La transposición del contenido de la Directiva (UE) 2019/1937, de 23 de octubre, exige la reforma del régimen español de los canales de denuncia de infracciones reales o potenciales también en materia de servicios financieros.
La Directiva (UE) 2019/1937 obliga a los Estados a implantar un sistema que proteja a quienes denuncien infracciones del Derecho de la Unión en un gran número de sectores y admite además que los Estados amplíen su ámbito de aplicación.
El Consejo de Ministros de la Unión Europea aprobó, el 7 de octubre de 2019 en Luxemburgo, la conocida como Directiva de protección del whistleblower en la Comisión de Justicia e Interior. Esta Directiva pretende garantizar un alto nivel de protección de las personas que deseen comunicar internamente algún tipo de actividad ilegal en el seno de una organización, estableciendo canales de denuncia seguros basados en estándares europeos.
La AEVM propone reformas al Reglamento sobre Abuso de Mercado respecto al contenido de las listas de iniciados y a la inclusión de una única persona de contacto en los proveedores externos de servicios con acceso a información privilegiada.
La cadena de bloques (o blockchain) puede ser una tecnología ideal para el desarrollo de la economía digital.
Propongo en esta nota una reinterpretación de los arts. 240 y 241 LSC que permita a los acreedores sociales reclamar directamente responsabilidad a los administradores sociales, aunque la conducta de éstos haya producido un daño al patrimonio social.
El Juzgado de lo Social de Gijón dicta una sentencia en la que acuerda la procedencia del despido disciplinario de un trabajador que descargaba información empresarial sin autorización.
El robo o la pérdida de terminales que contienen información personal de la empresa es un riesgo que hay que gestionar, tanto a nivel preventivo como reactivo. La implantación de medidas técnicas y organizativas es fundamental en estos casos.
Cada vez más empresas se ven obligadas a nombrar un DPD cuando ya han incorporado a un responsable de la información por estar certificadas conforme al ENS. Esta situación puede plantear ciertos problemas de compatibilidad entre ambos.
Desde hace meses es obligatorio notificar las brechas de seguridad a los organismos competentes. En el caso de que el incidente comporte una fuga de datos, la empresa afectada deberá poder acreditar ante la AEPD suficiente diligencia en su actuación.
Se propone una doctrina general de las nulidades, a propósito de una sentencia que limitó el alcance de la nulidad de las adquisiciones en autocartera cuando aquélla era instrumental de otra operación y sólo produjo una titularidad prohibida temporalmente irrelevante.
Los ciberseguros se están convirtiendo en un elemento esencial en la gestión de los ciberriesgos, y su contratación se considera una buena práctica empresarial dentro de las medidas organizativas que la ley obliga a adoptar a las empresas.
Nuevos tipos penales y otras modificaciones relevantes en materia de delitos bursátiles a consecuencia de la reciente reforma operada por la Ley Orgánica 1/2019 ya en vigor.
La impugnación de un convenio colectivo no exige el mismo nivel de implantación requerido para negociarlo, pero sí debe acreditarse la existencia de un interés legítimo por la implantación del demandante en el ámbito de aplicación de aquél.
No existiendo en nuestra legislación una previsión específica que declare la incompatibilidad entre la percepción de una pensión de jubilación con elemento extranjero con el incremento previsto para la incapacidad permanente total nacional, ambas resultan compatibles.
La Dirección General de Tributos, modificando su criterio anterior, considera que no está sujeta al impuesto sobre actos jurídicos documentados la escritura pública que documente la modificación del valor de tasación de los inmuebles hipotecados.