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El Real Decreto Ley 20/2022 ha ampliado el ámbito de aplicación del procedimiento de determinación de afección ambiental introducido por el Real Decreto Ley 6/2022 eliminando las limitaciones sobre la potencia instalada de los proyectos y la zonificación ambiental.
La Sentencia del TS 312/2022 ha abierto una nueva vía, hasta entonces vedada por el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, para solicitar la revisión de la denegación por las autoridades públicas de las solicitudes de acceso a la información ambiental