La subrogación obligatoria de los trabajadores acordada en un convenio colectivo por la asociación de las empresas estibadoras y seis sindicatos es una práctica anticompetitiva.
Publicación del Anteproyecto de Ley entre cuyas modificaciones destacan: la colaboración y asistencia mutua entre las autoridades nacionales de competencia de la UE; la introducción del procedimiento de transacción; la posibilidad de priorizar las denuncias por prácticas anticompetitivas; y la reducción de los umbrales para la notificación obligatoria de las operaciones de concentración..
La CNMC declara la terminación convencional de una investigación hecha a Adidas por imponer a sus distribuidores autorizados y franquiciados restricciones a las ventas y a la publicidad por internet, obligaciones de no competencia postcontractual y restricciones a las ventas cruzadas.
Comentario de la STG (UE) que anula una decisión de la Comisión Europea que consideró que los avales prestados por el IVF a la Fundación Valencia Club de Fútbol para adquirir un paquete de acciones del Valencia CF constituía una ayuda pública ilegal y que condenó al Reino de España a devolverla.
Imposición por la Comisión Europea de medidas cautelares a la empresa BROADCOM en el curso de un procedimiento sancionador por abuso de posición dominante. Hay que destacar que es la primera vez en veinte años que la Comisión Europea adopta este tipo de medidas.
El Tribunal Supremo se ha pronunciado sobre el alcance del control que pueden ejercitar los órganos judiciales sobre la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, así como sobre la necesidad de que este organismo elabore un análisis propio del mercado de referencia cuando ejercite la potestad sancionadora.
En cinco sentencias de 25 y 26 de febrero del 2019, el Tribunal Supremo se pronuncia sobre la validez inculpatoria en un procedimiento sancionador administrativo de las pruebas obtenidas accidentalmente con ocasión de una inspección que tuviese otra finalidad.
La Sentencia del Tribunal Supremo de 21 de enero de 2019 (rec. 4323/2017), sienta doctrina jurisprudencial en materia de las infracciones al derecho de la competencia por razón de su objeto.
Conclusiones del abogado general del TJUE sobre la cuestión prejudicial relativa a si la doctrina de la «continuidad de la empresa» se puede aplicar para exigir responsabilidad civil por los daños causados por un cártel a una nueva sociedad constituida por los accionistas de la sociedad infractora que, tras la disolución de ésta, adquirió sus filiales y continuó su misma actividad.