Se analiza la Sentencia del Tribunal Supremo de 17 de noviembre de 2020 que contiene importante doctrina jurisprudencial sobre pactos parasociales, derecho de representación proporcional y deberes de lealtad de los administradores
El empleo de documentación falsa, con connivencia empresarial o no, para acceder a la pensión de jubilación no determina en todo caso la revisión de su denegación
Las sentencias que declaran la nulidad del despido colectivo no siempre identifican la cuantía de la condena derivada de la readmisión de los trabajadores, lo que supone una dificultad añadida en la consignación para recurrir.
La CNMC sanciona a las partes firmantes del IV Acuerdo Marco de la estiba por prácticas colusorias. La repercusión en la cláusula convencional subrogatoria cuestionada no puede ser directamente su inaplicación.
El artículo incluye algunas reflexiones sobre la compatibilidad de las Financiaciones ICO COVID-19 con procesos de refinanciación a los que probablemente se verán abocadas muchas compañías en los próximos meses.
La prolongación de los efectos de la pandemia en la suspensión de las actividades empresariales o en las limitaciones de éstas obligan a prorrogar el cese de actividad o a crear nuevas prestaciones.
El plan de acción de la Comisión Europea presenta dieciséis medidas para alcanzar una verdadera unión de los mercados de capitales en la Unión.
En el frontispicio de la pérdida de vigencia de los expedientes de regulación temporal de empleo con el mes de septiembre, se acuerda la prórroga de los vigentes y la concesión de otros nuevos adaptados a las recientes restricciones.
La nueva Ley 3/2020 reproduce, adapta y amplía medidas procesales y organizativas adoptadas durante el estado de alarma en la Administración de Justicia, también en el ámbito laboral.
Se analiza el alcance de la norma que establece la suspensión de la causa de disolución por pérdidas de las sociedades de capital.
El precontrato laboral exige precisar si el plazo para actuar frente a su incumplimiento es el de la prescripción civil de cinco años―-antes, quince― o el plazo de prescripción general laboral de un año.
Se ha publicado en el Boletín Oficial de las Cortes Generales el Proyecto de Ley por el que se modifican diversas leyes españolas en materia de sociedades cotizadas y mercados de valores.
Se admite la escritura de pignoración sobre los derechos consolidados del plan de pensiones siempre que se incluya expresamente que su ejecución se subordina a que dichos derechos sean disponibles.
La inclusión de centros de trabajo no afectados directamente por la causa esgrimida para justificar un despido colectivo puede conllevar la nulidad de éste ante una posible actuación fraudulenta de la empresa.
El fomento de los mercados de pymes en expansión, uno de los objetivos de la Unión de mercados de capitales, lleva aparejada la eliminación de cargas administrativas para los emisores en estos mercados.
Es lícita la cláusula estatutaria que contempla distintos conceptos retributivos para los consejeros ejecutivos que se fijarán en los contratos a suscribir entre la sociedad y el consejero. También vale decir que no se cobrará por el desempeño del cargo de mero consejero.
Siendo el despido colectivo posible en el sector público, se admite con limitaciones la suspensión colectiva mediante expedientes de regulación temporal de empleo. Durante la pandemia, las solicitudes han obtenido diferente respuesta.
La Comisión parlamentaria para la Reconstrucción identifica los déficits estructurales de nuestra economía y propone soluciones laborales a corto plazo, con algunas fórmulas ya conocidas aunque no implementadas.
Las medidas generales de prevención sanitaria se aplican también al centro de trabajo y pueden originar una sanción por infracción grave del empleador, en caso de incumplimiento, en sus diferentes grados.
La masiva aceptación de expedientes de regulación temporal de empleo por silencio administrativo positivo durante el estado de alarma y sus prórrogas obliga a considerar si, ahora, en la fase de recuperación, el citado silencio avala la eficacia de su inicial concesión.
Los contratos de los trabajadores fijos discontinuos en la actividad turística podrán beneficiarse tanto de exenciones como de bonificaciones en las cuotas a la Seguridad Social de forma cumulativa.
Las dificultades de pago de los últimos tres meses exigidas como condición de insolvencia supondrá o una condición general que la mayor parte de empresas podrá demostrar o un requisito inoperante.
Se extiende el sentido de las ayudas para trabajadores autónomos durante el periodo de recuperación económica con la solicitud de una nueva prestación o con la exoneración del pago de cuotas a la Seguridad Social.
El II Acuerdo Social en Defensa del Empleo mantiene medidas extraordinarias adoptadas durante el estado de alarma, pero con una progresiva adaptación de las mismas a la etapa de recuperación.
Desde el 18 de junio, la Autoridad Europea de Valores y Mercados ofrece dos nuevas respuestas respecto a la comunicación de derivados extrabursátiles a los registros de operaciones (artículo 9 del EMIR).
El trabajo a domicilio ha sido transformado por el trabajo a distancia, pero el teletrabajo está considerado, al menos durante esta pandemia, como un trabajo a domicilio. La no presencialidad constituye un elemento definidor.
Dada la incertidumbre existente sobre la recuperación económica, la AEVM ha acordado prorrogar por tres meses adicionales la obligación de notificación de posiciones cortas netas cuando se supere o descienda del 0,1 %, del capital social de la cotizada.
Se garantiza una renta mínima a personas o unidades de convivencia con vulnerabilidad económica, permitiendo su compatibilidad con el trabajo, y se establece un distintivo social para empresas que empleen a sus beneficiarios.
En una nueva normativa destinada a paliar los efectos de la epidemia, el Gobierno procede a introducir “ajustes técnicos” y alguna regulación adicional, en el ámbito laboral y de la Seguridad Social.
El contrato de trabajo suspendido tiene como ventaja inicial que, superada la crisis, la relación laboral se reponga. Pero ¿cabe extinguir el contrato durante el periodo de suspensión?
En la fase post-COVID y hasta la plena recuperación, cambiarán muchos aspectos en el ámbito laboral: ERTE, teletrabajo, vigilancia diaria ―y horaria― de la salud, pasaporte laboral sanitario, conexión y desconexión digital…
Por Acuerdo del Consejo de Ministros de 5 de mayo de 2020 se aprueba una línea de avales para empresas no financieras con programas de pagarés vigentes en el MARF desde el 23 de abril de 2020.
Ante los previsibles cambios en la descripción de las medidas alternativas del rendimiento en los folletos informativos y la información pública periódica por el COVID-19, y teniendo en cuenta el régimen de abuso de mercado, la AEVM informa acerca de la forma en la que el emisor ha de presentar estos cambios.
Análisis de las distintas alternativas disponibles actualmente para la protección de la tesorería de las empresas.
Dada la amenaza que sobre la estabilidad del sistema financiero supone el COVID-19, se rebaja el umbral de notificación de posiciones cortas netas al 0,1 %, como medida temporal, en principio, por tres meses.
La AEVM demora la exigibilidad de la notificación de las operaciones de financiación de valores al registro de operaciones por las entidades financieras al menos hasta el 13 de julio de 2020.
Se perfila más claramente el ámbito subjetivo al que se refiere la suspensión de la liberalización y se establece un procedimiento simplificado para la autorización de pequeñas inversiones.
Alcance de las medidas extraordinarias adoptadas por el Gobierno para someter a autorización determinadas inversiones extranjeras directas en España a consecuencia de la situación económica derivada de la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19.
Las medidas de emergencia prevén prestaciones extraordinarias para autónomos, reglas de flexibilidad para el teletrabajo y una adaptación y reducción de la jornada laboral más accesible.
Tal y como está redactado el artículo 41 del Real Decreto Ley 8/2020, las medidas extraordinarias no son de aplicación a las sociedades cotizadas en sistemas multilaterales de negociación.
La suspensión generalizada de actividad empresarial ha propiciado la adopción de medidas laborales. Básicamente en dos sentidos, flexibilizando procedimientos y facilitando protección a los afectados.
El teletrabajo ha pasado de ser una forma residual de prestar servicios a la única forma posible, en su caso, de hacerlo. Un trabajo a distancia regido por derechos y deberes tanto empresariales como laborales.
La calificación como accidente de trabajo del contagio o cuarentena por coronavirus garantiza una mayor y más rápida protección económica para trabajadores y empresas, pero no está exenta de problemas aplicativos.
El Gobierno reacciona a las protestas del campo y adopta medidas de índole laboral que faciliten las prestaciones sociales, incentiven la conversión de contratos en indefinidos y permitan la actuación inspectora.
La «Declaración del Gobierno ante la emergencia climática y ambiental» persigue alcanzar la neutralidad climática en España a más tardar en el 2050 reformando la legislación de sectores clave como transporte, energía, fiscalidad o medio ambiente.