Siendo el concepto de “afectación general notoria” clave en la interposición de un conflicto colectivo, se suma una interpretación que consiste en apreciar que la respuesta de la empresa a la reclamación laboral haya sido siempre la misma.
Con el objeto de intentar reducir la desigualdad salarial, se intensifican las obligaciones empresariales en materia de registro salarial, auditoría retributiva, transparencia informativa o los planes de igualdad adaptados a las nuevas exigencias legales, con importantes sanciones ante su incumplimiento.
La opción entre impugnar la resolución administrativa que resuelve el ERTE o utilizar el procedimiento de conflicto colectivo cuando se trata de cuestionar la fuerza mayor en la que se origina sigue siendo controvertido.
Se aprueba la prórroga de las diferentes modalidades de ERTE, por el momento, hasta el 31 de mayo de 2021 y se adoptan medidas respecto de los expedientes de nueva tramitación junto con el establecimiento de exoneraciones por cuotas a la Seguridad Social para algunas empresas.