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A la espera. Indudablemente es muy pronto para conocer cuáles serán las consecuencias reales que, en términos de fiscalidad, van a derivarse de la decisión adoptada en Reino Unido, el pasado 23 de junio, de abandonar la Unión Europea, ya que tal impacto dependerá de los términos en los que negocie la salida del país y de las nuevas condiciones por las que vaya a regirse su relación con la Unión Europea y sus Estados miembros.De todos modos, lo cierto es que esta nueva situación permitirá al Reino Unido asumir plenas competencias en materia tributaria, extremo del que podrían derivarse cambios sustanciales con respecto a la situación actual. Enumeraremos a continuación algunos de los ámbitos que podrían verse singularmente afectados por este nuevo escenario, sin perjuicio de que cualquier afirmación que pueda hacerse en el presente esté condicionada por las negociaciones y acuerdos a los que se llegue en un futuro que, aunque próximo, no será inminente...
Analizamos el avance jurisprudencial del Tribunal Supremo en la aplicación del principio de buena administración, en su vertiente del derecho a una resolución administrativa en un plazo razonable, y la potencialidad de este principio en procedimientos en los que la Administración no ha actuado con la diligencia debida.
El Tribunal Supremo determina que la existencia de un litigio civil sobre la herencia, cuando incida directamente en la determinación de los elementos esenciales del tributo, suspende el procedimiento de recaudación derivado de la falta de pago de la autoliquidación presentada por el contribuyente antes de haberse suscitado el pleito civil
El Tribunal Supremo ha abordado recientemente en varias sentencias la cuestión relativa a la deducibilidad de las retribuciones de los administradores o consejeros de entidades, avanzando una posición antiformalista en su Sentencia de 27 de junio de 2023 que se ha ido consolidando a través de su jurisprudencia posterior.