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El precontrato laboral exige precisar si el plazo para actuar frente a su incumplimiento es el de la prescripción civil de cinco años―-antes, quince― o el plazo de prescripción general laboral de un año.
El permiso laboral por hospitalización de familiar hasta segundo grado exige el internamiento y, por tanto, la pernoctación del paciente para su validez.
Para la inscripción de una reducción de capital por un importe superior a las cantidades percibidas por los socios es necesario que se adopten medidas que garanticen adecuadamente los intereses de los acreedores sociales.
Recientemente se han publicado varias resoluciones de la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública en las que se abordan cuestiones relativas al cese y al nombramiento de los administradores de sociedades de capital
La exclusión del socio sólo es efectiva a partir del momento en que comienza a realizarse el pago de la cuota de liquidación que le corresponde.
Se ha publicado en el Boletín Oficial de las Cortes Generales el Proyecto de Ley por el que se modifican diversas leyes españolas en materia de sociedades cotizadas y mercados de valores.
Se admite la escritura de pignoración sobre los derechos consolidados del plan de pensiones siempre que se incluya expresamente que su ejecución se subordina a que dichos derechos sean disponibles.
La inclusión de centros de trabajo no afectados directamente por la causa esgrimida para justificar un despido colectivo puede conllevar la nulidad de éste ante una posible actuación fraudulenta de la empresa.
Ante el silencio del Convenio Colectivo sobre la duración del mandato del comité intercentros, se impone fijar la proporcionalidad en su composición según las sucesivas elecciones sindicales en la empresa.
Es válida la cláusula estatutaria que prevé que las votaciones en junta general podrán secretas cuando así lo decida el presidente del órgano o lo solicite la mayoría de los asistentes, excepto en los supuestos en que dicha votación secreta no sea legalmente posible.
La lectura del enorme material normativo y administrativo sobre la reestructuración bancaria, y en especial la del Banco Popular no llevan a una conclusión evidente sobre la suerte de las acciones de nulidad por error de los inversores en BP. Pero es precio construir una solución racional
Interpretación relajada del Tribunal Supremo del art. 16.3 de la Ley de Sociedades de Capital sobre ventajas obtenidas a costa de la sociedad unipersonal.
Interesante resolución del Tribunal Supremo, que garantiza los derechos de los titulares de garantías sobre valores en procesos de restructuración bancaria con afectación a los activos pignorados.
El fomento de los mercados de pymes en expansión, uno de los objetivos de la Unión de mercados de capitales, lleva aparejada la eliminación de cargas administrativas para los emisores en estos mercados.
El Real Decreto 738/2020, de 4 de agosto, incorpora parcialmente la Directiva (UE) 2017/828 para los fondos de pensiones de empleo (políticas de implicación) mediante la modificación del Reglamento de Planes y Fondos de Pensiones.
Para que sea admisible la convocatoria de la junta mediante burofax con acuse de recibo resulta imprescindible que el operador postal utilizado sea la «Sociedad Estatal Correos y Telégrafos, S.A.»
Es curioso que el Tribunal Supremo haya decidido romper la extrema rigurosidad de su doctrina en materia de cláusulas penales apelando a una teoría, la regla rebus sic stantibus, que es tanto o más rigurosa en origen que la propia interpretación del artículo 1154 del Código Civil.
El incumplimiento del deber de depositar las cuentas anuales no constituye prueba directa de la existencia de una causa de disolución.
Siete años después de estar sufriendo la ridiculez e injusticia del control de transparencia sobre las cláusulas suelo, ahora el Tribunal Supremo rectifica su doctrina, al menos cuando las demandas son interpuestas por asociaciones de consumidores y para contratos bancarios «más complejos» que las hipotecas con interés variable.
En caso de cierre de la hoja registral de la sociedad por falta de depósito de cuentas, no puede condicionarse la eficacia del cese de los administradores a la validez, eficacia e inscripción del nombramiento del nuevo administrador.
Siendo el despido colectivo posible en el sector público, se admite con limitaciones la suspensión colectiva mediante expedientes de regulación temporal de empleo. Durante la pandemia, las solicitudes han obtenido diferente respuesta.
Si las cantidades retenidas por el prestamista y no recibidas efectivamente por el prestatario no pueden considerarse como «entregadas» en beneficio de éste último por servicios prestados o gastos que corrieran de su cuenta, puede incurrirse en usura.
La salida del Reino Unido de la UE puede tener consecuencias sobre el reconocimiento de las sociedades constituidas conforme a su ordenamiento en el resto de Estados miembros, ya que la libertad de establecimiento dejará de ser aplicable en las relaciones con ellos.
Se admite la inscripción de la cláusula estatutaria según la cual «la asistencia personal a la junta del representado no tendrá valor de revocación de la total representación conferida».
Recopilación de las principales reflexiones legales y tendencias futuras, desde una perspectiva 360º, sobre el impacto de la crisis provocada por el COVID-19 en el sector retail & fashion.
La Comisión parlamentaria para la Reconstrucción identifica los déficits estructurales de nuestra economía y propone soluciones laborales a corto plazo, con algunas fórmulas ya conocidas aunque no implementadas.
En caso de nulidad del contrato de leasing, el arrendador financiero debe restituir al arrendatario solamente la parte de las cuotas abonadas correspondiente a la carga financiera.
Las negociaciones entre la UE y el Reino Unido prosiguen a fin de alcanzar un acuerdo de colaboración entre ambas partes aplicable tras el fin del periodo transitorio a las 00:00 horas del día 1 de enero de 2021.
El Tribunal Supremo sostiene que no es aplicable en la sociedad de gananciales el artículo 128 de la Ley de Sociedades de Capital, por analogía con el usufructuario de acciones y participaciones sociales.
Las medidas generales de prevención sanitaria se aplican también al centro de trabajo y pueden originar una sanción por infracción grave del empleador, en caso de incumplimiento, en sus diferentes grados.
La jurisprudencia tiende a negar este extremo, pero creo que incorrectamente. Ningún procedimiento posterior a la sucesión puede evitar que el titular del legado específico sea dueño del legado con la simple apertura de la sucesión.
Es contradictorio admitir que la junta está válidamente constituida por concurrir todo el capital social y denegar seguidamente el ejercicio del derecho de voto al representante de una de las dos únicas socias negando eficacia al poder conferido.
La masiva aceptación de expedientes de regulación temporal de empleo por silencio administrativo positivo durante el estado de alarma y sus prórrogas obliga a considerar si, ahora, en la fase de recuperación, el citado silencio avala la eficacia de su inicial concesión.
La Autoridad Europea de Valores y Mercados ha sometido a consulta pública dos propuestas de normas técnicas que, de aceptarse por la Comisión, reconocerán los contratos de liquidez en toda la UE y una lista de iniciados simplificada para emisores en estos mercados de pymes en expansión.
Los contratos de los trabajadores fijos discontinuos en la actividad turística podrán beneficiarse tanto de exenciones como de bonificaciones en las cuotas a la Seguridad Social de forma cumulativa.
Se comentan dos resoluciones judiciales americanas relativas al incumplimiento contractual y precontractual, y se contrastan con el Derecho español.
Las dificultades de pago de los últimos tres meses exigidas como condición de insolvencia supondrá o una condición general que la mayor parte de empresas podrá demostrar o un requisito inoperante.
A los efectos del artículo 363.1.e) LSC, los elementos del «pasivo» no pueden sumarse a la cifra del patrimonio neto.
La Comisión Nacional del Mercado de Valores revisa veinte recomendaciones y seis principios del Código de Buen Gobierno de las sociedades cotizadas del 2015.
IOSCO somete a consulta pública seis estándares para la regulación del uso de la inteligencia artificial por los intermediarios financieros, los riesgos que plantea, la externalización de funciones y el compliance.
Se extiende el sentido de las ayudas para trabajadores autónomos durante el periodo de recuperación económica con la solicitud de una nueva prestación o con la exoneración del pago de cuotas a la Seguridad Social.
Se contraponen las soluciones dispares dadas por los tribunales supremos español y alemán en el asunto de la compra del vehículo Volkswagen dotado del software de encubrimiento de emisiones contaminantes.
Se analiza una reciente sentencia del Tribunal Supremo que interpreta que el artículo 1224 del Código Civil contempla «ceteris paribus» una preferencia por el efecto novatorio. Y esto tiene consecuencias prácticas evidentes.