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La Audiencia Nacional matiza el cumplimiento de los requisitos establecidos en el artículo 217 de la Ley de Sociedades de Capital, al aplicar un enfoque centrado en la finalidad que la jurisprudencia atribuye a la reserva estatutaria
El Tribunal Supremo admite la aplicación de la exención del artículo 7p de la Ley 35/2006 a las remuneraciones percibidas por administradores y consejeros de una entidad residente en territorio español por las labores ejecutivas y de gestión efectuadas en desplazamientos al extranjero.
La Propuesta de Directiva sobre la diligencia debida en materia de sostenibilidad corporativa contiene nuevas obligaciones para las grandes empresas en materia de sostenibilidad
La junta general, al proceder al nombramiento de un administrador, no puede fijar un plazo de duración del cargo inferior al establecido en los estatutos, ni siquiera en caso de que se trate de una reelección
La Dirección General valora la posible relevancia en el ámbito del recurso gubernativo de una decisión judicial firme y reafirma la licitud de las cláusulas estatutarias que refuercen las mayorías legales aunque de ellas derive, de hecho, la exigencia de unanimidad
El ejercicio contra el administrador de la acción de responsabilidad por deudas sociales (art. 367 LSC) no requiere demandar a la compañía deudora; basta con que la deuda reclamada quede acreditada en el juicio seguido contra dicho
Los administradores sociales han de indemnizar a la sociedad por los perjuicios causados al contratar con sociedades vinculadas infringiendo sus deberes de lealtad
Los socios pueden instar la nulidad de los contratos celebrados por los administradores sociales con infracción de su deber de lealtad
Una buena sentencia de Barcelona, que restablece el sentido común perdido en medio de tanta mística societaria
Cabe establecer que, a pesar del carácter gratuito del cargo de administrador, éste podrá ser retribuido por la prestación de otros servicios vinculados con actividades ajenas al ejercicio de las competencias inherentes al cargo que ocupa
Extremos esenciales de la Reforma Societaria por Ley 5/2021.
La disposición final cuarta de la Ley 2/2021, de 29 de marzo, dice que modifica el contenido de los arts. 40 y 3 de los reales decretos-leyes 8/2020 y 34/2020, respectivamente, pero reproduce el contenido vigente de estos artículos, ya modificados por normativa de urgencia anterior
El Real Decreto-ley 2/2021, de 26 de enero, permite durante el año 2021 las sesiones de los órganos de administración por videoconferencia y la adopción de acuerdos por escrito y sin sesión, aunque no esté expresamente contemplada esta posibilidad en los estatutos.
Recientemente se han publicado varias resoluciones de la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública en las que se abordan cuestiones relativas al cese y al nombramiento de los administradores de sociedades de capital
La responsabilidad el administrador que accede al cargo constante la causa de disolución e incumple sus deberes de promoverla, alcanza a todas las deudas sociales surgidas mientras él fue administrador, pero no a las anteriores a su nombramiento, ni a las posteriores a su cese.
En los contratos de tracto sucesivo celebrados por la sociedad con anterioridad a la existencia de la causa de disolución, los administradores sociales responderán —ex artículo 367 LSC— por las prestaciones periódicas devengadas con posterioridad al momento en que la sociedad incurrió en causa de disolución.
Cuando el administrador resulta vinculado con la sociedad, además, por un vínculo laboral «común», compatible con el vínculo orgánico, ¿cabe considerarlo «personal» a los efectos del artículo 150.2 LSC?
El incumplimiento material por el administrador de la promotora de la obligación de entrega del aval o garantía prevista en la Ley 57/68 no desembocará en su responsabilidad si, a la vista de las circunstancias, no hay infracción de sus deberes de diligencia.
La Dirección General de Tributos concreta algunas de las especialidades fiscales de los rendimientos del trabajo percibidos por consejeros ejecutivos, traducidas básicamente en la inaplicación de determinados supuestos de exención y no sujeción.
Los administradores de sociedades de capital están obligados a no competir con la sociedad. Eso lleva a preguntarse qué relación guarda esta prohibición con la de cometer actos de competencia desleal.