La Ley Omnibus introduce algunas modificaciones en la Ley 54/1997, del Sector Eléctrico. Algunas son meramente terminológicas y o bien, derivan de la necesidad de adaptar el texto de la Ley a la nueva denominación del Registro Administrativo de Distribuidores, Comercializadores y Consumidores Directos en Mercado, reducido ahora al Registro Administrativo de Distribuidores (nuevo art. 45.4) y a los Registros que para esos mismos fines puedan crearse en las Comunidades Autónomas (cfr. arts. 33.3 y 39.5 en redacción dada por art. 18.Uno y 18.Tres Ley Omnibus o la DA 2ª.1 y 2 de la propia Ley Omnibus); o bien, pretenden dar una redacción a la Ley más acorde con el estado de la tecnología (cfr. art. 48.1.II en redacción dada por art. 18.Siete). A continuación, se exponen las novedades de mayor relevancia práctica:1. Libertad de establecimiento de las empresas titulares de instalaciones de transporte y de distribución de energía eléctrica.
Sin perjuicio de la necesaria autorización administrativa previa (arts. 36 y 40 Ley 54/1997) y la inscripción en el Registro de Distribuidores (art. 45.4), ya no se requiere que las empresas titulares de instalaciones de transporte o de distribución en España adopten la forma jurídica de sociedad mercantil de nacionalidad española o, en su caso, de otro Estado miembro de la Unión Europea y tengan establecimiento permanente en España (supresión art. 36.4, nueva redacción art 40.1 Ley 54/1997 dada por arts. 18.Dos y 18.Cuatro, respectivamente Ley Omnibus)
Además de las habituales normas de carácter social en materia de pensiones y cotizaciones, la Ley de Presupuestos recoge reformas legislativas de naturaleza laboral o de Seguridad Social.
La Ley 11/2020, de Presupuestos Generales del Estado para el 2021, modifica la Ley 40/2015, de Régimen Jurídico del Sector Público, y recupera las Agencias Estatales como organismos públicos integrantes del sector público institucional estatal.
El RD 1183/2020 regula condiciones especiales de obtención de permisos de acceso y conexión para la hibridación de instalaciones y regula su régimen retributivo, con el fin de impulsar el desarrollo de las energías renovables y minimizar los costes económicos y medioambientales.