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Interpretación relajada del Tribunal Supremo del art. 16.3 de la Ley de Sociedades de Capital sobre ventajas obtenidas a costa de la sociedad unipersonal.
El Tribunal Supremo lo niega, al menos para esta hipótesis, clara, en que se está pidiendo la nulidad de una prenda, con objeto de rebajar luego la clasificación del crédito afectado.
La Sala resuelve a favor de los titulares de cargas posteriores, y contra la administración concursal, la suerte del remanente de ejecución que resulta de la ejecución preconcursal de una primera hipoteca.
Se analizan qué títulos pueden servir de fundamento a la ejecución y el órgano judicial competente para conocer de ella.
Se exponen los deberes y la responsabilidad de los administradores de las sociedades de capital por la continuación de la actividad empresarial durante la suspensión temporal de los deberes legales de promoción de la disolución o el concurso. En particular, se analiza dicha responsabilidad frente a los denominados «nuevos acreedores».
La regulación del convenio en el Texto Refundido de la Ley Concursal plantea un conjunto de cuestiones y dudas. En este documento se llama la atención sobre algunas de ellas.
Interpretación del nuevo texto incluido en la Ley Concursal por el texto refundido del 2020 y explicación de su impropiedad.
Comparación entre el régimen de los presupuestos sobre jurisdicción y competencia del órgano jurisdiccional contenido en el Texto Refundido de la Ley Concursal y el previsto en la Ley Concursal.
La entrada del Estado como accionista u obligacionista en la recapitalización de empresas no financieras en dificultades por el COVID-19 implica la asunción por la sociedad de determinadas medidas de gobierno corporativo
Se compara el régimen de las ejecuciones concursales del texto refundido con el previsto en la Ley Concursal.
Era inevitable que la celebrada refundición de la Ley Concursal trajera como consecuencia que se introduzcan en ocasiones problemas nuevos e innecesarios. Este de las ejecuciones es uno de ellos.
Se comentan dos preceptos de la reforma concursal operada por el Real Decreto-ley 16/2020.
Análisis de las distintas alternativas disponibles actualmente para la protección de la tesorería de las empresas.
Una persona física que celebra con una sociedad financiera un contrato financiero por diferencias y efectúa operaciones a través de dicha sociedad puede ser calificada de «consumidor», a efectos de aplicación de las reglas de competencia judicial internacional del RBIbis.
Se analizan los riesgos penales y concursales que nos podemos encontrar ante una situación de insolvencia inminente o actual y la actuación recomendada en la gestión diaria de los administradores de sociedades mercantiles.
La ley rectora del concurso determina los efectos de la declaración de éste sobre el convenio arbitral. El artículo 52 de la Ley Concursal española permite que el juez del concurso suspenda los efectos de dicho convenio si pudiera suponer un perjuicio para la tramitación del concurso. Para llevar a cabo esa valoración el juez puede tomar en consideración los costes asociados al arbitraje.
El Juzgado de lo Mercantil nº 3 de Valencia, de fecha 28 de marzo, restablece la actividad de una sociedad en concurso de acreedores, con la finalidad de cooperación frente al COVID-19
Se analizan las medidas de suspensión de plazos y actuaciones judiciales en el ámbito concursal adoptadas como consecuencia de la declaración del estado de alarma.
La calificación como accidente de trabajo del contagio o cuarentena por coronavirus garantiza una mayor y más rápida protección económica para trabajadores y empresas, pero no está exenta de problemas aplicativos.
Se analizan los presupuestos y el fundamento del ejercicio por los acreedores de una sociedad desaparecida «de hecho» de la acción individual de responsabilidad contra los administradores de esa sociedad.
Se analizan las reglas sobre protección de los acreedores afectados por las operaciones de modificación estructural transfronteriza, en particular, el derecho a obtener garantías en caso de puesta en peligro del crédito.
The transposition of the directive allowing cross-border transfers of pension schemes between, inter alia, institutions for occupational retirement provision is approved in order to promote an internal market that guarantees occupational retirement provision.
Se aprueba la transposición de la directiva que permite actividades transfronterizas de transferencias entre planes y fondos de pensiones, entre otros, del sistema de empleo, a fin de favorecer un mercado interior que garantice la previsión voluntaria de la jubilación.
El orden contencioso-administrativo cuestiona si la atención sanitaria debe ser financiada en todo caso por la Administración autonómica de salud o cabe alguna excepción en la que deba ser asumida por la Administración del Estado (por ejemplo, los internos de centros penitenciarios).
A los efectos del art. 367 LSC, una sentencia del Tribunal Supremo resuelve bien su aplicación a una acción de regreso derivada de una fianza prestada por la deuda social, pero no argumenta debidamente la razón de ello.
Régimen de imputación de pagos cuando los acreedores tienen créditos concursales y contra la masa y el FOGASA ha hecho un pago parcial con subrogación.
The conversion of company structures at the European level entails important employment-related consequences that require the involvement of employees or their representatives.
La transformación de estructuras societarias en el ámbito europeo conlleva consecuencias laborales importantes que exigen la intervención de los trabajadores o de sus representantes.
A propósito de una cuestión de calificación concursal, la presente sentencia resuelve una cuestión más general relativa al momento de nacimiento del crédito en las ejecuciones administrativas subsidiarias.
La resolución por la que el tribunal de apertura del concurso autoriza al administrador concursal a ejercitar una acción en otro Estado miembro no puede tener como efecto atribuir competencia internacional a los tribunales de dicho Estado.
La empresa no puede utilizar el procedimiento de modificación unilateral de condiciones de trabajo cuando su intención es sustituir un Convenio por otro distinto en virtud de su ámbito funcional.
La Directiva 2019/1937, conocida como «Directiva whistleblowers», refuerza la protección del trabajador denunciante, no sin importantes problemas aplicativos o de transposición.
Siempre por estas fechas, en las empresas en que existe la tradición, los trabajadores confían en recibir «su» cesta de Navidad. Pero ¿tenemos derecho a ella?
El impago de cuotas a la Seguridad Social por parte del administrador de una empresa puede generar un delito o una infracción, en todo caso con aplicación del principio non bis in idem.
No es concursal, a efectos de la aplicación del Reglamento sobre procedimientos de insolvencia, una demanda presentada por el administrador concursal de una sociedad en la que solicita el pago de mercancías entregadas en virtud de un contrato celebrado antes de la apertura del procedimiento de insolvencia.
Cuando una de las proposiciones alternativas de una propuesta de convenio concursal tiene un contenido encuadrable en el artículo 124.1.a) LC y la otra contiene medidas de las previstas en el artículo 124.1.b) LC es suficiente, si la opción de elegir se ofrece a todos los acreedores, con las mayorías previstas en la primera de las reglas citadas.
El administrador de la empresa es responsable del pago de la indemnización del despido de los trabajadores si se demuestra que el retraso en la disolución agravó la situación económica.
Ante el brexit, varios Estados miembros ven la oportunidad de disputar al Reino Unido su posición en el ámbito de los servicios jurídicos. El scheme of arrangement irlandés podría ser atractivo para empresas de la UE que busquen su reestructuración.
El absentismo, aun justificado, puede ser causa de despido objetivo, sin que el hecho de que las consecuencias del infortunio recaigan sobre el trabajador se considere inconstitucional.
La Audiencia Provincial de Pontevedra resuelve un interesante supuesto. El crédito concursal no garantizado es mejorado de rango en fase de convenio mediante una hipoteca. Luego se abre la fase de liquidación.
Una acción de reconocimiento de créditos para su registro en el marco de un procedimiento de insolvencia está excluida del ámbito de aplicación del Reglamento de Bruselas I bis y se incluye en el del RPI. Siendo así, no cabe aplicar las disposiciones del primero de los Reglamentos en materia de litispendencia.
Se admite la calificación de «involuntaria» para la jubilación anticipada solicitada por el socio que, en una cooperativa, participa en la asamblea que decide la extinción de su contrato.