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Se admite la inaplicación del Convenio Colectivo o descuelgue en el seno de la negociación de un ERTE, siempre que el acuerdo haya sido alcanzado por sujetos legitimados y se cumplan estrictamente los requisitos previstos por el legislador para la sustanciación de cada una de las medidas pactadas.
Parece existir un consenso sobre la oportunidad de la refundición concursal en materia de exoneración de deudas laborales y de Seguridad Social en la venta de la unidad productiva. Por prudencia, sería conveniente esperar a valorar la evolución de la realidad judicial.
Las sanciones administrativas impuestas a la empresa serán recurribles en suplicación si el importe supera los dieciocho mil euros, siendo el límite general de tres mil aplicable únicamente a aquellas materias de Seguridad Social
Los créditos salariales seguirán siendo considerados créditos concursales, en tanto el derecho a resarcirse de la empresa responsable frente a la concursada por los importes satisfechos, no supone un nuevo crédito nacido después del concurso sino la sustitución del garante en el crédito ya existente
Un periodo de disponibilidad no presencial del trabajador será tiempo de trabajo si implica una prohibición objetiva de su capacidad para administrar libremente, en ese periodo, el tiempo de dedicación a intereses particulares.
La fuerza mayor deriva de la actividad imperativa de la Administración en cuanto al cierre de un establecimiento, en tanto provoca un acontecimiento ajeno a la voluntad y a la actividad del empresario, distinta a aquél que es consecuencia de la libre decisión de este último
Los tribunales del orden social imponen la obligación de entregar copia del pacto sobre horas complementarias a los representantes de los trabajadores. De no ser así, el pacto inserto en el contrato inicial se conocería a través de la copia básica, pero el fijado con posterioridad, no
Una reciente sentencia del TS confirmaba y declaraba la firmeza de la sentencia recurrida de fecha 6 de febrero de 2019, dictada por la Sala de lo Social de la Audiencia Nacional, en un procedimiento seguido a instancia de CCOO y UGT contra Telepizza SAU en el que se declaraba la nulidad del denominado por Telepizza como «Proyecto Trucker
Una nueva propuesta normativa europea sobre transparencia retributiva incide en la información y en la evaluación, define conceptos para homogeneizar su aplicación, extiende la protección a la selección del candidato e instrumenta medidas de garantía, defensa e indemnizatorias de interés.
La Seguridad Social es competente para determinar el encuadramiento de la empresa, a efectos de cotización, en un código de la Clasificación Nacional de Actividades Económicas (CNAE), sin que el criterio del INE resulte ni preceptivo ni vinculante, fuera del ámbito estadístico
Aun cuando el Convenio Colectivo establezca diferencias por antigüedad, el nivel retributivo del trabajador interino deberá ser, si se ocupa el mismo puesto de trabajo, idéntico al del trabajador sustituido
Los tribunales del lugar en el que, según el contrato, debía desempeñarse el trabajo habitualmente, son competentes aunque aquél no llegue a desarrollarse
La prescripción de la deuda con la Seguridad Social, tanto para el obligado principal como para los responsables solidarios, comienza en el momento en que finaliza el plazo de ingreso de la misma, no en la fecha de su devengo
La decisión de la Administración de denegar la prolongación activa tras cumplir la edad de jubilación no ha de responder exclusivamente a razones organizativas, sino que puede basarse en la valoración subjetiva del servicio prestado y en objetivos conseguidos por el solicitante, con la debida motivación
Con el objeto de intentar reducir la desigualdad salarial, se intensifican las obligaciones empresariales en materia de registro salarial, auditoría retributiva, transparencia informativa o los planes de igualdad adaptados a las nuevas exigencias legales, con importantes sanciones ante su incumplimiento.
Siendo el concepto de “afectación general notoria” clave en la interposición de un conflicto colectivo, se suma una interpretación que consiste en apreciar que la respuesta de la empresa a la reclamación laboral haya sido siempre la misma.
El despido objetivo constituye una medida razonable y proporcionada para hacer frente a las importantes pérdidas empresariales, pudiendo resultar injustificado si se prueba una patente desproporción entre el objetivo fijado y el sacrificio impuesto al trabajador
La suspensión ―automática o no― de contratos administrativos presupone la existencia de fuerza mayor en la tramitación de un ERTE por esta causa y la compensación de gastos (salariales y de cotización) efectuados por la contratista.
La adscripción de un puesto a más de un grupo profesional no se ajusta a Derecho allí donde lo impida la legislación autonómica sobre función pública, aunque se trate de personal laboral. Decisión que contrasta con la legislación laboral y la posibilidad de polivalencia funcional
La condena penal al representante de la empresa como autor de un delito contra los derechos de los trabajadores y de lesiones por imprudencia grave en un accidente laboral, no impide que se imponga a la empresa una sanción por la infracción de la normativa de prevención de riesgos laborales
La opción entre impugnar la resolución administrativa que resuelve el ERTE o utilizar el procedimiento de conflicto colectivo cuando se trata de cuestionar la fuerza mayor en la que se origina sigue siendo controvertido.
Se reforma el complemento por pensiones por cada hijo o hija para, entre otros aspectos, fijar una cuantía única mensual y extender el mismo a la paternidad, aun cuando sólo uno de los progenitores pueda percibirlo
No cabe renuncia del trabajador a derechos reconocidos legal o convencionalmente. Pero si la regulación se establece con carácter plural, una reclamación a través del conflicto colectivo puede ampliar la prescripción de la acción
No se considera contrario a derecho un sistema de control horario en el que los datos son introducidos unilateralmente por el trabajador, siempre que se garantice que el método utilizado se muestra, a todos los efectos, como objetivo y fiable
Se aprueba la prórroga de las diferentes modalidades de ERTE, por el momento, hasta el 31 de mayo de 2021 y se adoptan medidas respecto de los expedientes de nueva tramitación junto con el establecimiento de exoneraciones por cuotas a la Seguridad Social para algunas empresas.
Las deudas generadas con la Seguridad Social en régimen de gananciales deberán ser abonadas, en su caso, por el cónyuge no deudor si, disuelto el matrimonio, el inventario no se elabora correctamente.
Los trabajadores que mantengan un contencioso con la transmitente deben poder defender sus derechos al margen del concurso, en el que no han sido parte. La reclamación de la transmisión de la empresa contra la que litigan constituye una vía adecuada, incluso firme el auto de liquidación concursal.
No se justifica el recurso al contrato temporal laboral para obra o servicio cuando la actividad de la empresa no es otra que la de prestar servicios para terceros, desarrollando relaciones mercantiles con los destinatarios de tales servicios a través de este tipo de contratación laboral
Además de las habituales normas de carácter social en materia de pensiones y cotizaciones, la Ley de Presupuestos recoge reformas legislativas de naturaleza laboral o de Seguridad Social.
El hecho de que un determinado plus haya sido considerado por el Convenio Colectivo como extrasalarial impide el recurso a la absorción o compensación cuando se produce un incremento del salario base vigente en la empresa
El computo de los «umbrales» debe apreciar tanto el período anterior como el posterior al despido pero, asimismo, las causas que operen deben ser independientes entre sí y consideradas por cada centro de trabajo, salvo si fueran económicas
Si los medios materiales pertenecen a la Administración, quien los entrega a la contratista para la prestación del servicio y posteriormente revierten en aquélla, este hecho puede resultar una circunstancia determinante para apreciar la subrogación laboral
Aunque el Acuerdo firmado entre la Unión Europea y el Reino Unido contiene un Protocolo sobre coordinación de Seguridad Social, existen normas transitorias sobre determinadas prestaciones y los trabajadores desplazados y se mantienen los comités de empresa europeos existentes.
Descartada por la jurisprudencia la barrera de los veinte días del plazo de caducidad para accionar por despido entre un contrato temporal y otro, también se descarta la existencia de una barrera matemática universal para considerar que la interrupción es significativa o no lo es
Si el jubilado parcial concentra su actividad en un periodo de tiempo determinado, no procederá su inclusión en el expediente de regulación temporal de empleo, pese a que la empresa deje de abonar su salario e interrumpa su cotización a la Seguridad Social.
Si el colectivo afectado por el conflicto es el mismo que aquel al que se refiere la sentencia anterior, aun cuando las objeciones de la empresa sean atendibles, la firmeza acreditada de la primera sentencia condiciona la decisión en la segunda sentencia, vinculándola a lo ya fallado
El límite entre la distribución irregular de la jornada laboral y la modificación sustancial de la jornada no siempre se encuentra en la ponderación de la «cantidad» irregularmente distribuida, sino que depende de otros elementos cualitativos.
Cuando la sociedad se disuelve, la consecuencia laboral inmediata deberá ser el despido de los trabajadores. La norma laboral remite al procedimiento de despido colectivo, pero se cuestiona si también lo hace a sus causas.
El orden social comienza a prescindir de la exigencia de convivencia para considerar a un hijo «a cargo» y admite la aportación proporcional a la capacidad económica del beneficiario de la prestación para probar que sume la «carga» familiar correspondiente
Salvo que se pruebe la existencia de una situación de déficit de personal, en la que el trabajo sobrepase la capacidad de los empleados disponibles, el disfrute de vacaciones o descanso de la plantilla exige previsión empresarial sin necesidad de recurrir a la acumulación de tareas.
La empresa no puede negociar individualmente condiciones de extinción contractual no admitidas en el proceso de negociación del despido colectivo para mitigar los efectos de posibles impugnaciones
La derivación de la responsabilidad a los administradores no impide la aplicación de la interrupción de la prescripción de las deudas con la Seguridad Social en empresas en concurso.
Si el conflicto afecta a un grupo genérico de trabajadores de la empresa —personal interino—, las diversas consecuencias dentro del grupo —nivel salarial del sustituido— no prejuzgan la existencia de un conflicto colectivo
La reversión de una contrata no supone subrogación si la Administración que decide desarrollar el servicio con sus propios medios dispone de Convenio Colectivo en el que no se recoge esta obligación.
Se reconoce el derecho a disfrutar de las vacaciones con posterioridad al estado de alarma si el período inicialmente fijado coincidiera con un confinamiento del trabajador. La analogía entre confinamiento y situación de incapacidad no resulta, con todo, pacífica
El empleo de documentación falsa, con connivencia empresarial o no, para acceder a la pensión de jubilación no determina en todo caso la revisión de su denegación
Las sentencias que declaran la nulidad del despido colectivo no siempre identifican la cuantía de la condena derivada de la readmisión de los trabajadores, lo que supone una dificultad añadida en la consignación para recurrir.