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La Ley Omnibus introduce algunas modificaciones en la Ley 54/1997, del Sector Eléctrico. Algunas son meramente terminológicas y o bien, derivan de la necesidad de adaptar el texto de la Ley a la nueva denominación del Registro Administrativo de Distribuidores, Comercializadores y Consumidores Directos en Mercado, reducido ahora al Registro Administrativo de Distribuidores (nuevo art. 45.4) y a los Registros que para esos mismos fines puedan crearse en las Comunidades Autónomas (cfr. arts. 33.3 y 39.5 en redacción dada por art. 18.Uno y 18.Tres Ley Omnibus o la DA 2ª.1 y 2 de la propia Ley Omnibus); o bien, pretenden dar una redacción a la Ley más acorde con el estado de la tecnología (cfr. art. 48.1.II en redacción dada por art. 18.Siete). A continuación, se exponen las novedades de mayor relevancia práctica:1. Libertad de establecimiento de las empresas titulares de instalaciones de transporte y de distribución de energía eléctrica.
Sin perjuicio de la necesaria autorización administrativa previa (arts. 36 y 40 Ley 54/1997) y la inscripción en el Registro de Distribuidores (art. 45.4), ya no se requiere que las empresas titulares de instalaciones de transporte o de distribución en España adopten la forma jurídica de sociedad mercantil de nacionalidad española o, en su caso, de otro Estado miembro de la Unión Europea y tengan establecimiento permanente en España (supresión art. 36.4, nueva redacción art 40.1 Ley 54/1997 dada por arts. 18.Dos y 18.Cuatro, respectivamente Ley Omnibus)
España ha ratificado el Convenio de Tromsø de 18 de junio de 2009 —con entrada en vigor para España el 1 de enero de 2024—, instrumento jurídico internacional vinculante que reconoce un derecho general de acceso a los documentos oficiales en poder de las autoridades públicas y establece las normas mínimas, procedimiento y límites en su ejercicio
En este análisis se resumen y analizan los criterios aplicados por la sentencia del Tribunal Supremo que resuelve y desestima el primer recurso en el que se demandaba responsabilidad patrimonial por daños sufridos como consecuencia de las medidas adoptadas para combatir la pandemia de COVID-19.