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El TS ha fijado la interpretación del párrafo 3 del artículo 108 LJCA, relativo al deber de prestar garantías suficientes para indemnizar a los terceros de buena fe afectados por sentencias que ordenen la demolición de inmuebles.
Se ha sometido a información pública el Anteproyecto de Ley estatal por el derecho a la vivienda (el “Anteproyecto”), que recoge novedades en materia de arrendamientos, vivienda pública y desahucios.
El Tribunal Supremo dicta una sentencia que matiza su postura tradicional sobre las consecuencias de la declaración de nulidad de los planes urbanísticos y abre la puerta a la limitación de efectos de sus sentencias anulatorias.