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El régimen de la prueba ilícita es aplicable al arbitraje y forma parte de las garantías esenciales del procedimiento, por lo que debe encuadrarse dentro del concepto de orden público.
La cuantía, como uno de los factores que considerar en la tasación de costas, no es la fijada por el consumidor en la demanda, sino la establecida en el proceso. En consecuencia, si es indeterminada, serán aplicables los límites impuestos en el artículo 394.3 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, que no vulneran el principio de efectividad.
Se analiza si este control incluye no solo la existencia del convenio arbitral, sino también la interpretación de su alcance
La resolución produce el efecto de cosa juzgada formal y, por tanto, vincula al juez del proceso en que se dictó, salvo que haya cambio de circunstancias
La reconvención frente a terceros es admisible en el procedimiento arbitral y, en caso de inadmisión por el laudo, el tribunal puede enjuiciar no sólo si la motivación del laudo es irracional o arbitraria, sino también su fundamentación
No es unánime la doctrina que considera nulo, por ser contrario al orden público, el laudo arbitral dictado por un colegio arbitral integrado por un número par de árbitros
Se expone el nuevo régimen introducido por la Ley Orgánica 7/2022, de modificación de la Ley Orgánica del Poder Judicial, en materia de Juzgados de lo Mercantil
Validez del convenio arbitral y posibilidad de que tal cuestión sea examinada por el juez al decidir una declinatoria por sumisión a arbitraje.
Se examina el control judicial de excepción de litisconsorcio pasivo necesario en el proceso de anulación del laudo a la luz de la reciente doctrina del Tribunal Constitucional sobre el fundamento constitucional del arbitraje y los límites del orden público como motivo de anulación del laudo
Se expone la doctrina jurisprudencia sobre la relevancia que tiene la producción de indefensión en el control de la excepción de inadecuación de procedimiento
La vinculación directa de los ERTE a la situación pandémica y económica no evita el control judicial, en su caso, basado en criterios de legalidad, razonabilidad, proporcionalidad y adecuación de la medida empresarial.
Se analiza la aplicación al control judicial del canon de control de la condena en costas de las resoluciones judiciales.
Cuando una resolución del Letrado de la Administración de Justicia afecta a la función jurisdiccional no puede quedar excluida del control judicial.
Se expone la doctrina del Tribunal Constitucional sobre la cuestión.