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La presencia de la empresa principal en la actividad de la contratista (por identificación de su logo o por el control de datos de la clientela) no convierte a priori una subcontratación lícita en una cesión ilegal de trabajadores, ni siquiera en servicios prestados a través de plataforma digital.
Las distintas reformas operadas en torno a la jubilación parcial han generado modelos dispares que benefician a unos sectores de actividad en detrimento de otros, con condiciones de acceso más desfavorables. El Gobierno se comprometió a reformar esta modalidad de pensión en el plazo de un año, que vencerá en unos días.
Se cuestiona si, en un pacto de mejoras voluntarias, mayores de cincuenta años con convenio especial que reciben una «compensación económica», ante su «suspensión» contractual, deben formar parte del censo electoral en una situación próxima a la prejubilación resuelta con criterios dispares.