Varias sentencias del Tribunal Supremo han interpretado de un modo más flexible los requisitos que impone el art. 32 de la LRJSP para reclamar responsabilidad patrimonial de la Administración por leyes declaradas inconstitucionales.
Aunque por ley la jurisdicción contencioso-administrativa es la única competente para conocer de las reclamaciones de responsabilidad contra la Administración, todavía se admite un caso de acción directa contra la aseguradora en la vía civil.
Un auto de un juzgado de lo Mercantil ha declarado inaplicable, por exceder de los límites de la delegación, el inciso del art. 491 del TRLC que exceptúa los créditos de derecho público del beneficio de la exoneración del pasivo insatisfecho
El Tribunal Supremo ha confirmado la nulidad de una resolución sancionadora por la intervención tan intensa que había tenido en su tramitación la empresa pública TRAGSATEC actuando como medio propio de la Administración.