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La conocida como Directiva anti “greenwashing” para el empoderamiento de los consumidores» impone una serie de obligaciones a productores y vendedores de productos para proteger a los consumidores del llamado «blanqueo ecológico» o «greenwashing». La aprobación de la directiva debería, pues, ayudar a consumidores y usuarios a tomar decisiones más sostenibles y a aumentar la confianza en la información y en las etiquetas ecológicas.
Recientemente se inició ―de nuevo― la tramitación en las Cortes Generales del Proyecto de Ley de Prevención de las Pérdidas y el Desperdicio Alimentario. La nueva norma afectará de lleno a los operadores de la cadena alimentaria.
Una reciente sentencia del Tribunal Supremo, de 23 de noviembre de 2023, analiza si, atendiendo a sus previsiones, la figura de la Declaración de Interés Turístico de un campo de golf, prevista en debe someterse o no al procedimiento de evaluación ambiental estratégica
La propuesta de modificación de la Directiva de energías renovables pretende que se exima de evaluación de impacto ambiental a los proyectos que se sitúen en las zonas designadas, conforme a sus previsiones, como propicias para las renovables.
El Reglamento núm. 2023/963 introduce el mecanismo de ajuste en frontera por carbono (MAFC), dirigido a evitar las fugas de carbono del régimen de comercio de derechos de emisión mediante un ajuste financiero de las importaciones de mercancías procedentes de terceros países.
El Real Decreto Ley 4/2023 contiene una importante modificación del régimen jurídico de la reutilización de las aguas con el fin de fomentar el uso de las aguas regeneradas impulsado desde la Unión Europea.
El Proyecto de Ley de Movilidad Sostenible obliga a empresas y entidades públicas a presentar, en plazo, para sus centros de trabajo con más de quinientas personas trabajadoras o doscientas cincuenta por turno un «plan de movilidad sostenible al trabajo» e impone sanciones por incumplimiento.
Mediante la Ley 19/2022, se reconoce personalidad jurídica al Mar Menor y su cuenca con el fin de reforzar su protección. La ley introduce una técnica ambiental inédita en nuestro derecho que suscita muchas cuestiones.
El Tribunal Supremo se ha pronunciado sobre el alcance del término «fuerza mayor» de la legislación de contratos del sector público —susceptible de dar lugar al restablecimiento económico de los contratos administrativos—, en relación con los fenómenos naturales catastróficos
El Real Decreto Ley 11/2022 ha introducido tres modificaciones en el procedimiento de afección ambiental de los proyectos de energías renovables que cumplan determinados requisitos introducido por el Real Decreto Ley 6/2022
La Sentencia del Tribunal Constitucional 15/2021 ha declarado inconstitucional y nulo el precepto de la Ley de general de protección del medio ambiente del País Vasco que establece la acción pública en vía jurisdiccional
Se exponen las principales novedades del Proyecto de Ley de Residuos y Suelos Contaminados recién aprobado, que está llamado a convertirse en la primera ley que incorpora en España el paquete de economía circular de la Unión Europea.
Se exponen algunas de las dificultades regulatorias con las que se encuentran los nuevos proyectos de energías renovables a la hora de cumplir el procedimiento de evaluación ambiental.
Diversos documentos europeos incorporan los criterios ESG en sus propuestas de modificación normativa —o de derecho indiciario— en el ámbito financiero.
El nuevo «Reglamento de Taxonomía» de la Unión Europea establece las bases para determinar si una actividad es sostenible desde el punto de vista ambiental, a los efectos de fijar el grado de sostenibilidad ambiental de una inversión financiera.
Análisis de los incentivos fiscales para la prevención de residuos previstos en el nuevo Anteproyecto de Ley de Residuos y Suelos Contaminados, en la que se prevé la creación de un impuesto especial sobre los envases de plástico no reutilizables.
El informe de compatibilidad con las estrategias marinas está regulado por un real decreto que se remite a una página de internet para completar su contenido.
La «Declaración del Gobierno ante la emergencia climática y ambiental» persigue alcanzar la neutralidad climática en España a más tardar en el 2050 reformando la legislación de sectores clave como transporte, energía, fiscalidad o medio ambiente.
La recientemente aprobada Directiva (UE) 2019/904 impone a los Estados miembros la adopción de medidas para «la reducción del impacto de ciertos productos de plástico en el medio ambiente».
La Ley 9/2018 ha llevado a cabo numerosas modificaciones en la regulación del procedimiento de evaluación de impacto ambiental que no se reducen a las necesarias para completar la transposición a nuestro Derecho de la Directiva 2014/52/UE.