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La Unión Europea se ha adherido al Convenio de La Haya sobre reconocimiento y ejecución de resoluciones judiciales, pero su entrada en vigor exige, al menos, una segunda ratificación y el respeto de los plazos previstos en su artículo 29
Doctrina del Tribunal Constitucional sobre si la notificación del emplazamiento realizado en el domicilio de una empresa que, según el órgano judicial, es filial de la entidad demandada puede surtir plenos efectos y, en su caso, en qué condiciones
Es aplicable al requerimiento la doctrina constitucional sobre los actos de comunicación
El plazo para negarse a aceptar un documento que contempla el artículo 8 del Reglamento 1393/2007 no puede coincidir con el plazo para ejercer el derecho de recurso con arreglo a la normativa del Estado miembro de la autoridad que emitió el documento
Se expone la doctrina del TC sobre el artículo 8 de la Ley de Asistencia Jurídica Gratuita, que exige al solicitante acreditar que las circunstancias y condiciones precisas para la concesión del beneficio sobrevinieron en el curso de la primera instancia o con posterioridad a ella
Por primera vez se enfrenta el Tribunal Supremo al reto de determinar el alcance de la preferencia absoluta de la comunidad de propietarios para el cobro de las cuotas por gastos generales.
Se exponen diversos criterios jurisprudenciales sobre la interrupción o suspensión del plazo de caducidad de la acción civil, en especial cuando se incoa un proceso penal sobre los mismos hechos
Se exponen las innovaciones introducidas en las especialidades del procedimiento monitorio seguido por la comunidad de propietarios para reclamar la contribución de éstos a los gastos generales y a la dotación del fondo de reserva.
Cuando establece la competencia del tribunal del Estado miembro del domicilio del demandante, el artículo 11, 1, b) del Reglamento Bruselas I bis no solo determina la competencia judicial internacional, sino también la territorial
No producen el efecto de cosa juzgada formal las resoluciones firmes sobre admisión de la demanda ni las que, en el curso del proceso, se pronuncian sobre defectos procesales de orden público
El pasado 1 de julio entraron en vigor los nuevos Reglamentos de la Unión Europea sobre obtención de pruebas y sobre notificación cuyo objetivo es facilitar y simplificar dichas actividades a través del fomento del uso de medios electrónicos
Se expone la doctrina constitucional sobre la exigencia de que el perjuicio irreparable que pueda causar la anulación en amparo de la resolución recurrida sea propio del recurrente
Se da noticia de la reciente Sentencia del Tribunal de Justicia, de 28 de junio de 2022, por la que se eliminan buena parte de los requisitos que exigía nuestra legislación para reclamar responsabilidad por una norma con rango de ley contraria al derecho de la Unión Europea
Se analiza si es suficiente para que se produzca la extensión a los codemandantes del beneficio de justicia gratuita reconocido a uno de ellos que todos los demandantes actúen bajo una única representación o, por el contrario, es necesario que la relación jurídica deducida en juicio sea única
Se analiza el contenido de la ley reguladora de las especialidades del recurso de casación en materias de derecho civil vasco desde la perspectiva de los límites que fija la Constitución a la regulación por las comunidades autónomas de cuestiones procesales.
Se expone la posibilidad de una interpretación flexible de la limitación de la intervención provocada a los casos en que la ley lo permita
Se expone la doctrina del Tribunal Supremo sobre la distinción entre la eficacia de cosa juzgada material y los efectos indirectos que la sentencia puede producir como hecho jurídico, en especial su eficacia como medio de prueba en el proceso posterior
Se expone el criterio del Tribunal Supremo sobre el alcance del proceso declarativo previsto en el artículo 552.3 de la Ley de Enjuiciamiento Civil.
Se expone la doctrina contradictoria sobre la interpretación del tratamiento procesal de la excepción de nulidad radical y las consecuencias sobre el alcance del pronunciamiento judicial sobre ella
Se analiza si una acción fundada en un ilícito concurrencial vinculado a una cláusula de confidencialidad pactada en un contrato queda sometida al arbitraje en él acordado cuando se fundamenta en la Ley de Competencia Desleal
Se examina si, calificados jurídicamente los hechos en la demanda conforme al derecho español, puede el actor modificar esa calificación en la audiencia previa solicitando que, subsidiariamente, se entienda realizada conforme al derecho extranjero alegado por el demandado en la contestación
Una declaración de renuncia a la herencia realizada ante un tribunal del Estado miembro de la residencia habitual del heredero será válida en cuanto a la forma si se respetan los requisitos formales aplicables ante ese tribunal
Se expone si, en los casos en que exista dificultad para distinguir entre la perturbación y el despojo como presupuestos objetivos de juicio para la tutela sumaria de la posesión, es necesario acumular ambas peticiones de tutela o, por el contrario, el juez puede pronunciarse sobre la que resulte procedente sin que sea precisa tal acumulación
Doctrina contenida en la sentencia sobre el control de oficio y a instancia de parte de las cláusulas abusivas y sobre el momento preclusivo para llevarlo a cabo.
La acción de reconocimiento de los derechos de aprovechamiento de unas aguas de dominio privado preexistentes a la Ley de Aguas de 1985 es meramente declarativa y, por tanto, imprescriptible. El Tribunal Supremo excluye que se trate de una acción constitutiva o de condena
Se expone la interpretación del Tribunal Supremo de las normas sobre procesos no dispositivos aplicables a este tipo de procesos. En especial, se hace referencia a la exclusión del principio de preclusión y a la flexibilización del de congruencia
Se exponen los siguientes supuestos de legitimación que han planteado dudas en la doctrina de las Audiencias: la del arrendatario frente al arrendador, la del nudo propietario, la del ejercicio de la acción frente al coposeedor o por la Administración frente a particulares
Las asociaciones de defensa de los intereses de los consumidores pueden ser habilitadas por los Estados miembros para ejercitar acciones contra las vulneraciones de los derechos en materia de protección de datos, sin que sea necesario que tales asociaciones se constituyan a los efectos de actuar en ese ámbito
Se examinan las diversas reclamaciones que puede formular el perjudicado, con especial referencia al ejercicio de la acción directa frente a la compañía aseguradora, exponiendo la jurisdicción —civil o contencioso-administrativa— competente en cada caso y las relaciones e interferencias entre ambos órdenes jurisdiccionales
Se expone la doctrina del Tribunal Supremo sobre el cauce para la denuncia de la infracción del artículo 518 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, con referencia a la ejecución en España de una sentencia extranjera, pero aplicable con carácter general
Se analiza si constituye un acto de perturbación la adopción en forma legal de un acuerdo por la sociedad propietaria que afecta a la posesión de un piso arrendado a uno de los socios que votó en contra
Se expone la doctrina de las Audiencias sobre la legitimación pasiva en el juicio sumario de tutela de la posesión
El gravamen o perjuicio causado por la resolución recurrida debe imputarse al fallo o parte dispositiva, aunque excepcionalmente puede haber sido producido también por sus fundamentos
Se expone la doctrina del Tribunal Supremo sobre la exigencia del emplazamiento del demandado y la incidencia de su incumplimiento en el reconocimiento de la sentencia
Se expone la jurisprudencia sobre el alcance de la subsidiariedad del proceso de revisión, que excluye la facultad de optar por este remedio procesal cuando la ley ofrece otros medios frente a la sentencia firme
Entra en vigor el 5 de mayo el Real Decreto 307/2022, de 3 de mayo, por el que se modifica el Real Decreto 1373/2003, de 7 de noviembre, por el que se aprueba el arancel de derechos de los procuradores de los tribunales
La compensación no produce los efectos del pago y su alegación no está prevista, ni tiene encaje, en los juicios sumarios que terminan con una sentencia sin eficacia de cosa juzgada
Consideraciones sobre el concepto de presunción, los requisitos que debe reunir como instrumento para la fijación de los hechos en el proceso y su control
Una actualización de la jurisprudencia sobre la aplicación del art. 1154 CC
A efectos de la ley aplicable no son contratos de consumo protegidos los contratos de arrendamiento o los que tienen por objeto un derecho real inmobiliario. El TJUE interpreta ambos conceptos en esta sentencia en la que propugna una calificación autónoma.
El Tribunal Constitucional aplica a la prejudicialidad penal en el arbitraje la doctrina de que el órgano judicial que conoce de la acción de anulación no puede sustituir la motivación contenida en el laudo por la suya propia imponiendo su criterio al de los árbitros
Un auto de requerimiento de pago adoptado por un órgano jurisdiccional de un Estado miembro sobre la base de sentencias firmes dictadas en un Estado tercero constituye una resolución y goza de fuerza ejecutiva en los demás Estados miembros
Se expone la doctrina constitucional sobre la no inclusión en las costas de las partidas de honorarios de abogado y derechos de procurador cuando su intervención no es preceptiva, distinguiendo su aplicación en los ámbitos civil y proceso contencioso administrativo
Se examina, en especial, la doctrina del Tribunal Supremo sobre el concepto de obra nueva y sobre las relaciones de este juicio con los procesos posesorios.
El Tribunal Supremo resuelve en favor del acreedor una duda procesal y determina en qué momento se procederá a clasificar el crédito contingente devenido definitivo
Se expone la doctrina del Tribunal Constitucional sobre las garantías de la certificación para asegurar el derecho de defensa del ejecutado, que le llevan a rechazarla cuando la notificación no se haya ajustado al derecho de la Unión Europea, incluso aunque hubiera sido efectuada correctamente según la jurisprudencia constitucional
El TS ha declarado que si bien en principio, cuando hay una vía específica para obtener la reparación de un daño no procede acudir a la reclamación de la responsabilidad patrimonial, si cabe acudir a ella, excepcionalmente, cuando la vía específica no resulte viable
La sentencia incurre en incongruencia extra petita cuando se pronuncia sobre un extremo que había sido descartado por la sentencia de instancia, quedando firme entre las partes al no plantearse en el recurso de suplicación promovido por la demandante, no siendo posible recuperarlo de oficio.