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El reciente Real Decreto 1336/2011, de 3 de octubre, regula "el contrato territorial como instrumento para promover el desarrollo sostenible del medio rural". Esta figura estaba ya prevista por la Ley 45/2007 para el desarrollo sostenible del medio rural (LDSMR), que la define como "el instrumento que establece el conjunto de compromisos a suscribir entre las Administraciones Públicas y los titulares de las explotaciones agrarias que orienten e incentiven su actividad en beneficio de un desarrollo sostenible del medio rural" (art.16).Se trata de una fórmula de financiación de actividades que está llamada a tener un gran desarrollo en los próximos años, debido, en especial, al greening de la Política Agraria Común (PAC), que tiende a otorgar cada vez mayor importancia al desarrollo rural (conocido como segundo pilar de la política agraria de la Unión), mediante el otorgamiento de ayudas directas que se condicionan en muchos casos al cumplimiento de determinados objetivos de sostenibilidad. En la propuesta de la reforma de la PAC que entrará en vigor en 2014 se prevé, en este sentido, que se reserve un 30% de las ayudas para financiar prácticas agrarias sostenibles.
España ha ratificado el Convenio de Tromsø de 18 de junio de 2009 —con entrada en vigor para España el 1 de enero de 2024—, instrumento jurídico internacional vinculante que reconoce un derecho general de acceso a los documentos oficiales en poder de las autoridades públicas y establece las normas mínimas, procedimiento y límites en su ejercicio
En este análisis se resumen y analizan los criterios aplicados por la sentencia del Tribunal Supremo que resuelve y desestima el primer recurso en el que se demandaba responsabilidad patrimonial por daños sufridos como consecuencia de las medidas adoptadas para combatir la pandemia de COVID-19.