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La salud laboral pasa a ser una preocupación especial para el legislador y para el empleador en la fase de recuperación. En el ámbito público, la Administración de Justicia avanza su plan preventivo.
Se extiende el sentido de las ayudas para trabajadores autónomos durante el periodo de recuperación económica con la solicitud de una nueva prestación o con la exoneración del pago de cuotas a la Seguridad Social.
El II Acuerdo Social en Defensa del Empleo mantiene medidas extraordinarias adoptadas durante el estado de alarma, pero con una progresiva adaptación de las mismas a la etapa de recuperación.
Se garantiza una renta mínima a personas o unidades de convivencia con vulnerabilidad económica, permitiendo su compatibilidad con el trabajo, y se establece un distintivo social para empresas que empleen a sus beneficiarios.