Puede obtener más información sobre la Política de Privacidad clicando aquí.
El régimen de la prueba ilícita es aplicable al arbitraje y forma parte de las garantías esenciales del procedimiento, por lo que debe encuadrarse dentro del concepto de orden público.
La cuantía, como uno de los factores que considerar en la tasación de costas, no es la fijada por el consumidor en la demanda, sino la establecida en el proceso. En consecuencia, si es indeterminada, serán aplicables los límites impuestos en el artículo 394.3 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, que no vulneran el principio de efectividad.
La reconvención frente a terceros es admisible en el procedimiento arbitral y, en caso de inadmisión por el laudo, el tribunal puede enjuiciar no sólo si la motivación del laudo es irracional o arbitraria, sino también su fundamentación
Se expone el régimen de las medidas cautelares en el arbitraje que pueden ser acordadas tanto por los árbitros como por el órgano judicial competente.
Es invalido el convenio arbitral incluido en un contrato de transporte sujeto al Convenio CMR que no haga constar que el tribunal arbitral aplicará dicho Convenio
La Ley de Enjuiciamiento Civil no es supletoria, pero cabe la aplicación analógica de sus normas imperativas
El Tribunal Constitucional aplica a la prejudicialidad penal en el arbitraje la doctrina de que el órgano judicial que conoce de la acción de anulación no puede sustituir la motivación contenida en el laudo por la suya propia imponiendo su criterio al de los árbitros
Se exponen algunas precisiones sobre la prejudicialidad penal en el arbitraje, en especial sobre su control por el tribunal competente para la anulación del laudo
Es contraria al Derecho de la Unión Europea una normativa nacional que permite a un Estado miembro celebrar con un inversor de otro Estado miembro un convenio arbitral ad hoc de idéntico contenido a la cláusula arbitral que se recoge en el APPRI entre esos dos Estados miembros.
El pasado 17 de febrero del 2021 el TSJ de Madrid dictó un auto por el que denegaba el reconocimiento de un laudo extranjero al considerar que el préstamo del que traía causa la condena era usurario y, por ende, contrario al orden público español.
El TC ha dictado por unanimidad una sentencia en la que delimita la interpretación que se debe hacer de ‘orden público’ en acciones de anulación de laudos y aclara la exigencia de motivación aplicable a las resoluciones arbitrales.
El Acuerdo para la terminación de los tratados bilaterales de inversión entre Estados miembros de la Unión Europea se aplica provisionalmente en España desde el pasado 4 de agosto, con la consecuencia, entre otras, de que las cláusulas de arbitraje incluidas en esos convenios no pueden servir de base jurídica para nuevos procedimientos de arbitraje.
Análisis de los problemas que plantea la aplicación de la prejudicialidad civil al procedimiento arbitral a la luz de la Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid de 3 de mayo del 2017.
Se expone la doctrina contraria a considerar todos los casos de laudo dictado por dos árbitros como de nulidad radical.
Finalmente, el Gobierno ha fijado mediante un real decreto ley la tasa de rentabilidad razonable aplicable en el segundo periodo regulatorio.
Se examina, además de las innovaciones en la tutela cautelar y la posibilidad de acudir al arbitraje, el alcance limitado de la generalidad de las normas procesales contenidas en la Ley de Secretos Empresariales.