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La atribución por la Administración de encomiendas de gestión a los denominados medios propios o servicios técnicos (in-house providing en la terminología anglosajona) genera mucha controversia en cuanto supone la exclusión de negocios jurídicos del sector público de las normas que rigen la adjudicación de los contratos públicos y que garantizan la libre concurrencia.El Tribunal de Cuentas, en su Informe de fiscalización de las encomiendas de gestión de determinados ministerios, organismos y otras entidades públicas del 2015, fue muy crítico sobre la forma en que se viene aplicando esta «vía de escape» de las normas que rigen la adjudicación de los contratos públicos y llamó la atención, en especial, sobre la parquedad del núcleo regulatorio básico de los encargos a medios propios, que ha obligado al legislador a disciplinar determinados aspectos de esta figura de forma dispersa y asistemática sin terminar de resolver muchos de los problemas interpretativos que suscita...
España ha ratificado el Convenio de Tromsø de 18 de junio de 2009 —con entrada en vigor para España el 1 de enero de 2024—, instrumento jurídico internacional vinculante que reconoce un derecho general de acceso a los documentos oficiales en poder de las autoridades públicas y establece las normas mínimas, procedimiento y límites en su ejercicio
En este análisis se resumen y analizan los criterios aplicados por la sentencia del Tribunal Supremo que resuelve y desestima el primer recurso en el que se demandaba responsabilidad patrimonial por daños sufridos como consecuencia de las medidas adoptadas para combatir la pandemia de COVID-19.