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Una reciente sentencia del Tribunal Constitucional anula los preceptos del decreto ley de la Generalitat que obligaban a los grandes tenedores de vivienda a ofrecer un alquiler social antes de interponer una demanda judicial de desahucio por vencimiento del contrato de alquiler o, incluso, por ocupación ilegal.
Análisis de Blanca Lozano en La Ley.
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