La Comisión Europea impone medidas cautelares a una empresa que presuntamente ha infringido las normas de defensa de la competencia

29 de octubre, 2019

Imposición por la Comisión Europea de medidas cautelares a la empresa BROADCOM en el curso de un procedimiento sancionador por abuso de posición dominante. Hay que destacar que es la primera vez en veinte años que la Comisión Europea adopta este tipo de medidas.

El Tribunal Supremo se pronuncia sobre el alcance del control judicial sobre las apreciaciones económicas complejas de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia

4 de julio, 2019

El Tribunal Supremo se ha pronunciado sobre el alcance del control que pueden ejercitar los órganos judiciales sobre la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, así como sobre la necesidad de que este organismo elabore un análisis propio del mercado de referencia cuando ejercite la potestad sancionadora.

La CNMC aplica por primera vez la prohibición de contratar con el sector público por infracciones de la competencia

24 de abril, 2019

La doctrina del hallazgo casual de material inculpatorio no se aplica cuando la orden de registro no cumple los requisitos de concreción y especificidad

28 de marzo, 2019

En cinco sentencias de 25 y 26 de febrero del 2019, el Tribunal Supremo se pronuncia sobre la validez inculpatoria en un procedimiento sancionador administrativo de las pruebas obtenidas accidentalmente con ocasión de una inspección que tuviese otra finalidad.

La infracción por objeto en materia de competencia no exige analizar la incidencia de la conducta infractora sobre el mercado 

21 de marzo, 2019

La Sentencia del Tribunal Supremo de 21 de enero de 2019 (rec. 4323/2017), sienta doctrina jurisprudencial en materia de las infracciones al derecho de la competencia por razón de su objeto.

¿Resulta aplicable el principio de continuidad de la empresa para imputar a su sucesora la responsabilidad civil por los daños causados por un cártel?

19 de marzo, 2019

Conclusiones del abogado general del TJUE sobre la cuestión prejudicial relativa a si la doctrina de la «continuidad de la empresa» se puede aplicar para exigir responsabilidad civil por los daños causados por un cártel a una nueva sociedad constituida por los accionistas de la sociedad infractora que, tras la disolución de ésta, adquirió sus filiales y continuó su misma actividad.