Los problemas interpretativos de las medidas anti-COVID-19 dispuestas en favor de arrendatarios de locales de negocio en el Real Decreto Ley 35/2020.
Resumen de la novedades inmobiliarias del Real Decreto-ley 35/2020, de 22 de diciembre, de medidas urgentes de apoyo al sector turístico, la hostelería y el comercio y en materia tributaria (“RDL 35/2020”); y del Real Decreto-ley 37/2020, de 22 de diciembre, de medidas urgentes para hacer frente a las situaciones de vulnerabilidad social y económica en el ámbito de la vivienda y en materia de transportes (“RDL 37/2020”).
Cataluña redefine el concepto de vivienda al permitir pisos de 24 m2 cuadrados con espacios comunes complementarios, destinados esencialmente al alquiler.
Muy difícil caso de conflicto entre los fiadores personales de la primera deuda hipotecaria y el banco acreedor del crédito que se adjudica el dominio por ejecución de una segunda hipoteca.
Una sentencia que se limita a recoger la obligación de transmitir un bien inmueble no basta para producir una mutación jurídico-real susceptible de inscripción
No es lo mismo un alquiler turístico que un alquiler vacacional. La diferencia importa para la toma de acuerdos comunitarios
Las cláusulas de sumisión a Derecho extranjero incluidas en un contrato de arrendamiento por turnos de un bien inmueble no pueden privar al consumidor de la protección que le proporcionen las disposiciones que no puedan excluirse mediante acuerdo en virtud de la ley que, a falta de elección, hubiera sido aplicable.
¿Por qué es válida (incluso obvia) la cláusula que impide la cesión unilateral de la posición de arrendatario financiero, si el arrendamiento financiero es un derecho real?
Interesante y justa Sentencia del Tribunal Supremo sobre el concepto de «persona física» a efectos de subrogación arrendaticia de local mortis causa.
El acreedor hipotecario anterior a la afección del artículo 19 del Real Decreto 1093/1997 queda pospuesto a la carga preferente de esta afección y de la anotación preventiva subsiguiente.
Se expone la doctrina de las Audiencias sobre los requisitos de procedibilidad de la acción de cesación del artículo 7 de la Ley de Propiedad Horizontal y las medidas cautelares que prevé el precepto.
Esta operación era de antiguo conocida en España y desde hace tiempo planeaba la sospecha de un gigantesco fraude de inversores
El juicio efectuado por el notario en relación con la suficiencia de las facultades representativas del administrador no inscrito no es revisable por el registrador.
La persona física contragarantiza con hipoteca a favor de la sociedad de garantía recíproca que ha avalado a la sociedad de la que la primera es socio. ¿Se está garantizando con esta hipoteca un crédito o préstamo en el sentido del artículo 2 de la Ley 5/2014 y es preciso cumplir el protocolo legal de transparencia?
Si las cantidades retenidas por el prestamista y no recibidas efectivamente por el prestatario no pueden considerarse como «entregadas» en beneficio de éste último por servicios prestados o gastos que corrieran de su cuenta, puede incurrirse en usura.
Recopilación de las principales reflexiones legales y tendencias futuras, desde una perspectiva 360º, sobre el impacto de la crisis provocada por el COVID-19 en el sector retail & fashion.
En caso de nulidad del contrato de leasing, el arrendador financiero debe restituir al arrendatario solamente la parte de las cuotas abonadas correspondiente a la carga financiera.
Es un conflicto que ya cuenta con precedentes en la Audiencia de Madrid y en el Tribunal Supremo, con jurisprudencia contradictoria: terrenos de una urbanización indebidamente ocupados por la Administración e indemnización años después cuando diversas parcelas han sido revendidas a terceros.
Una puerta abierta al mercado de hipotecas sobre concesiones administrativas.
La obligación legal establecida en el artículo 1.2 de la Ley 57/1968, que dispone que, para la apertura de las cuentas en las que se depositen las cantidades anticipadas por los adquirentes de un inmueble, las entidades bancarias deben exigir una garantía, se extiende a los casos en los que aquel se encuentra fuera de España.
La Sala resuelve a favor de los titulares de cargas posteriores, y contra la administración concursal, la suerte del remanente de ejecución que resulta de la ejecución preconcursal de una primera hipoteca.
La DGRN resuelve en el sentido más sensato un problema que los autores de la LCCI habían dejado de considerar.
La doctrina tradicional de la Dirección General de los Registros y del Notariado es que quien ejercitaba un derecho de opción o hacía valer una condición resolutoria de la venta por impago, necesitaba consignar en todo caso el precio a pagar o recibido en favor de los titulares de cargas posteriores que se cancelan.
Cualquiera sea el tiempo pasado, el propietario siempre puede volver a la regla estatutaria.
Análisis del impacto fiscal que la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19 ha tenido sobre las relaciones entre arrendadores y arrendatarios, en especial, de los efectos que, desde el punto de vista del arrendador, tendrá en el IRPF, el IS y el IVA.
De acuerdo con el criterio de la Audiencia Nacional, la rebaja en el precio de un arrendamiento no constituye una liberalidad, ni un impago ni un aplazamiento de renta, sino una novación extintiva que permite minorar los ingresos tributables en el Impuesto sobre Sociedades.
Análisis de las distintas alternativas disponibles actualmente para la protección de la tesorería de las empresas.
Problemas suscitados por el RDL 11/2020 en cuanto a la prórroga extraordinaria de los contratos de arrendamiento de vivienda habitual; a la moratoria de deuda arrendaticia en caso de empresa, entidades públicas de vivienda y grandes tenedores, y a la moratoria en caso de arrendadores personas físicas.
El Tribunal Supremo dicta una sentencia que matiza su postura tradicional sobre las consecuencias de la declaración de nulidad de los planes urbanísticos y abre la puerta a la limitación de efectos de sus sentencias anulatorias.
Se analizan las alteraciones y problemas que ocasionan en las relaciones arrendaticias algunas de las medidas introducidas por el Real Decreto-ley 11/2020 en relación con el arrendamiento de viviendas.
Resoluciones de la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública de 13 y 15 de marzo de 2020, por las que se aprueban, respectivamente, el plan de continuidad de servicios registrales y determinadas medidas tras la declaración del estado de alarma.
Por primera vez se resuelve en el Tribunal Supremo una situación, algo confusa, de una entidad urbanística colaboradora que hace tránsito a un complejo inmobiliario en propiedad horizontal.
Dos recientes resoluciones de la DGRN han resuelto, con distinto acierto, dos problemas en cierta forma recíprocos relativos al poder de disposición del usufructuario: si se puede cancelar ese poder y si se puede ampliar más allá del art. 480 CC.
El TJUE acaba de dictar su esperada sentencia sobre la transparencia del IRPH de los créditos hipotecarios españoles. Mucho ruido, aunque sospecho del lado de quién han caído las nueces.
Muy oportuna la STS 56/2020, de 27 de enero. Pone fin al devaneo intelectual de varios tribunales españoles que se empeñaban en considerar abusivas las fianzas prestadas en garantía de préstamos ya garantizados por hipoteca o en las cuales se renunciaba al beneficio de excusión.
Interesante resolución de la DGRN sobre la posibilidad de inscribir un documento privado elevado a público sin que se practique segregación de la parte ocupada por el derecho que se constituye.
Se trata de una interesante resolución de la Dirección General de los Registros y del Notariado que abre la vía a soluciones no estrictamente liquidatorias, con beneficios para todos, cuando se ha abierto la fase de liquidación concursal.
Es curioso que a estas alturas, con cientos de sentencias sobre nulidad de swaps, sigamos sin estar ciertos de si la nulidad del derivado implícito produce la nulidad también de la hipoteca.
Análisis de la RDGRN de 21 noviembre 2019. Cuando el régimen de la propiedad horizontal «tumbada» simula una segregación pura y dura.
El Tribunal Superior de Justicia de Madrid reconoce el derecho a reclamar responsabilidad patrimonial cuando, en procedimientos referidos a actos reglados como son las licencias, la Administración no resuelve en plazo por motivos injustificados y ello causa daños.
Una revisión crítica de los oscuros criterios contenidos en la instrucción de la Dirección General de los Registros y del Notariado de 20 de diciembre del 2019 sobre problemas de aplicación de la Ley 5/2019.
A propósito de una cuestión de calificación concursal, la presente sentencia resuelve una cuestión más general relativa al momento de nacimiento del crédito en las ejecuciones administrativas subsidiarias.