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Se contraponen las soluciones dispares dadas por los tribunales supremos español y alemán en el asunto de la compra del vehículo Volkswagen dotado del software de encubrimiento de emisiones contaminantes.
Por vez primera el TJUE afronta un caso de daño cartelario en el que el actor no es un operador de la cadena de compra y suministro del input afectado por el cártel, sino un tercero que financia a los infractores.