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El arbitraje de equidad no tiene limitado su ámbito de aplicación por razón de la materia y la exigencia de motivación del laudo, más tenue, solo es controlable por medio de la acción de anulación
Se expone la doctrina constitucional sobre las garantías del procedimiento arbitral y de la motivación del laudo, que constituye un cambio de la percepción constitucional del arbitraje