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Segunda sentencia del Tribunal Supremo que considera el extremo de si las cláusulas estatutarias de exención de gastos permiten a los propietarios de locales no contribuir al coste de bajada de ascensores a cota cero.
Según el Tribunal Supremo, el deudor incumplidor no puede poner a cargo del acreedor dañado la eventual interferencia de terceros no contractuales en la ruptura de la causalidad del incumplimiento.
La nueva Ley de Contratos de Crédito Inmobiliario plantea interrogantes, en ocasiones preocupantes para los inversores en carteras hipotecarias originadas en terceros prestamistas.
The new Real Estate Loan Agreements Act raises questions and concerns for investors in mortgage portfolios originated with third party lenders.
Se comenta y se refuta una reciente sentencia del Tribunal Supremo que exige que estos créditos por intereses estén en el concurso especialmente comunicados, y que de otra forma no podrían ser pagados con el producto de ejecución.
El TS aclara los supuestos en los que resultará exigible la cuota variable del IAJD respecto de escrituras públicas que documenten novaciones modificativas de préstamos hipotecarios y cómo ha de determinarse la base imponible del tributo.
Un inextricable bosque de jurisprudencia europea y de normativa nacional impiden saber con certeza si a partir del 16 de junio del presente se levanta o no la veda para perseguir en juicio a deudores hipotecarios con impagos históricos.
Examen de las Fichas de información estandarizada que rigen hoy y regirán cuando entre en vigor la Ley 5/2019.
The European Medicines Agency (EMA) is liable for the early termination of its lease in Canary Wharf, London as it relocates to Amsterdam
Investment and Real Estate Management Companies (“SIGIs”) – a new vehicle to promote investment and the real estate market in Portugal
Doctrinas contradictorias sobre el alcance del principio de subrogación real urbanística y el impacto que sobre el mismo producen las reglas registrales.
La Ley de Contratos de Crédito al Consumo, recientemente aprobada, eleva el valor de tasación de las fincas sujetas a hipoteca, y no sólo en hipotecas con consumidores.
La reseña del notario de los datos identificativos del documento auténtico de representación y su juicio de suficiencia de las facultades hacen fe, por sí solos, de la representación acreditada.
En una delicada sentencia, el Tribunal Supremo ha extendido al banco, acreedor hipotecario, los efectos de una resolución contractual —no inscrita como condición— instada por el transmitente contra el adquirente que contrató el préstamo posterior con el banco.
Tras la controvertida anulación del Plan General de Ordenación Urbana de Boadilla del Monte por la falta de emisión del informe de impacto de género, el Tribunal Supremo ha acordado declarar su innecesaridad en dicho supuesto y establece doctrina.
La STS de 10 de diciembre de 2018 ha anulado parcialmente el Decreto 79/2014, eliminando, para las viviendas de uso turístico, la exigencia de visado por colegio profesional de los planos de la vivienda y el requisito de la inscripción en el Registro de Empresas Turísticas.
Como siempre que se hace una reforma ideológica y apresurada de un texto legal civil, el resultado final puede resultar perverso para los propios autores de la norma. El disparate de la reforma de los alquileres urbanos.
La DGRN ha admitido la inscripción de una donación de la facultad de disponer, con otras cláusulas accesorias. La opción abierta abre posibilidades también en otros ámbitos.
Es distinta la cancelación de la condición resolutoria automáticamente por prescripción de la obligación garantizada y la cancelación por mero lapso de tiempo registralf
El crédito por el sobrante de ejecución está reconocido en el decreto de adjudicación y cancelación de cargas. Luego viene el concurso y el acreedor se presenta a cobrar este sobrante (aún no pagado) presentando una garantía cancelada.
Modificación operada, y aplicada a una sucesión hereditaria, del sistema de inmatriculación basado en el doble título, con la exigencia actual de que también el primero sea un título público.
El TS ha fijado la interpretación del párrafo 3 del artículo 108 LJCA, relativo al deber de prestar garantías suficientes para indemnizar a los terceros de buena fe afectados por sentencias que ordenen la demolición de inmuebles.
Casos en los que la constitución del régimen de propiedad horizontal requiere licencia adicional a la de obra nueva.
Una STJ de Cataluña se plantea cómo resolver el dilema de tener que atribuir un bien indivisible entre dos comuneros sin acudir para ello al mercado.