Puede obtener más información sobre la Política de Privacidad clicando aquí.
El presente documento analiza el fundamento y el ámbito objetivo y subjetivo de protección de la norma que dispone la obligación de dotar los fondos propios de las sociedades de capital en caso de amortización anticipada de préstamos participativos, así como las consecuencias de su incumplimiento.
¿Cuál es el contenido exigible de la notificación que ha de hacerse a la Administración contratante cuando se cede a un financiador el crédito derivado del contrato administrativo?
Análisis de dos resoluciones de la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública (anterior Dirección General de los Registros y del Notariado) sobre la inscribibilidad de opciones de compra comisorias.
Uno de los numerosos casos de jurisprudencia que desde el 2020 viene aplicando defectuosamente la regla rebus sic stantibus a contingencias del COVID, con una particularidad en el presente caso.
Doctrina nueva y peligrosa, sedicentemente apoyada en una sentencia del Tribunal Supremo que no se refería a tal cosa.
Obliga a cada socio «prestamista» un acuerdo de consejo de sociedad anónima que se tomó por unanimidad y que «acordaba» que cada uno de aquéllos hiciera un préstamo participativo a la sociedad a cambio de un interés fijo y sin más determinación.
Análisis de la preferencia especial sobre bonos y cédulas hipotecarios en el Real Decreto Ley 24/2021, que transpone la Directiva 2019/2162, sobre emisión y supervisión de bonos garantizados.
Una reflexión sobre el límite calificador del registrador mercantil a propósito de una resolución reciente sobre aportaciones gravadas con derecho de uso postdivorcio.
El Tribunal Constitucional ha refrendado la constitucionalidad del reformado artículo 511 de la compilación civil navarra. El argumentario es poco convincente, y el precio de la constitucionalidad, alto para el legislador autonómico.
Una larga argumentación jurídica para llegar finalmente al resultado que resultaría de aplicar el artículo 313 del Código de Comercio.
El aumento de la actividad de las SPAC en algunas jurisdicciones lleva a la AEVM a emitir recomendaciones a los supervisores para armonizar la información incluida en el folleto y a advertir de los riesgos inherentes a estas inversiones.
El Anteproyecto de ley de transposición de la Directiva 2019/1160 por la que se modifican las Directivas UCITS y 2011/61/UE (AIFMD), incorpora el régimen de la precomercialización transfronteriza de organismos de inversión colectiva dirigida a inversores profesionales.
Consecuencias restitutorias del cobro del pago único de la política agrícola común (PAC) por parte de un arrendatario simulado.
Sentencia del Tribunal Supremo, Sala Primera, 380/2021, de 1 de junio: sobre cómo puede un inversor confiar en el valor oficial de cotización para establecer el alcance de la indemnización sufrida por inexactitudes del folleto de emisión.
Mediante Acuerdo del Consejo de Ministros de 15 de junio de 2021, se aprueba el funcionamiento del «Fondo de Recapitalización de Empresas afectadas por la COVID-19» contemplado en el Real Decreto-ley 5/2021, de 12 de marzo.
Elucidación de las nuevas reglas de tráfico externo en la contratación con incapacitados en la reforma del Código Civil por la Ley 8/2021.
Se aprecia la enorme resistencia que todavía opone la DGRN a revocar de modo definitivo su antigua doctrina que exige, a pesar de haberse pactado una cláusula penal, la consignación de las cantidades cobradas para que el vendedor que resuelve pueda reinscribir a su nombre.
Una polémica innecesariamente renovada a propósito de una mala norma del texto refundido concursal.
Análisis del régimen de entidades de tenencia de valores extranjeros o ETVE tras las modificaciones introducidas por la Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2021.
A propósito del engarce entre resolución del contrato por incumplimiento e indemnización por incumplimiento en el contrato de agencia.
Comentario del extremo más interesante de la STS (Sala 1.ª) 694/2020 sobre una prenda de créditos futuros nacida de una relación bilateral en la que un tercero se ha subrogado al adquirir en liquidación concursal la unidad productiva de la que forma parte el contrato.
Veintidós propuestas interpretativas sobre la suspensión de desahucios regulados ahora por los artículos 1 y 1 bis de los reales decretos leyes 35/2020 y 11/2021
El Tribunal Supremo confirma que los fondos de pensiones no comunitarios pueden solicitar la devolución de las retenciones soportadas por los dividendos de sus inversiones en España.
Cuando la sociedad se disuelve, la consecuencia laboral inmediata deberá ser el despido de los trabajadores. La norma laboral remite al procedimiento de despido colectivo, pero se cuestiona si también lo hace a sus causas.
Se analiza la Sentencia del Tribunal Supremo de 17 de noviembre de 2020 que contiene importante doctrina jurisprudencial sobre pactos parasociales, derecho de representación proporcional y deberes de lealtad de los administradores
Compleja sentencia, motivada en exceso para un caso que podía haberse resuelto sin acudir a la doctrina de la coligación negocial.
La derivación de la responsabilidad a los administradores no impide la aplicación de la interrupción de la prescripción de las deudas con la Seguridad Social en empresas en concurso.
Se aborda una nueva modificación del artículo 7 bis de la Ley 19/2003, concretando más alguno de los sectores afectados, variando los criterios a considerar para la existencia de un control societario, e incorporando transitoriamente a su régimen también las inversiones procedentes de residentes comunitarios y de otros países de la Asociación Europea de Libre Comercio
La reversión de una contrata no supone subrogación si la Administración que decide desarrollar el servicio con sus propios medios dispone de Convenio Colectivo en el que no se recoge esta obligación.
La CNMV regula la publicidad de productos y servicios de inversión en paralelo con la Circular 4/2020, de 20 de junio, del Banco de España, sobre publicidad de los productos y servicios bancarios
La Ley 7/2020 regula la creación de un espacio de pruebas controlado (regulatory sandbox) para los proyectos Fintech sin necesidad obtener la preceptiva autorización administrativa.
Las sentencias que declaran la nulidad del despido colectivo no siempre identifican la cuantía de la condena derivada de la readmisión de los trabajadores, lo que supone una dificultad añadida en la consignación para recurrir.
El artículo incluye algunas reflexiones sobre la compatibilidad de las Financiaciones ICO COVID-19 con procesos de refinanciación a los que probablemente se verán abocadas muchas compañías en los próximos meses.
El plan de acción de la Comisión Europea presenta dieciséis medidas para alcanzar una verdadera unión de los mercados de capitales en la Unión.
En el frontispicio de la pérdida de vigencia de los expedientes de regulación temporal de empleo con el mes de septiembre, se acuerda la prórroga de los vigentes y la concesión de otros nuevos adaptados a las recientes restricciones.
La nueva Ley 3/2020 reproduce, adapta y amplía medidas procesales y organizativas adoptadas durante el estado de alarma en la Administración de Justicia, también en el ámbito laboral.
El precontrato laboral exige precisar si el plazo para actuar frente a su incumplimiento es el de la prescripción civil de cinco años―-antes, quince― o el plazo de prescripción general laboral de un año.
Se ha publicado en el Boletín Oficial de las Cortes Generales el Proyecto de Ley por el que se modifican diversas leyes españolas en materia de sociedades cotizadas y mercados de valores.
Se admite la escritura de pignoración sobre los derechos consolidados del plan de pensiones siempre que se incluya expresamente que su ejecución se subordina a que dichos derechos sean disponibles.
La inclusión de centros de trabajo no afectados directamente por la causa esgrimida para justificar un despido colectivo puede conllevar la nulidad de éste ante una posible actuación fraudulenta de la empresa.
En la adaptación a la regulación europea de los planes de empleo, se introducen modificaciones interesantes en materia de información, derechos consolidados, garantías e inversión, entre otras.
El fomento de los mercados de pymes en expansión, uno de los objetivos de la Unión de mercados de capitales, lleva aparejada la eliminación de cargas administrativas para los emisores en estos mercados.
Siendo el despido colectivo posible en el sector público, se admite con limitaciones la suspensión colectiva mediante expedientes de regulación temporal de empleo. Durante la pandemia, las solicitudes han obtenido diferente respuesta.
La jurisprudencia tiende a negar este extremo, pero creo que incorrectamente. Ningún procedimiento posterior a la sucesión puede evitar que el titular del legado específico sea dueño del legado con la simple apertura de la sucesión.
La masiva aceptación de expedientes de regulación temporal de empleo por silencio administrativo positivo durante el estado de alarma y sus prórrogas obliga a considerar si, ahora, en la fase de recuperación, el citado silencio avala la eficacia de su inicial concesión.
Las dificultades de pago de los últimos tres meses exigidas como condición de insolvencia supondrá o una condición general que la mayor parte de empresas podrá demostrar o un requisito inoperante.
Se extiende el sentido de las ayudas para trabajadores autónomos durante el periodo de recuperación económica con la solicitud de una nueva prestación o con la exoneración del pago de cuotas a la Seguridad Social.
El II Acuerdo Social en Defensa del Empleo mantiene medidas extraordinarias adoptadas durante el estado de alarma, pero con una progresiva adaptación de las mismas a la etapa de recuperación.