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La competencia judicial internacional para conocer de un precontrato de franquicia se determina en función de las características del propio precontrato y no de las del contrato de franquicia a cuya celebración aquél obligaba.
Entre los mecanismos de protección de los acreedores en caso de transformación transfronteriza, el Real Decreto-ley 5/2023 prevé que durante los dos años posteriores a que la transformación haya surtido efecto, los acreedores cuyos créditos hayan nacido con anterioridad a la publicación del proyecto de transformación podrán demandar a la sociedad ante los tribunales del domicilio social que ésta mantenía en el Estado de origen
Los foros de protección en materia de seguros previstos en el Reglamento Bruselas I bis se aplican a los contratos de seguro de casco relativos a una embarcación de recreo utilizada con fines no comerciales, ya que estos no son seguros de «grandes riesgos»
A los efectos del artículo 125.5 del Reglamento sobre la marca de la Unión Europea, el criterio de competencia judicial basado en la comisión del «hecho o el intento de violación» exige un comportamiento activo del autor de la violación
La discusión sobre la calificación —concursal o no— de ciertos mecanismos de reestructuración de deudas sigue viva en la esfera internacional y suscita cuestiones relativas a la competencia de los tribunales en su adopción y la ley a la que deben sujetarse
l TJUE se pronuncia sobre el alcance del concepto «relación laboral» y sobre la competencia de los tribunales de la UE para conocer de las demandas frente a empleadores domiciliados en terceros Estados
La nueva asignación de funciones atribuye competencia exclusiva al juez del concurso en materia de sucesión de empresa. Lo hace, sin embargo, obligando al juez a considerar las normas laborales y de Seguridad Social en toda transmisión de empresa, constriñendo a aquél en sus decisiones.
Aun cuando la empresa no tenga domicilio en España, si el contrato laboral con la empresa extranjera para prestar servicios en el extranjero ha sido firmado en territorio nacional se impone la competencia de los tribunales españoles en función de este único punto de conexión
El artículo 13, 3 del Reglamento 1215/2012 permite acumular ante el mismo tribunal la acción directa y la interpuesta por el asegurador frente al tomador del seguro o al asegurado, pero no la del perjudicado frente al asegurado
La competencia para reconocer una posible indemnización por los daños y perjuicios derivados del acoso laboral es del orden social si el origen del daño se debe a un incumplimiento empresarial en materia de prevención de riesgos laborales
No es parte débil, y no se beneficia de los foros de protección del RBI bis, el cesionario del crédito del perjudicado que es un profesional del sector de los seguros o, no siéndolo, obtiene habitualmente ingresos de la cesión de créditos en este sector de los seguros.
Los foros de protección a favor de los consumidores previstos en el Convenio de Lugano se aplican incluso si el profesional y el consumidor están domiciliados en el mismo Estado parte en la fecha de la celebración del ese contrato y el elemento de extranjería sólo surge posteriormente como consecuencia del traslado del domicilio del consumidor.
El TJUE reitera su jurisprudencia sobre el concepto de «materia civil y mercantil», a efectos de la aplicación del RBI bis, cuando en el litigio interviene una autoridad pública y se pronuncia sobre la competencia de los tribunales para adoptar medidas cautelares frente a tales autoridades
Los tribunales no pueden quedar vinculados por la opinión de un experto sobre el Derecho extranjero porque no cabe una pericia jurídica sobre la interpretación de las normas, sino el dictamen sobre su existencia y vigencia.
Los tribunales del lugar del centro de intereses de la víctima son competentes para conocer de una acción de responsabilidad por difamación a través de internet únicamente si el contenido presuntamente difamatorio permite identificarla, directa o indirectamente, como individuo
El Reglamento Bruselas I bis se aplica a la determinación de la competencia de los tribunales de un Estado miembro para conocer de un litigio entre un trabajador de otro Estado miembro, que no desarrolla sus funciones en el ejercicio del poder público, y la autoridad consular que lo emplea
La competencia judicial internacional para conocer de una acción contractual viene determinada por el RBI bis, con independencia de la ley aplicable para determinar la legitimación del demandante
Un consumidor no pierde su condición, a efectos de la determinación de la competencia judicial internacional, por circunstancias como el número de horas que dedica a una actividad, los conocimientos que posea en relación con ella o las ganancias que obtenga por realizarla.
La frustrada fusión de Mediaset suscita cuestiones de Derecho internacional (competencia, Derecho aplicable, libertad de establecimiento y relevancia de las decisiones de los tribunales italianos y holandeses) que se abordan en esta nota.
Es extracontractual, a efectos de la determinación de la competencia judicial internacional, la acción entablada por una parte en un contrato frente a la otra en relación con determinados actos llevados a cabo en el marco de la relación contractual y que se basa en una alegación de abuso de posición dominante
La Dirección General de Justicia y Consumo de la Comisión Europea ha publicado un documento sobre la retirada del Reino Unido de la Unión Europea y las normas comunitarias en el ámbito de la justicia civil y el Derecho Internacional Privado.
Entra en el ámbito de aplicación del Reglamento RBI bis la acción ejercitada por una autoridad pública por la que se solicita que se declare la existencia de prácticas comerciales desleales y que se ordene su cesación, pero no la petición de atribución de competencia para acreditar la existencia de futuras infracciones mediante simple acta redactada por la administración
Son competentes los tribunales del lugar de adquisición del vehículo para conocer de la demanda por responsabilidad extracontractual frente al fabricante que ha introducido ilegalmente un software que manipula los datos relativos a las emisiones de los gases del escape.
La reclamación de una indemnización al transportista por retraso aéreo es contractual, a efectos de la determinación de la CJI, incluso si el pasajero no contrató directamente con él, sino que adquirió un viaje combinado en una agencia de viajes.
Una cláusula atributiva de competencia prevista en un contrato de seguro que cubre «grandes riesgos» no puede oponerse al asegurado que no es profesional del sector de los seguros, no ha aceptado la cláusula y está domiciliado en un Estado miembro distinto del escogido.
Cuando la inscripción en el Colegio de Abogados es un requisito imperativo para quien desee poseer el título de abogado y ejercer esa profesión y la exigencia del pago de las cuotas es una competencia legalmente atribuida a aquel, la acción ejercitada en reclamación de tales cuotas no es «materia contractual» a efectos de la determinación del tribunal internacionalmente competente.
La resolución por la que el tribunal de apertura del concurso autoriza al administrador concursal a ejercitar una acción en otro Estado miembro no puede tener como efecto atribuir competencia internacional a los tribunales de dicho Estado.
Una persona física que, con una finalidad no profesional y en virtud de un contrato CFD celebrado con una sociedad de corretaje, efectúa operaciones en el mercado internacional de divisas FOREX a través de dicha sociedad, debe ser calificada de «consumidor».
Sentencia del Tribunal de Justicia de 5 de septiembre de 2019 (C 172/18).
Los actos de violación de una marca de la Unión consistentes en la realización de publicidad u ofertas de venta con uso inconsentido de la marca se entienden llevados a cabo en el territorio en el que el contenido comercial se hizo accesible a los consumidores y distribuidores a los que estaba destinado.
La presencia de una sucursal del demandado solo atribuye competencia a los tribunales del Estado donde aquella radica si el litigio se refiere a actos relativos a su explotación o a obligaciones contraídas por ella en nombre de la casa matriz que debieran cumplirse en dicho Estado.
Se da cuenta de la delimitación de competencias entre los juzgados de primera instancia y los juzgados mercantiles en el conocimiento de las acciones por incumplimiento de un contrato de transferencia de tecnología.
En el marco del Convenio de Lugano, la calificación de un contrato como «individual de trabajo» exige un vínculo de subordinación entre el supuesto trabajador y la empresa, sin que el hecho de que los accionistas de ésta puedan poner fin al contrato sea por sí mismo relevante a estos efectos.
La nulidad de pleno derecho de los contratos de crédito celebrados en el territorio de un Estado miembro en los que el prestamista esté establecido en otro Estado miembro y no cuente con una autorización expedida por las autoridades competentes del primero puede ser contraria a la libre prestación de servicios.
No es concursal una acción que tiene por objeto una pretensión de indemnización de daños y perjuicios por responsabilidad delictual o cuasidelictual, que ejercita el síndico en el marco de un procedimiento de insolvencia y que, de prosperar, daría lugar a la reintegración de lo obtenido en la masa activa.