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La falta de llamamiento a fijos discontinuos por causas económicas o de otra naturaleza exigirá, si se supera el umbral legal establecido, aplicar el procedimiento de despido colectivo so pena de nulidad en caso contrario.
En la transmisión de unidad productiva en concurso se aplica la norma laboral, se impone la responsabilidad solidaria tanto para los contratos vigentes como para los ya extinguidos y, en consecuencia, se anula la exoneración contenida en el plan de liquidación.
La demanda solicitando la extinción de la relación laboral por impago o retrasos reiterados en el abono del salario previa al concurso de acreedores deberá seguir la suerte de las extinciones colectivas derivadas del concurso.
El acuerdo alcanzado en el periodo de consultas de un despido colectivo impide la impugnación de las causas motivadoras de éste en el procedimiento individual iniciado por el trabajador afectado.
La ley obliga a determinadas empresas a disponer de un Plan de Igualdad. Sin embargo, su imposición no puede ser unilateral sino que tiene que haber sido previamente negociado con los representantes de los trabajadores para evitar el riesgo de su nulidad.
En la legislación proyectada, no sólo se regula, en la relación laboral, la denominada «desconexión digital». El derecho a la intimidad, el uso de dispositivos de videovigilancia y grabación de sonidos en el lugar de trabajo o la utilización de sistemas de geolocalización también se hallan presentes
El incremento del salario mínimo a 900 euros mensuales previsto en el Pacto sobre Presupuestos —en principio, sobre 14 pagas—, neutralizará los efectos del Acuerdo alcanzado por patronal y sindicatos en el mes de julio y supondrá una mayor cotización a la Seguridad Social.
En tanto las vacaciones suponen el descanso de un trabajo efectivamente realizado, el disfrute de un permiso por cuidado de hijos no puede ser asimilado a estos efectos.
El repartidor que tiene libertad para fijar jornada y horario, selecciona sus pedidos, decide la ruta de servicios, responde a las instrucciones del cliente y percibe una cantidad por pedido entregado, realiza una actividad por cuenta propia y no por cuenta ajena.
En una controversia de naturaleza fiscal, se plantea la calificación de un socio administrador que posee la mitad de las acciones de una empresa, bien como trabajador por cuenta ajena, bien como autónomo o, finalmente, si se trata de un empresario.
En la adopción de decisiones empresariales colectivas basadas en causas económicas, la presentación de una documentación contable próxima a la fecha de negociación puede determinar la validez o nulidad de la medida.
Despido procedente por no reincorporación tras permiso retribuido.
Si la empresa abona el coste del alquiler de la vivienda del trabajador trasladado, el carácter salarial o extrasalarial dependerá de distintos factores: si se trata de un contrato ex novo, si deriva de una movilidad geográfica o si responde a un desplazamiento o a un traslado, entre otros.
Aunque el sindicato legitimado decida no firmar un convenio colectivo, si se desarrollan reuniones posteriores en las que pudieran introducirse modificaciones en el texto pactado, aquél deberá estar presente.
Cuando una contrata reduce las horas de prestación de servicios, surge el problema de reconocer el alcance de la subrogación laboral —obligada por convenio colectivo— de la empresa entrante. El planteamiento de una subrogación «parcial» resulta cuestionable.
Los complementos a las pensiones públicas establecidos por las empresas y denominados compromisos por pensiones pueden ser instrumentados, básicamente, mediante planes de pensiones y contratos de seguros.
In accordance with EU legislation, Member States have the power to limit the obligation of public guarantee institutions to pay employees’ claims in the event of their employer’s insolvency.
De acuerdo con la legislación europea, los Estados miembros disponen de una facultad para limitar la obligación del pago de créditos a los trabajadores por parte de las instituciones públicas de garantía en caso de insolvencia del empresario.
El Real Decreto Ley 11/2018 introduce, entre otras novedades y en relación con los extranjeros, la autorización para investigación con movilidad dentro de la Unión Europea y las normas para estudiantes en búsqueda de empleo, con ideas de emprendimiento o para realizar prácticas en empresas.
La Administración de Seguridad Social prohíbe, en una decisión polémica, que las normas sobre compatibilidad entre la pensión de jubilación y el salario de los autónomos se extiendan a los consejeros, administradores o socios incluidos en el RETA.
El Real Decreto-ley 7/2018, restablece la universalidad de la asistencia sanitaria, restringida desde 2012, y la extiende a españoles y extranjeros con residencia habitual en España y, de hallarse estos últimos en situación irregular, siempre que acrediten no poder acceder a la misma por otra vía.
El Gobierno ha aprobado el "Plan Director por un Trabajo Digno" 2018-2020. Con ese objetivo, el Plan contiene un total de 75 medidas dirigidas a perseguir el fraude laboral y, en particular, los abusos en la contratación, la jornada, el salario, la externalización de servicios o la actividad de los fasos autónomos.