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Mediante el Real Decreto 424/2017, que entrará en vigor el 1 de julio del 2018, se desarrolla por primera vez de forma completa el régimen de control y de fiscalización de las entidades locales y se establecen los estándares mínimos que deberá cumplir. La base legal de esta norma se encuentra en la Ley 27/2013 de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local (en particular, en la nueva redacción que dio a los preceptos sobre fiscalización y control de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales).Entre sus novedades cabe reseñar la regulación detallada del ejercicio de las funciones interventora y de control financiero; la nueva función interventora de comprobación material de las inversiones; la obligación de que los interventores informen al Pleno sobre los casos en que se haya omitido la intervención previa; y la introducción de la obligación de que para el control financiero de los entes dependientes o adscritos a la entidad local se lleven a cabo auditorías públicas, que podrán efectuarse con la colaboración de entes públicos o privados...
Análisis jurídico de novedades en materia de contratos del sector público.
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