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La Dirección General de Justicia y Consumo de la Comisión Europea ha publicado un documento sobre la retirada del Reino Unido de la Unión Europea y las normas comunitarias en el ámbito de la justicia civil y el Derecho Internacional Privado.
La salida del Reino Unido de la UE puede tener consecuencias sobre el reconocimiento de las sociedades constituidas conforme a su ordenamiento en el resto de Estados miembros, ya que la libertad de establecimiento dejará de ser aplicable en las relaciones con ellos.
El Brexit suscita dudas sobre cuál será la regulación de la eficacia de las resoluciones procedentes de los Estados miembros de la Unión Europea en el Reino Unido y a la inversa. La ratificación por este país del Convenio de Lugano de 2007 parece ser la solución más deseable para resolver la cuestión.
La Comisión Europea ha propuesto la adhesión de la Unión Europea al Convenio de La Haya sobre el reconocimiento y ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil.
Estudio del problema a la luz del informe solicitado por la Comisión de Asuntos Jurídicos del Parlamento Europeo al Departamento Temático de Derechos de los Ciudadanos y Asuntos Constitucionales.
La Dirección General de Tributos analiza la tributación de las entidades financieras con sucursales en el Reino Unido cuando actúan como prestamistas, aludiendo a la situación que podría plantearse tras el brexit.
La salida del Reino Unido de la Unión Europea tendrá consecuencias en el reconocimiento de sociedades, en la realización de ciertas modificaciones estructurales y en la posibilidad de constituir sociedades anónimas o cooperativas europeas, entre otras.
Ante el brexit, varios Estados miembros ven la oportunidad de disputar al Reino Unido su posición en el ámbito de los servicios jurídicos. El scheme of arrangement irlandés podría ser atractivo para empresas de la UE que busquen su reestructuración.
On 1 March 2019, Spain approved Royal Decree-Law 5/2019, which adopts contingency measures for the withdrawal of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland from the European Union without reaching the agreement provided for in Article 50 of the Treaty on European Union.
Este real decreto ley aborda la problemática del brexit en distintos sectores tratando de salvaguardar los derechos de los ciudadanos y de crear un marco jurídico que dote de certidumbre a un proceso de consecuencias desconocidas.
Un brexit sin acuerdo supondría dejar de aplicar al reconocimiento y ejecución de las resoluciones del Reino Unido los reglamentos europeos que las regulan. En el ámbito civil y mercantil patrimonial, la aplicación del Convenio de Lugano no sería automática.
Ante la eventualidad del Brexit, el Reino Unido se prepara para modificar su legislación financiera. El Proyecto de Ley de 21 de febrero de 2019 adapta el Derecho británico a este escenario.
La Unión Europea aprueba «medidas de contingencia» en la coordinación de la seguridad social para prever los efectos del brexit. Resuelve, así, las dudas surgidas sobre la utilización de las cotizaciones anteriores al abandono del Reino Unido, en caso de producirse este último.
The European Medicines Agency (EMA) is liable for the early termination of its lease in Canary Wharf, London as it relocates to Amsterdam
Los Reglamentos Delegados 2019/396 y 2019/397 modifican varios reglamentos delegados del EMIR para permitir, en el caso de un brexit duro, la sustitución de la contraparte establecida en el Reino Unido por otra contraparte de la UE en los contratos de derivados.
Planes de contingencia sobre la posible eventualidad de un Brexit sin acuerdo incluyendo entre otras cosa los derechos de ciudadanía, de trabajo y del ejercicio de las profesiones.
From the perspective of direct and indirect taxation, analysis of the main implications of a no-deal Brexit for UK citizens and companies that have established themselves in our country and for Spanish citizens and companies with residence, establishment or operations in the UK.
Principales consecuencias fiscales de un brexit sin acuerdo tanto para los británicos y empresas del Reino Unido establecidas en nuestro país como para los españoles y empresas de nuestro país que residan, estén establecidos u operen en el Reino Unido.
Se han firmado sendos MoUs ante la eventualidad de un Brexit sin acuerdo; el primero afecta a las agencias de calificación crediticia y los registros de operaciones. El segundo se refiere a la supervisión e intercambio de información entre autoridades competentes.
ESMA recuerda la obligación de las empresas de servicios de inversión británicas y entidades del resto de la Unión Europea que presten servicios de inversión a clientes del Reino Unido de informar a sus clientes acerca del Brexit.
Consecuencias del Hard Brexit sobre la competencia y reconocimiento de procedimientos de preinsolvencia entre UK y Europa.
A pesar de las escuetas provisiones expuestos en el artículo 50.3 del Tratado de la Unión Europea, el TJUE ha introducido, a la instancia del Court of Session de Escocia, otro potencial resultado adicional, en el ya nutrido listado de posibles consecuencias del proceso de Brexit?
Despite the apparently clear provisions of Article 50.3, the CJEU has, at the instance of the Scottish Court of Session, introduced yet another potential outcome to the already congested list of possible outcomes of the Brexit process.
Numerosos son los obstáculos que persisten en el tortuoso camino hacía el “Divorcio del Brexit”, por ejemplo, las previstas votaciones en las Cámaras del Parlamento británico. Mientras tanto, se preguntan muchos: ¿Qué significa realmente este borrador de acuerdo?
Many hurdles remain in the tortuous path towards the Brexit divorce, not least voting in the UK’s Parliament. In the meantime, many are asking: What does this draft agreement actually mean?
La Dirección General de Tributos analiza distintos aspectos relacionados con el cálculo de las ganancias o pérdidas patrimoniales derivadas de la venta parcial de monedas virtuales adquiridas en distintas fechas y a distintas casas de cambio.
Cuando una contrata reduce las horas de prestación de servicios, surge el problema de reconocer el alcance de la subrogación laboral —obligada por convenio colectivo— de la empresa entrante. El planteamiento de una subrogación «parcial» resulta cuestionable.