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El certificado sucesorio europeo es título formal acreditativo de la cualidad de heredero, pero para que sirva de base sobre la que realizar la manifestación y adjudicación de herencia, debe designar a todos los herederos del causante
Para que se otorgue el exequatur según la Ley de Cooperación Jurídica Internacional, el solicitante debe aportar el documento que acredite que el demandado fue emplazado personalmente y le fue entregada la correspondiente cédula de emplazamiento
Los conflictos entre las leyes que coexisten en el territorio español se resuelven en aplicación de las normas de Derecho internacional privado contenidas en el Título Preliminar del Código Civil
El TJUE interpreta el concepto lugar donde se haya producido el hecho dañoso como determinante de la competencia judicial internacional en un caso en que se reclama al fabricante de un vehículo el daño consistente en la diferencia entre el precio pagado por él y su valor real, diferencia generada por un vicio de fábrica.
La Audiencia reconoce los efectos en España de un acuerdo de reconstrucción noruego que, a su vez «reproduce» el adoptado en Irlanda respecto de otra sociedad del mismo grupo que la demandada
Un acuerdo atributivo de competencia en el que las partes establecidas en un mismo Estado miembro pactan la competencia de los tribunales de otro Estado miembro está comprendido en el Reglamento Bruselas I bis, aunque el supuesto no presente ningún vínculo con el segundo Estado
El Consejo de la Unión Europea ha autorizado la firma por la Unión del Convenio sobre los efectos internacionales de las ventas judiciales de buques, que establece reglas uniformes destinadas a proteger las operaciones de venta judicial de buques
El Tribunal de Apelación de Inglaterra y Gales analiza en esta sentencia algunos aspectos relevantes de los restructuring plans y compara el análisis que debe llevarse a cabo para valorar alguno de sus extremos con el que debería realizarse si se hubiera adoptado un scheme of arrangement
El foro de competencia exclusiva del artículo 24. 1 del Reglamento Bruselas I bis no se extiende a los contratos de arrendamiento que incluyen prestaciones complementarias que constituyen servicios que generalmente se prestan en el marco de un contrato complejo de organización de una estancia
El Tribunal Supremo de Canadá sostiene que España renunció a su inmunidad de jurisdicción con su adhesión al Convenio de Washington de 1969
La Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública estima el recurso frente a la calificación del registrador que denegaba la inscripción de una escritura de aumento de capital de una sociedad húngara porque no había actuado a través de una sucursal en España, como representante permanente
El Reglamento 2023/2844 establece un marco jurídico uniforme para el uso de la comunicación electrónica en los procedimientos transfronterizos y regula, además, el uso de videoconferencias u otras tecnologías de comunicación a distancia, la aplicación de firmas y sellos electrónicos, los efectos jurídicos de los documentos electrónicos y el pago electrónico de tasas.
La Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública entiende que la exención de apostilla para los documentos sucesorios expedidos al amparo del RES puede, al menos en ciertos casos, extenderse a documentos relativos a sucesiones nacidas de fallecimientos anteriores a la entrada en vigor de aquel
La notificación por edictos exige el previo agotamiento de las vías para realizar una notificación personal. En el ámbito de la UE, los Estados miembros deben prestarse asistencia para determinar la dirección de los demandados en su territorio, lo que es relevante para valorar si se han agotado todos los medios de averiguación
Una vez emitida la certificación para el traslado del domicilio de una sociedad al extranjero, se produce el cierre registral y no cabe depositar las cuentas anuales en España, salvo que se produzcan las circunstancias para la reapertura
Son posibles los pactos de sumisión a arbitraje de los litigios relativos a un contrato de agencia.
El Auto resuelve las excepciones declinatorias planteadas por la FIFA y la Real Federación Española de Fútbol en un asunto en el que se cuestionaba la nulidad, por contrarias a las normas de defensa de la competencia, de algunas disposiciones de un reglamento de la FIFA relativo a la actividad de los agentes de futbolistas
El control de las condiciones para la prestación de un servicio de la sociedad de la información corresponde al Estado miembro de origen y solo en circunstancias excepcionales puede el de destino imponer otros requisitos
Si bien no es necesario que los juicios de identificación, capacidad y, en su caso, suficiencia de la representación de los otorgantes se realicen en una forma idéntica a la exigida para el documento español, son necesarios para entender que la escritura extranjera es equivalente a la española a efectos de su inscripción
El interés de la Comisión de la UE por el Convenio de Naciones Unidas sobre los efectos internacionales de las ventas judiciales de buques hace que su ratificación por la UE se prevea en un futuro próximo
Un nacional de un tercer Estado que reside en un Estado miembro de la Unión puede designar como ley que habrá de regir su sucesión en su conjunto la ley de ese tercer Estado, salvo que lo impida un convenio bilateral suscrito entre el Estado de la nacionalidad y el de la residencia antes de la entrada en vigor del Reglamento 650/2012 (RES)
El Tribunal Superior de Justicia de Inglaterra y Gales opone a la eficacia en el Reino Unido de una resolución española el efecto de cosa juzgada de un laudo arbitral dictado en aquel país y recogido posteriormente en una sentencia
El Reglamento europeo de sucesiones admite escoger, en un testamento anterior a su entrada en vigor, la ley nacional del testador como rectora de la sucesión, pero tal elección debe ser expresa o resultar claramente de los términos del propio testamento
La decisión de un tribunal de un Estado miembro de la UE en la que se afirma la nulidad de una cláusula de elección de foro produce en España el efecto de cosa juzgada que se proyecta sobre los fundamentos de Derecho en los que se basa, lo que puede tener consecuencias sobre la elección de la ley aplicable
El TJUE aclara en esta sentencia varias cuestiones relativas a la aplicación del RRI sobre la ley aplicable a las obligaciones contractuales y, en concreto, el alcance de su artículo 6 en materia de contratos de consumo.
El TJUE analiza una vez más en esta sentencia los requisitos para que se pueda demandar a varias personas domiciliadas en Estados miembros distintos ante el órgano jurisdiccional del domicilio de uno de ellos en un caso de violación de una marca de la Unión.
Un órgano jurisdiccional de un Estado miembro puede denegar el reconocimiento y la ejecución de una resolución del tribunal de otro Estado miembro que dificulta la continuación de un procedimiento pendiente ante otro órgano jurisdiccional del primer Estado.
La competencia judicial internacional para conocer de un precontrato de franquicia se determina en función de las características del propio precontrato y no de las del contrato de franquicia a cuya celebración aquél obligaba.
La acción por enriquecimiento injusto no tiene naturaleza concursal y, en una situación internacional, no se atribuye a la competencia exclusiva del juez del concurso
La Propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de las personas que realizan actos de participación pública frente a las demandas estratégicas contra la participación pública tiene por objeto desincentivar tales demandas y evitar que las que se interponen logren su objetivo.
Los testamentos otorgados antes de la fecha de aplicación del RES por una persona fallecida después de dicha fecha se sujetan a las disposiciones de ese texto legal, que prevé que, si se realizaron con arreglo a la ley nacional del causante, se considerará que dicha ley ha sido elegida como ley aplicable a la sucesión
Entre los mecanismos de protección de los acreedores en caso de transformación transfronteriza, el Real Decreto-ley 5/2023 prevé que durante los dos años posteriores a que la transformación haya surtido efecto, los acreedores cuyos créditos hayan nacido con anterioridad a la publicación del proyecto de transformación podrán demandar a la sociedad ante los tribunales del domicilio social que ésta mantenía en el Estado de origen
El libro primero del Real Decreto-ley 5/2023 regula las modificaciones estructurales transfronterizas intra y extraeuropeas y prevé un mecanismo de control previo de las operaciones para cuya aplicación faculta a los registradores mercantiles
De acuerdo con el artículo 18 del Reglamento Roma II, el perjudicado puede ejercer la acción directa contra la aseguradora si lo admite bien la ley rectora del contrato de seguro, bien la ley aplicable a la obligación extracontractual
El Texto Refundido de la Ley Concursal introduce especialidades en las normas de Derecho internacional privado para los institutos preconcursales, entre ellas algunas en materia de Derecho aplicable
En sede de reconocimiento de sentencias, el Derecho del Estado de origen determina los efectos de la sentencia en el Estado de destino, pero, una vez reconocida, la resolución se integra en este último y se aplican sus normas procesales, no las propias del Estado de origen
La interposición del recurso extraordinario por infracción procesal basado en la falta de competencia internacional de los tribunales españoles exige como requisito de admisibilidad que el recurrente haya promovido declinatoria y que esta haya sido desestimada
El TJUE aclara la interpretación del artículo 13 del RES, que permite a los herederos aceptar o rechazar la herencia ante un tribunal del Estado miembro de su residencia, aunque no sea en ese Estado donde se siga el procedimiento sucesorio.
La regla general de la imposibilidad de interrumpir los plazos de caducidad de la acción admite determinadas excepciones. En el caso, se admite dicha interrupción por interposición de una demanda aunque se había hecho ante un tribunal territorialmente incompetente
Los foros de protección en materia de seguros previstos en el Reglamento Bruselas I bis se aplican a los contratos de seguro de casco relativos a una embarcación de recreo utilizada con fines no comerciales, ya que estos no son seguros de «grandes riesgos»
A los efectos del artículo 125.5 del Reglamento sobre la marca de la Unión Europea, el criterio de competencia judicial basado en la comisión del «hecho o el intento de violación» exige un comportamiento activo del autor de la violación
Los pactos de ejecución judicial y extrajudicial requieren para su válida constitución la fijación de un domicilio para requerimientos y notificaciones que ha de situarse en territorio nacional
Si se suceden dos procedimientos, cada uno de los cuales permite obtener, a su finalización, una resolución ejecutoria sobre la misma obligación, el arranque del primero únicamente puede reconocerse como cédula de emplazamiento para el segundo si hay unidad funcional entre ambos
La comparecencia ante notario de una sociedad mercantil extranjera no tiene que articularse necesariamente a través de una sucursal o representante de establecimiento permanente en España, aunque ello sea una posibilidad
El TJUE se pronuncia sobre la relevancia de la percepción, por parte del empresario, de la finalidad con la que contrata su contraparte a efectos de la calificación de ésta como «consumidor» y la aplicación del foro de protección del Reglamento Bruselas I bis
Los Estados miembros de la Unión Europea pueden establecer los requisitos de registro que consideren adecuados para la inscripción de la propiedad de un inmueble adquirida a título sucesorio en otro Estado miembro, incluso si se aporta un certificado sucesorio europeo
La sumisión tácita a los tribunales españoles en un procedimiento no se extiende a otro distinto, aunque entre ambos exista conexidad y el demandado en el primero hubiera podido solicitar por vía de reconvención aquello que pide en el segundo procedimiento
Los tribunales españoles son exclusivamente competentes para conocer de los litigios relativos a derechos reales sobre inmuebles sitos en España y no pueden adoptar medidas cautelares en apoyo de un procedimiento extranjero que vulnera esa competencia exclusiva