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La privatización de empresas estatales ha sido un tema ampliamente discutido en los últimos años. Sin embargo, la necesidad de un rescate internacional seguido de un acuerdo firmado entre Portugal y la Unión Europea, el Banco Central Europeo y el Fondo Monetario Internacional, comúnmente designado como el Memorándum de Entendimiento sobre las condiciones específicas de política económica ("MoU"), ha acelerado el proceso de privatizaciones.En consecuencia, a fin de cumplir plenamente con el MoU, el Gobierno portugués tiene previsto privatizar, hasta el año 2013, varias empresas estatales, principalmente los sectores de la energía, el transporte, las comunicaciones y los seguros. De acuerdo con el programa del gobierno portugués, se espera que la privatización de EDP, REN y TAP finalice a finales del presente año, si no antes del final del tercer trimestre.
España ha ratificado el Convenio de Tromsø de 18 de junio de 2009 —con entrada en vigor para España el 1 de enero de 2024—, instrumento jurídico internacional vinculante que reconoce un derecho general de acceso a los documentos oficiales en poder de las autoridades públicas y establece las normas mínimas, procedimiento y límites en su ejercicio
En este análisis se resumen y analizan los criterios aplicados por la sentencia del Tribunal Supremo que resuelve y desestima el primer recurso en el que se demandaba responsabilidad patrimonial por daños sufridos como consecuencia de las medidas adoptadas para combatir la pandemia de COVID-19.