empleo, pese a que la empresa deje de abonar su salario e interrumpa su cotización a la Seguridad Social.
La nueva Ley 8/2020 introduce medidas urgentes en materia de agricultura y alimentación que, en realidad, son una reedición del RDL 5/2020 dedicado a la inserción de los costes efectivos de producción ―no exentos de polémica― en los contratos alimentarios.
La Comisión Europea presenta su propuesta de Reglamento sobre mercados competitivos y justos en el mercado digital o Ley de Mercados Digitales (“DMA”) cuyo objeto es evitar que se produzcan prácticas abusivas en el mercado por parte de las grandes plataformas online.
Diseñado el nuevo régimen económico de energías renovables para el periodo 2020-2025, basado en subastas y regulado por el RDL 23/2020, el RD 960/2020, la Orden TED/1161/2020 y la Resolución de 10 de diciembre del 2020 de la Secretaría de Estado de Energía.
Cuando la sociedad se disuelve, la consecuencia laboral inmediata deberá ser el despido de los trabajadores. La norma laboral remite al procedimiento de despido colectivo, pero se cuestiona si también lo hace a sus causas.
Consideraciones, al hilo de algunas resoluciones judiciales recaídas en el marco del conflicto existente entre Mediaset (Fininvest) y Vivendi, sobre las consecuencias de régimen jurídico que tiene el hecho de que una fusión sea transfronteriza.
El nuevo RD 646/2020 introduce restricciones al depósito en vertedero de los residuos aptos para el reciclaje e impone a las Administraciones y a las entidades explotadoras de los vertederos condiciones y obligaciones más estrictas que la norma anterior.
Se analiza la aplicación al control judicial del canon de control de la condena en costas de las resoluciones judiciales.
El Tribunal Supremo anula la sentencia de la Audiencia Nacional de 5 de abril del 2019 y aclara diversos extremos de la normativa sobre ofertas públicas de exclusión de la negociación.
La frustrada fusión de Mediaset suscita cuestiones de Derecho internacional (competencia, Derecho aplicable, libertad de establecimiento y relevancia de las decisiones de los tribunales italianos y holandeses) que se abordan en esta nota.
Interpretación del artículo 14 bis del proyecto de ley de reforma de la ley de regulación de la cadena alimentaria.
Real Decreto 957/2020, de 3 de noviembre, por el que se regulan los estudios observacionales con medicamentos de uso humano, publicado en el Boletín Oficial del Estado núm. 310, de 26 de noviembre, y que entrará en vigor el 2 de enero del 2021.
Compleja sentencia, motivada en exceso para un caso que podía haberse resuelto sin acudir a la doctrina de la coligación negocial.
La derivación de la responsabilidad a los administradores no impide la aplicación de la interrupción de la prescripción de las deudas con la Seguridad Social en empresas en concurso.
Dos sentencias recientes del Tribunal Supremo parecen poner en entredicho el derecho a ser informado de la acusación en el ámbito sancionador administrativo, tal como lo reconoce el art. 90.2 de la LPAC y lo ha interpretado el TC.
Novedades tributarias incluidas en el Real Decreto Ley 34/2020, de 17 de noviembre, publicado en el BOE de 18 de noviembre del 2020, especialmente relevantes a efectos del impuesto sobre el valor añadido y del impuesto sobre sociedades.
Análisis de la eficacia de las cláusulas “claim made” en el contexto de los seguros de “grandes riesgos”.
La ley española de la cadena alimentaria (Ley 12/2013) será modificada prontamente para, entre otros extremos, transponer la Directiva (UE) 2019/633.
Se examina el requisito del agotamiento de la vía judicial previa al recurso de amparo en un caso en el que la vía judicial a agotar era diferente de aquella en que se dictó la resolución recurrida en amparo.
La Ley 7/2020 regula la creación de un espacio de pruebas controlado (regulatory sandbox) para los proyectos Fintech sin necesidad obtener la preceptiva autorización administrativa.
El TS debate una póliza en un contrato de seguro de transporte de mercancías por carretera. Es intuitivo que la cláusula era «limitativa» y no «delimitadora» del riesgo. Pero ¿cómo dar una explicación racional más allá de la primera impresión?
Varias sentencias del Tribunal Supremo han interpretado de un modo más flexible los requisitos que impone el art. 32 de la LRJSP para reclamar responsabilidad patrimonial de la Administración por leyes declaradas inconstitucionales.
Reducción del recargo ―ex art. 27.5 LGT― cuando se ingresa la deuda resultante de una autoliquidación voluntaria extemporánea antes de que se resuelva la solicitud del aplazamiento de pago presentada con ofrecimiento de garantía distinta del aval o certificado de seguro de caución.
Las sentencias que declaran la nulidad del despido colectivo no siempre identifican la cuantía de la condena derivada de la readmisión de los trabajadores, lo que supone una dificultad añadida en la consignación para recurrir.
El Proyecto de LPGE que prevé la modificación del art. 98 de la ley del medicamento para permitir formar conjuntos de referencia utilizando la clasificación ATC5 podría resultar inconstitucional por vulnerar los límites de las leyes presupuestarias.
Análisis de las principales medidas fiscales incorporadas en el Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado de 2021, aprobado en el Consejo de Ministros celebrado el pasado 27 de octubre.
Se examina el gravamen exigido al interviniente que no ha sido demandado expresamente.
Los planes de igualdad avanzan como elemento esencial del cumplimiento efectivo de un derecho constitucional con una detalla regulación sobre su implementación.
Se analiza la cuestión al hilo de la Sentencia del Tribunal Supremo 469/2020, de 16 de septiembre.
Análisis de los aspectos más destacados del recientemente aprobado proyecto de ley en el que se abordan distintas medidas de lucha contra el fraude fiscal, así como otras cuestiones de interés tributario.
Aunque por ley la jurisdicción contencioso-administrativa es la única competente para conocer de las reclamaciones de responsabilidad contra la Administración, todavía se admite un caso de acción directa contra la aseguradora en la vía civil.
A la luz del Derecho de la Unión Europea, la legislación nacional y la normativa de autorregulación publicitaria, se examina la publicidad de los medicamentos cuya comercialización ya se ha autorizado, pero su precio aún no se ha fijado.
La subrogación obligatoria de los trabajadores acordada en un convenio colectivo por la asociación de las empresas estibadoras y seis sindicatos es una práctica anticompetitiva.