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La «Declaración del Gobierno ante la emergencia climática y ambiental» persigue alcanzar la neutralidad climática en España a más tardar en el 2050 reformando la legislación de sectores clave como transporte, energía, fiscalidad o medio ambiente.
La Directiva (UE) 2019/1937 obliga a los Estados a implantar un sistema que proteja a quienes denuncien infracciones del Derecho de la Unión en un gran número de sectores y admite además que los Estados amplíen su ámbito de aplicación.