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En este análisis se resumen de forma ordenada las modificaciones introducidas por el Real Decreto Ley 6/2023, de 19 de diciembre, en la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.
El Real Decreto 1008/2023, de 5 de diciembre, ha modificado varios preceptos de los Reglamentos del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y del Impuesto sobre Sociedades, en su mayoría para adaptarlos a cambios legislativos previos.
El Real Decreto 1008/2023, desarrolla las modificaciones aprobadas por la Ley de fomento del ecosistema de las empresas emergentes.
La exención de la empresa familiar prevista en el artículo 4.Ocho.Dos de la Ley 19/1991, no procederá cuando un miembro del grupo de parentesco realiza funciones de dirección de la entidad sin ser partícipe y la participación conjunta del grupo familiar no supera el 20% -participación que podría ostentar íntegramente uno solo de sus miembros-.
El reciente Real Decreto 1007/2023, de 5 de diciembre, busca la estandarización y modernización de los sistemas y programas informáticos o electrónicos que soportan los procesos contables, de facturación y de gestión de empresarios y profesionales.
Se revisita en este documento la RDGSJFP de 17 de diciembre del 2020, en la que se decidió sobre la inscripción de ciertos preceptos estatutarios de una sociedad limitada que ponían de manifiesto de carencia de ánimo de lucro de la compañía.
Vuelve a comentarse la Sentencia del Tribunal Supremo 1347/2023, ahora en la parte civil, que se refiere a la prescripción derivada de la nulidad.
El TS analiza de nuevo las consecuencias que la caducidad del procedimiento de tasación pericial contradictoria puede tener sobre la caducidad del procedimiento principal en el que se inserta y sobre la prescripción del derecho de la Administración a liquidar.
El TEAC ―en línea con lo señalado en su Resolución de 25 de septiembre del 2023― cambia de criterio en relación con las consecuencias que se derivan, en el marco de un procedimiento de comprobación limitada, de la extralimitación de la Administración en relación con el alcance de las actuaciones inicialmente comunicado al obligado tributario.
El Reglamento 2023/2631 establece un régimen para los bonos verdes europeos al que pueden acogerse los emisores de valores no participativos que deseen obtener la etiqueta BVEu/EuGB en las apelaciones que realicen al ahorro público
Esta nota pretende profundizar en el régimen de nulidad de los artículos 56-59 de la Ley de Sociedades de Capital a propósito de una reciente sentencia que declara nula por simulación una aportación social.
Se examina la aplicación por parte de las Cámaras de Recursos de la Oficina Europea de Patentes de la doctrina sentada por la Alta Cámara de Recursos en su reciente decisión en el asunto G 2/21.
El documento responde a dos cuestiones: cómo evitar la declaración de nulidad de una cláusula de modificación de precios en contratos con cláusula de permanencia y cuáles son los efectos de la declaración de nulidad de dicha cláusula.
Son posibles los pactos de sumisión a arbitraje de los litigios relativos a un contrato de agencia.
Se da cuenta resumida de los criterios seguidos por el centro directivo para resolver algunas de las cuestiones más recurrentes planteadas en relación con el régimen legal de adquisición y enajenación por las sociedades de sus «activos esenciales» (art. 160f LSC).
El Tribunal Supremo dirime en casación si la presentación de la autoliquidación de un impuesto en la que se hacer constar la no sujeción, o se infiere la no sujeción al consignarse una cuota a ingresar de cero euros, puede interrumpir el plazo de prescripción.
La inclusión de una única clase conformada por los trabajadores en el plan de reestructuración resulta cuestionable desde la perspectiva laboral. Declarada por sentencia firme la deuda salarial y ante una empresa solvente, se trata de realidad extraconcursal que no puede ser resuelta con las reglas del preconcurso.
El TS ha indicado que el plazo de prescripción de la acción de responsabilidad de los administradores por las deudas sociales no es ni el fijado en el artículo 241 bis LSC ni tampoco el establecido en el artículo 949 CCom, sino el que corresponda en atención al carácter de garantes solidarios que cabe atribuir a los administradores sociales según el artículo 367 LSC.
El Tribunal Supremo, en línea con la doctrina vertida en su Sentencia de 27 de junio de 2023, determina la deducibilidad en el impuesto sobre sociedades de las retribuciones satisfechas a Directores Generales con contrato laboral de alta dirección que realicen funciones ejecutivas reales y efectivas y que, al mismo tiempo participan en los Consejos de Administración de las entidades.
Los reales decretos 813/2023 y 816/2023, ambos de 8 de noviembre, modifican el Reglamento de desarrollo de la Ley de Instituciones de Inversión Colectiva para su adaptación a las últimas reformas legales. Se incorpora además el contenido de la Directiva Delegada 2021/1270 en materia de sostenibilidad.
La Sentencia del Tribunal de Justicia de 14 de septiembre del 2013 (caso Volkswagen Group Italia) resume los requisitos necesarios para aplicar la garantía del non bis in idem, que coinciden con los establecidos de forma reciente en el derecho europeo de la competencia.
Se examinan las innovaciones introducidas en el nuevo artículo 487 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, que regula la decisión del recurso de casación.
El Tribunal Supremo avala la inclusión en la base de la deducción por I+D+i de los gastos devengados en ejercicios anteriores no consignados en las autoliquidaciones correspondientes, sin necesidad de la solicitud previa de rectificación de éstas.
Las plataformas de préstamos participativos no están amparadas por el «puerto seguro» de los prestadores de servicios de mera intermediación. Quedan, pues, expuestas a las reglas de responsabilidad por hecho de otro, que pudieran resultar de la normativa nacional.
Los reales decretos 813, 814 y 815 de 8 de noviembre de 2023 desarrollan diversos preceptos de la nueva Ley de los Mercados de Valores en una aproximación temática (empresas de servicios de inversión, valores representados mediante anotaciones en cuenta, admisión a negociación, infraestructuras de mercado y potestades y competencias de la CNMV).
En este análisis se resumen y analizan los criterios aplicados por la sentencia del Tribunal Supremo que resuelve y desestima el primer recurso en el que se demandaba responsabilidad patrimonial por daños sufridos como consecuencia de las medidas adoptadas para combatir la pandemia de COVID-19.
Sobre si la «anulación» de contratos a que se refiere el artículo 232 de la Ley de Sociedades de Capital legitima también a los socios de la sociedad afectada.
Se examina la reciente Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 21 de septiembre del 2023 (C 47/22, Apotheke B, ECLI:EU:C:2023:691).
Un despido colectivo tácito previo a la declaración del concurso ha de ser resuelto en el seno de la jurisdicción social; de lo contrario, será competente el juez del concurso. Por lo demás, se cuestiona si, además, el orden social debe intervenir si participan empresas no concursadas.
Se expone la doctrina vigente de la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública y se desvela la irrealizabilidad de la propuesta.
Se examinan las innovaciones introducidas en esta fase fundamental del recurso que tienen por finalidad lograr una mayor celeridad en su tramitación y, con ella, una mayor eficiencia del recurso.
El 17 de octubre del 2023, el Consejo de la Unión Europea ha alcanzado un acuerdo (orientación general) sobre la reforma del mercado de la electricidad de la Unión como paso previo a las negociaciones para un acuerdo definitivo con el Parlamento Europeo.
La propuesta de modificación de la Directiva de energías renovables pretende que se exima de evaluación de impacto ambiental a los proyectos que se sitúen en las zonas designadas, conforme a sus previsiones, como propicias para las renovables.
Se examina el nuevo artículo 477, apartados 2, 5 y 6, de la Ley de Enjuiciamiento Civil a la luz de la jurisprudencia anterior de la Sala Primera del Tribunal Supremo.
Dos sentencias recientes del Tribunal Supremo han declarado que los tribunales pueden inaplicar las normas sancionadoras de los tributos armonizados y anular la sanción impuesta cuando aprecien una vulneración del principio de proporcionalidad del Derecho de la Unión Europea.
El trabajo a distancia está supeditado a una intervención convencional determinante. No obstante, la intervención judicial se sucede en supuestos de «desconexión» por fallo en el suministro eléctrico en el hogar o por necesidades fisiológicas inexcusables.
Con el objetivo de cumplir los compromisos asumidos en el Acuerdo de París y el Pacto Verde Europeo, las instituciones europeas han establecido un amplio y complejo marco legal en materia de sostenibilidad en el que la taxonomía desempeña el papel de pieza central.
El Tribunal Supremo, analizando el artículo 14.1e TRLIS, determina que las retribuciones de los administradores de sociedades unipersonales, cuando estén acreditadas, contabilizadas y previstas en los estatutos de la sociedad, no constituyen una liberalidad no deducible, aunque no las hubiese aprobado la junta general.
Se examina la propuesta de reglamento presentada por la Comisión Europea en relación con las patentes esenciales para la puesta en práctica de normas o estándares técnicos.
La DGT determina que «los motivos económicos válidos no constituyen un requisito sine qua non para la aplicación del régimen fiscal de reestructuración», de forma que su ausencia únicamente «constituye una presunción de que la operación puede haberse realizado con el objetivo principal de fraude o evasión fiscal».
Los operadores de telecomunicaciones no están obligados a conservar datos de tráfico y localización para la lucha disciplinaria contra la corrupción.
La Dirección General de Tributos analiza la posibilidad de aplicar la exención prevista en el art. 21.3 de la Ley del Impuesto sobre Sociedades en un supuesto en el que una entidad transmite sus participaciones en SPV ―special purpose vehicle―, dedicadas a la promoción de parques solares fotovoltaicos.
La Sentencia 457/2023, de 14 de junio, de la Sala Segunda del Tribunal Supremo indica que no constituyen delito de alzamiento de bienes aquellos actos de disposición del deudor sobre sus activos cuando éste obtiene una contraprestación que reequilibra su situación financiera.
El Real Decreto 665/2023, de 18 de julio, lleva a cabo una reforma amplísima del Reglamento del dominio público hidráulico que, entre otras, incluye medidas de simplificación administrativa, de mejora de la protección y gestión de las aguas subterráneas y de protección contra inundaciones.
Se trataba de un problema interpretativo: si la obligación del distribuidor de proceder a compras mínimas del producto distribuido está relativizada por otra cláusula que le imponía realizar «sus mejores esfuerzos» para cumplir aquélla.
Siendo empleadora una Administración Pública, la notificación del acto de despido sin indicar vía y plazo de impugnación mantiene suspendido el plazo de caducidad hasta que el trabajador lo impugne por la vía procedente y, como máximo, durante el año asignado a la prescripción laboral.
¿Pueden los estatutos de una sociedad de capital suprimir todos o algunos de los supuestos legalmente previstos (art. 190.1 LSC) en los que se prohíbe votar en la junta al socio que se encuentra en situación de conflicto de intereses con la sociedad?
La competencia judicial internacional para conocer de un precontrato de franquicia se determina en función de las características del propio precontrato y no de las del contrato de franquicia a cuya celebración aquél obligaba.