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La opción entre impugnar la resolución administrativa que resuelve el ERTE o utilizar el procedimiento de conflicto colectivo cuando se trata de cuestionar la fuerza mayor en la que se origina sigue siendo controvertido.
Las distintas reformas operadas en torno a la jubilación parcial han generado modelos dispares que benefician a unos sectores de actividad en detrimento de otros, con condiciones de acceso más desfavorables. El Gobierno se comprometió a reformar esta modalidad de pensión en el plazo de un año, que vencerá en unos días.
Se cuestiona si, en un pacto de mejoras voluntarias, mayores de cincuenta años con convenio especial que reciben una «compensación económica», ante su «suspensión» contractual, deben formar parte del censo electoral en una situación próxima a la prejubilación resuelta con criterios dispares.