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El Informe de Vida Laboral del trabajador refleja los actos de encuadramiento y cotización, esto es, hechos o actos jurídicos que constan en el fichero general. Pero no cabe pretender la modificación de estos actos mediante una rectificación del Informe por su carácter meramente informativo
Rebaja el Tribunal Supremo las expectativas sobre la necesidad de conocimiento del trabajador de la finalidad disciplinaria en la instalación de videovigilancia al considerar que un sistema «evidente y notorio» de vigilancia por la empresa cliente, que no por su empleador, resulta notificación suficiente
La «reserva» del puesto físico de trabajo con antelación a su ocupación puede no suponer una modificación sustancial si, ateniendo a un nuevo criterio empresarial de organización del trabajo, se demuestra que responde a razones de eficacia y eficiencia organizativa de recursos materiales
Comoquiera que la jubilación del autónomo societario no afecta al empleo, ni tampoco ostenta la condición de empleador, que tiene la mercantil, ni responde con su patrimonio personal de las deudas de los trabajadores, no se aplica la regla de compatibilidad prevista para el resto de autónomos
Cuando no existen representantes legales de los trabajadores en los centros afectados por un ERTE ni tampoco convenio sectorial aplicable por pérdida de vigencia, la composición alternativa basada en la legitimación para negociar dicho convenio no puede cumplirse.
La empresa puede condicionar la prohibición a los trabajadores de llevar cualquier signo visible de convicciones religiosas en el lugar de trabajo siempre que se trate de un requisito profesional esencial, determinante, legítimo y proporcionado
No existe impedimento legal expreso para que, mediante impugnación individual, se revisen las causas pactadas en el despido colectivo. Lo contrario supondría vulnera el derecho a la tutela judicial efectiva de las personas trabajadoras afectadas
Aun cuando las partes de un contrato individual de trabajo son libres para elegir la ley aplicable, deberá atenderse a la normativa del país en el que se desarrolla habitualmente el trabajo, por si sus normas garantizan una mejor protección, entre otras, la salarial.
Las reformas legales sobre la suspensión del contrato por paternidad permiten interpretar que el permiso por nacimiento de hijo ha sido subsumido en aquélla. Sin embargo, si la empresa decidiera mantener el permiso y la suspensión para el padre, se impondría el mismo trato para la madre.
La aplicación de los protocolos sanitarios en el centro de trabajo para evitar contagios por coronavirus, permite considerar cumplida la obligación general de protección de la salud, pudiendo estimarse la exoneración empresarial del abono del plus de peligrosidad convencional en tal caso.
Si, en la empresa pública, el respeto a los principios de mérito y capacidad obligan a calificar el contrato temporal irregular como indefinido no fijo y no como indefinido, cuando la actividad de la empleadora es cíclica o intermitente, la relación será indefinida no fija discontinua
Cuando la norma concursal, ante la insuficiencia de la masa activa, obliga al pago de los créditos por salarios e indemnizaciones en el triple del salario mínimo interprofesional por el número de días de salario pendientes de pago, el importe de aquél ha de incluir las dos pagas extraordinarias.
Subcontratar a otra empresa —no a un servicio médico— la labor de control de la empleadora no limita el poder de dirección de esta última que únicamente «instrumentaliza» su actuación mediante un tercero, siempre que ambas respeten la protección de datos personales de los trabajadores
Esta reforma del empleo público, consensuada en la mesa de negociación, inicia la vía para regular al personal interino con procesos de estabilización o, de no ser posible, asignando una indemnización a quienes no consiguen un nombramiento o una contratación indefinida.
La existencia de un convenio de colaboración público-privada no impide la aplicación de la subrogación laboral siempre que se mantenga el servicio y se produzca la reversión de medios materiales aun cuando estos hubieran pertenecido siempre a la Administración
Las decisiones dictadas por la justicia europea obligan a modificar la jurisprudencia sobre interinidad por vacante considerando que, si se superan los tres años en la cobertura de la plaza, el trabajador se convierte en indefinido no fijo.
La nueva Ley 10/2021 de trabajo a distancia no modifica sustancialmente el Real Decreto-ley 28/2020 en el que tiene su origen, pero sí introduce una reforma en el artículo 40 LISOS para actualizar algunas cuantías de las sanciones laborales. No obstante, este incremento no entrará en vigor hasta el 1 de octubre
Cuando sujetos legitimados colectivamente deciden alterar la estructura salarial, incrementando el salario base con antiguos pluses extrasalariales que ahora desaparecen, la decisión es lícita si el quantum final supone, al menos, la suma de todo lo anterior.
La conversión del contrato temporal fraudulento en un contrato indefinido no fijo alcanza no sólo a las Administraciones Públicas sino también a las empresas que pertenecen al sector público en las que deberán regir los principios constitucionales de igualdad, mérito y capacidad
Carece de contenido casacional el nivel de gravedad del incumplimiento del contrato administrativo como consecuencia de la falta de puntualidad en el pago del salario a los trabajadores, ni siquiera la calificación de esencial de la cláusula que recoge el cumplimiento de estas obligaciones salariales
Los sindicatos minoritarios no pueden participar, con voz pero sin voto, en el período de consultas por cuanto se trata de una negociación limitada en el tiempo, con lo que se estaría perjudicando objetivamente el proceso negociador, amén de conocer información empresarial sensible
Para que una empresa mantenga a sus trabajadores dentro del sistema de la seguridad social del Estado miembro en que ejerce cuando los envía a otro Estado, debe garantizar que ejerce «normalmente» su actividad en el Estado miembro de origen.
Cuando la falta de puntualidad sin causa justificada es imputable únicamente al trabajador, el carácter sinalagmático del contrato de trabajo supone que no se devengue el salario por el trabajo no prestado, sin que ello signifique que se esté imponiendo una multa de haber prohibida
La tarifa a aplicar en la cotización a la Seguridad Social constituye una cuestión meramente conceptual y de cuantía imprecisa pero lo que se discute es la cantidad recogida en las actas de liquidación, por lo que prevalece el valor económico de la pretensión a efectos del recurso
Al igual que cualquier irregularidad con origen en el contrato de relevo no puede perjudicar al jubilado parcial, las deficiencias detectadas en el desarrollo de la jubilación parcial tampoco deberán incidir en el contrato de relevo, convirtiéndolo en indefinido y transformando su finalización en despido
Cuando las condiciones de retribución de trabajadores de distinto sexo con trabajos de igual valor puedan atribuirse a una única fuente, procederá la aplicación directa del artículo 157 TFUE, pese a que trabajen en establecimientos distintos.
El alta en un régimen distinto al debido no justifica multa o liquidación retroactiva de cuotas si previamente no se confirma que la conducta empresarial constituye una infracción tipificada en el ordenamiento que no puede ser la falta de alta porque dicho acto sí ha tenido lugar
La presunción de veracidad y certeza de las actas de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social no impide el control judicial tanto en la adecuación como en la proporcionalidad de la sanción. Si la conducta empresarial dificulta, pero no obstruye la labor inspectora, la sanción puede ser reducida
Con la misma complejidad que medidas de idéntica factura anteriores, se aprueba el V Acuerdo Social para establecer, entre otras medidas, la prórroga de los ERTE de la pandemia, exoneraciones de cuotas de distinta naturaleza y la pervivencia de algunos límites a la actuación empresarial.
Aunque la categoría especial de familia numerosa se adquiera con cuatro hijos, de los cuales, al menos tres deberán proceder de «parto» adopción o acogimiento «múltiples», se entiende que también varios «partos» (gemelares, por ejemplo) permiten el acceso a la citada categoría.
En sede penal se estima que la intervención en el correo del trabajador conlleva autorización judicial previa, pero la vulneración de la intimidad o de la protección de datos puede ser objeto de negociación contractual o convencional entre empresa y trabajador.
Cuando en un negocio el valor predominante es su activo intangible integrado por la clientela, parece incuestionable que ese activo permite mantener la identidad en la transmisión empresarial, operando, de esta forma, la subrogación laboral entre ambas empresas
Aunque el trabajador cedido ilícitamente tenga derecho a integrarse como indefinido en una de las empresas implicadas, eso no cercena la facultad empresarial de optar por indemnización o readmisión, pero tampoco elimina la responsabilidad solidaria de ambas empresas en el pago de la indemnización
La supuesta ilegalidad de un Plan de igualdad no puede ser combatida con el recurso al conflicto colectivo sino que requiere acudir a la impugnación del Convenio Colectivo por ilegalidad convocando a los firmantes como demandados y con la intervención del Ministerio Fiscal.
Una nueva norma consensuada presume la laboralidad de los servicios de reparto o distribución mediante plataformas digitales y permite el acceso de los representantes de los trabajadores a los algoritmos que condicionan la relación laboral en las empresas.
El empleado público interino, contratado por una duración determinada y con una justificación objetiva, no genera derecho a retribución en los períodos entre sus sucesivas contrataciones ni tampoco otros derechos derivados (antigüedad o cómputo de servicios prestados)
La derivación de responsabilidad solidaria al administrador de la sociedad por cuotas impagadas a la Seguridad Social exige no sólo insolvencia empresarial sino causa legal de disolución de la sociedad
El desplazamiento de trabajadores en actividades trasnacionales es objeto de una regulación que completa la vigente, especialmente, para empresas de trabajo temporal y usuarias que se hallan en España y trasladan a sus trabajadores a otros países de la UE.
Si la empresa no interpone recurso de alzada contra la resolución administrativa que le impone sanción económica por infracción en materia de prevención, incurre en causa de inadmisibilidad por omisión del preceptivo recurso sin que la reclamación previa extemporánea permita enmendarlo
El arraigo laboral puede ser acreditado por cualquier medio de prueba válido en derecho, incluido el certificado de vida laboral que acredita una relación laboral, sin que sea exigible una resolución administrativa o judicial que pruebe la existencia de dicha relación
La vinculación directa de los ERTE a la situación pandémica y económica no evita el control judicial, en su caso, basado en criterios de legalidad, razonabilidad, proporcionalidad y adecuación de la medida empresarial.
La cantidad indemnizatoria pactada en acuerdo conciliatorio judicial se cumple, aun cuando, con posterioridad, se reclame fiscalmente al trabajador. Si la cantidad pactada es neta, la empresa deberá reintegrar el importe correspondiente para que el trabajador reciba la cantidad comprometida
La tramitación de ERTE por causas distintas a la de fuerza mayor obliga a valorar la existencia y dimensión de la causa esgrimida. Comienza a ser frecuente que, a estos efectos y en época de pandemia, los tribunales acudan a la «realidad social» como criterio hermenéutico.
La situación de conflictividad laboral en las que se enmarcan las declaraciones sobre la condición de acosador del empleador a la trabajadora, impide valorar las manifestaciones enjuiciadas como una agresión injustificada al honor del demandante
Se admite la inaplicación del Convenio Colectivo o descuelgue en el seno de la negociación de un ERTE, siempre que el acuerdo haya sido alcanzado por sujetos legitimados y se cumplan estrictamente los requisitos previstos por el legislador para la sustanciación de cada una de las medidas pactadas.
Parece existir un consenso sobre la oportunidad de la refundición concursal en materia de exoneración de deudas laborales y de Seguridad Social en la venta de la unidad productiva. Por prudencia, sería conveniente esperar a valorar la evolución de la realidad judicial.