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Cada vez más empresas se ven obligadas a nombrar un DPD cuando ya han incorporado a un responsable de la información por estar certificadas conforme al ENS. Esta situación puede plantear ciertos problemas de compatibilidad entre ambos.
El contenido programático del preacuerdo alcanzado entre el PSOE y Unidas Podemos prevé una serie de medidas que afectan directamente a la regulación y a los derechos digitales de los ciudadanos y de las empresas.
El robo o la pérdida de terminales que contienen información personal de la empresa es un riesgo que hay que gestionar, tanto a nivel preventivo como reactivo. La implantación de medidas técnicas y organizativas es fundamental en estos casos.
Desde hace meses es obligatorio notificar las brechas de seguridad a los organismos competentes. En el caso de que el incidente comporte una fuga de datos, la empresa afectada deberá poder acreditar ante la AEPD suficiente diligencia en su actuación.