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La Sentencia del Tribunal Supremo de 21 de septiembre del 2020 aclara algunas de las condiciones en la Ley 40/2015 para el ejercicio de la acción de responsabilidad del Estado por leyes inconstitucionales.
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La doctrina sentada por la Sentencia Saquetti Iglesias contra España obliga al legislador español a reformar la LJCA para reconocer el derecho a la doble instancia jurisdiccional en relación con las sanciones administrativas
La nueva Ley 3/2020 reproduce, adapta y amplía medidas procesales y organizativas adoptadas durante el estado de alarma en la Administración de Justicia, también en el ámbito laboral.
El Real Decreto-ley 28/2020, de 22 de septiembre, ha vuelto a introducir la prórroga, hasta el 2 de abril de 2021, de la plena entrada en vigor de la Administración electrónica mediante la modificación de la disposición final séptima de la Ley 39/2015 del Procedimiento Administrativo Común.
El Tribunal Constitucional se ha pronunciado sobre el controvertido recurso de casación autonómico y las distintas interpretaciones mantenidas por los tribunales superiores de Justicia de las comunidades autónomas sobre su viabilidad y alcance en las recientes sentencias 98/2020 y 99/2020.
El Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha declarado que la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia no reúne las condiciones de “órgano judicial” bajo el mecanismo de la cuestión prejudicial.
El Tribunal Supremo ha sentado una novedosa e importante doctrina conforme a la cual la Administración no puede dictar providencia de apremio cuando pende ante ella un recurso o impugnación administrativa sin antes resolverlo de forma expresa.
El Real Decreto Ley 27/2020 ha ampliado seis meses más la plena entrada en vigor de la Administración electrónica, lo que puede tener efectos para el administrado en cuanto al controvertido cambio de régimen jurídico aplicable a la subsanación de la falta de presentación electrónica de la solicitud.
Análisis jurídico de novedades en materia de contratos del sector público.
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Siendo el despido colectivo posible en el sector público, se admite con limitaciones la suspensión colectiva mediante expedientes de regulación temporal de empleo. Durante la pandemia, las solicitudes han obtenido diferente respuesta.
El Real Decreto 553/2020 introduce diversas novedades en la regulación del traslado de residuos en el interior del territorio del Estado y sustituye y deroga el anterior Real Decreto 180/2015.
Análisis jurídico de novedades en materia de contratos del sector público.
El RDL 26/2020 regula un régimen específico de reequilibrio económico para afrontar las situaciones generadas por el COVID-19 con relación a los contratos de gestión de servicios públicos de transporte regular de viajeros por carretera y determinados contratos de concesión de carreteras.
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Se extiende el sentido de las ayudas para trabajadores autónomos durante el periodo de recuperación económica con la solicitud de una nueva prestación o con la exoneración del pago de cuotas a la Seguridad Social.
Análisis jurídico de novedades en materia de contratos del sector público.
El II Acuerdo Social en Defensa del Empleo mantiene medidas extraordinarias adoptadas durante el estado de alarma, pero con una progresiva adaptación de las mismas a la etapa de recuperación.
El Tribunal Supremo se ha pronunciado sobre cuál es el plazo de prescripción aplicable a la obligación de restaurar los daños, cuando tal obligación deriva de una infracción prescrita.
En su Sentencia de 27 de mayo del 2020, el TS afina y concreta la posibilidad de declarar la nulidad parcial de planes generales de ordenación urbana, aunque mantiene la negativa a la retroacción de actuaciones como instrumento para atenuar los efectos de la nulidad.
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Se garantiza una renta mínima a personas o unidades de convivencia con vulnerabilidad económica, permitiendo su compatibilidad con el trabajo, y se establece un distintivo social para empresas que empleen a sus beneficiarios.
Cambio en la doctrina penal imperante de negar a la sociedades mercantiles estatales el ejercicio del derecho al honor, al no considerarlas dentro del sector público.
Análisis jurídico de novedades en materia de contratos del sector público.
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Análisis jurídico de novedades en materia de contratos del sector público.
Se «traspasa» la gestión del régimen de clases pasivas (pensiones) de los funcionarios públicos al sistema de la Seguridad Social. Con esta modificación, el Instituto Nacional de la Seguridad Social y la Tesorería General de la Seguridad Social gestionarán dicho régimen.
El Tribunal Supremo ha anulado los preceptos que prohibían la transmisión de las autorizaciones VTC en un plazo de dos años y que exigían la comunicación telemática de datos.
Comentario de la STG (UE) que anula una decisión de la Comisión Europea que consideró que los avales prestados por el IVF a la Fundación Valencia Club de Fútbol para adquirir un paquete de acciones del Valencia CF constituía una ayuda pública ilegal y que condenó al Reino de España a devolverla.
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En este trabajo se analizan las medidas especiales adoptadas por el Gobierno en materia de productos sanitarios como consecuencia del COVID-19
El Tribunal Supremo se ha pronunciado sobre el carácter auténticamente excepcional de las circunstancias que permiten ampliar el procedimiento hasta un plazo igual al establecido.
Análisis jurídico de novedades en materia de contratos del sector público.
El Tribunal Supremo dicta una sentencia que matiza su postura tradicional sobre las consecuencias de la declaración de nulidad de los planes urbanísticos y abre la puerta a la limitación de efectos de sus sentencias anulatorias.
Se perfila más claramente el ámbito subjetivo al que se refiere la suspensión de la liberalización y se establece un procedimiento simplificado para la autorización de pequeñas inversiones.
Alcance de las medidas extraordinarias adoptadas por el Gobierno para someter a autorización determinadas inversiones extranjeras directas en España a consecuencia de la situación económica derivada de la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19.
En este trabajo se responden las principales dudas que plantea la suspensión de plazos administrativos durante el estado de alarma decretado como consecuencia de la epidemia del COVID-19.
Se exponen las consecuencias de la declaración del estado de alarma sobre el sector de las telecomunicaciones (RDL 8/2020, de 17 de marzo, y RD 463/2020, de 14 de marzo).
En este trabajo se analizan las medidas extraordinarias adoptadas por el Gobierno en materia de contratación pública como consecuencia del COVID-19, así como las disposiciones adoptadas por algunas Comunidades Autónomas en relación con dicha materia
Se ponen de manifiesto las carencias legales detectadas en las normas (sancionadoras) que prohíben la interrupción de suministros y servicios esenciales en el estado de alarma.