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El Estado aguza el ingenio para no perder todo con los avales del Instituto de Crédito Oficial (ICO).
El trabajo analiza la reforma de los deberes y la responsabilidad de los administradores por no convocar la junta o solicitar la disolución judicial por concurrir causa legal o estatutaria realizada mediante la Ley 16/2022, de reforma del Texto Refundido de la Ley Concursal.
El presente documento analiza el fundamento y el ámbito objetivo y subjetivo de protección de la norma que dispone la obligación de dotar los fondos propios de las sociedades de capital en caso de amortización anticipada de préstamos participativos, así como las consecuencias de su incumplimiento.
El artículo incluye algunas reflexiones sobre la compatibilidad de las Financiaciones ICO COVID-19 con procesos de refinanciación a los que probablemente se verán abocadas muchas compañías en los próximos meses.