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La DGT analiza si los días que los trabajadores desplazados al extranjero estuvieron en cuarentena obligatoria en el país de destino, con carácter previo a la realización del trabajo encomendado, han de computarse a efectos de calcular la exención del artículo 7.p) de la Ley 35/2006
La Dirección General de Tributos, asumiendo los criterios de la OCDE, entiende que no es probable que pueda resolverse a favor de España el conflicto de residencia que, como consecuencia del confinamiento derivado de la pandemia, pudiera plantearse respecto de un residente fiscal en un país con el que España tenga firmado un convenio para evitar la doble imposición
La DGT analiza en diversas consultas recientes algunos aspectos relacionados con la fiscalidad de las ayudas que, en el contexto de la pandemia ocasionada por el Covid-19, han podido recibir los autónomos con motivo de la suspensión, del cese de actividad o de la caída de sus ingresos
El límite entre la distribución irregular de la jornada laboral y la modificación sustancial de la jornada no siempre se encuentra en la ponderación de la «cantidad» irregularmente distribuida, sino que depende de otros elementos cualitativos.
El 19 de septiembre, se publicó la Ley 3/2020, de 18 de septiembre, de medidas procesales y organizativas para hacer frente al COVID-19 en el ámbito de la Administración de Justicia
Se aborda una nueva modificación del artículo 7 bis de la Ley 19/2003, concretando más alguno de los sectores afectados, variando los criterios a considerar para la existencia de un control societario, e incorporando transitoriamente a su régimen también las inversiones procedentes de residentes comunitarios y de otros países de la Asociación Europea de Libre Comercio
Se reconoce el derecho a disfrutar de las vacaciones con posterioridad al estado de alarma si el período inicialmente fijado coincidiera con un confinamiento del trabajador. La analogía entre confinamiento y situación de incapacidad no resulta, con todo, pacífica
El nuevo estado de alarma no contiene directamente medidas laborales pero incide indirectamente, si se impone el «toque de queda» o limitación a la movilidad, en numerosos puestos de trabajo.
Se analiza la interpretación realizada en un seminario judicial a propósito del artículo 5 de la Ley 3/2020, sobre acuerdos de refinanciación homologados bajos circunstancias COVID.
La Dirección General de Tributos analiza las implicaciones fiscales de la disponibilidad excepcional de los planes de pensiones en diversas situaciones derivadas de la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19.
La DGT analiza si el hecho de que un autónomo perciba la prestación extraordinaria por reducción en la facturación superior al 75%, como consecuencia de la declaración de estado de alarma, conlleva la obligación de causar baja en la actividad por cuenta propia.
Se analiza las modificaciones introducidas por la Ley 3/2020, de 18 de septiembre, de medidas procesales y organizativas para hacer frente al COVID-19 en el ámbito de la Administración de Justicia
Se analiza el alcance de la norma que establece la suspensión de la causa de disolución por pérdidas de las sociedades de capital.
De acuerdo con el criterio de la Dirección General de Tributos, el estado de alarma computa a efectos de determinar la residencia fiscal.
Las medidas generales de prevención sanitaria se aplican también al centro de trabajo y pueden originar una sanción por infracción grave del empleador, en caso de incumplimiento, en sus diferentes grados.
Novedades tributarias derivadas del Real Decreto-ley 25/2020, de 3 de julio, de medidas urgentes para apoyar la reactivación económica y el empleo, y del Real Decreto-ley 26/2020, de 7 de julio, de medidas de reactivación económica para hacer frente al impacto del COVID-19 en los ámbitos de transportes y vivienda.
La Dirección General de Tributos analiza, en el contexto del impuesto sobre el valor añadido, cuáles serán las consecuencias de las moratorias y reducciones parciales o totales de las rentas derivadas de los arrendamientos de locales de negocio, acordadas durante la vigencia del estado de alarma.
Dada la incertidumbre existente sobre la recuperación económica, la AEVM ha acordado prorrogar por tres meses adicionales la obligación de notificación de posiciones cortas netas cuando se supere o descienda del 0,1 %, del capital social de la cotizada.
La empresa colabora en la contención del contagio por coronavirus a través de sus servicios de prevención y del control de la salud laboral en sus centros de trabajo. En ocasiones, con exigencias más sanitarias que preventivas.
Se analiza el Real Decreto-ley 21/2020, de 9 de junio en lo que se refiere a las reuniones de los órganos societarios.
La falta de equipos de protección individual ha potenciado el riesgo de contagio, analizando los tribunales del orden social la responsabilidad empresarial en la falta de gestión en la salud laboral.
El derecho individual de los trabajadores a veinte horas anuales de formación puede ser empleado, en un futuro inmediato, para adaptar a las nuevas necesidades de la empresa la formación de los trabajadores.
El Real decreto ley 19/2020, de 26 de mayo, establece medidas complementarias relativas a los seguros de protección de pagos y de amortización de préstamos acogidos a las moratorias de suspensión temporal de los pagos y el devengo de intereses.
El Ayuntamiento de Madrid ha aprobado la modificación de las ordenanzas reguladoras del Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI) y del Impuesto sobre Actividades Económicas (IAE), introduciendo bonificaciones para inmuebles y actividades afectadas por el COVID-19.
El Real Decreto Ley 19/2020 reactiva la portabilidad en los servicios de telecomunicaciones y obliga a los operadores a fraccionar y aplazar el pago de las facturas impagadas durante el estado de alarma a todos los clientes que lo soliciten.
La Unión Europea presta ayuda financiera a los Estados miembros que la destinen a reducir riesgos laborales y garantizar la salud, también en el lugar de trabajo, lo que supone nuevas oportunidades de empleo.
Se analiza la reforma del artículo 40 del Real Decreto-Ley 8/2020 por Real Decreto-ley 19/2020, de 26 de mayo.
Hay muchísimos supuestos civiles y comerciales respecto de los que no se puede decir si han estado o no corriendo los plazos de caducidad desde la declaración del estado de alarma.
La entrada del Estado como accionista u obligacionista en la recapitalización de empresas no financieras en dificultades por el COVID-19 implica la asunción por la sociedad de determinadas medidas de gobierno corporativo
Un Auto acaba de estimar inaudita parte una medida de suspensión de ejecución de garantías sobre la base del «fumus» que proporciona el COVID-19.
La finalización del contrato de duración determinada por su “duración determinada” no computará como despido a efectos del mantenimiento de empleo de los ERTEs por fuerza mayor.
Por Acuerdo del Consejo de Ministros de 5 de mayo de 2020 se aprueba una línea de avales para empresas no financieras con programas de pagarés vigentes en el MARF desde el 23 de abril de 2020.
La CNMV y el Colegio de Registradores recomiendan contemplar en la convocatoria de la junta la posibilidad de su celebración por vía exclusivamente telemática —además de la presencial—, por subsistir restricciones o recomendaciones de las autoridades públicas derivadas de la crisis sanitaria tras el cese del estado de alarma.
Se comentan dos preceptos de la reforma concursal operada por el Real Decreto-ley 16/2020.
El Real Decreto-ley 16/2020 elimina el cómputo de las pérdidas del ejercicio 2020 a efectos de la concurrencia de la causa legal de disolución prevista en el artículo 367 1. e) de la Ley de Sociedades de Capital..
Se establece el tope de la cuantía de la que podrán disponer los trabajadores incluidos en ERTES sobre los derechos consolidados en los planes de pensiones del sistema de empleo.
Algunas empresas mantienen sus plantillas en activo y no en suspenso pese a no tener actividad. Una decisión libre que supone un importante ingreso en las cotizaciones sociales que bien pudiera ser reconocido.
Se da cuenta del Reglamento (UE) 2020/561 del Parlamento Europeo y del Consejo de 23 de abril de 2020 por el que se modifica el Reglamento (UE) 2017/745 sobre los productos sanitarios en relación con las fechas de aplicación de algunas de sus disposiciones.
De acuerdo con el criterio de la Audiencia Nacional, la rebaja en el precio de un arrendamiento no constituye una liberalidad, ni un impago ni un aplazamiento de renta, sino una novación extintiva que permite minorar los ingresos tributables en el Impuesto sobre Sociedades.
Ante los previsibles cambios en la descripción de las medidas alternativas del rendimiento en los folletos informativos y la información pública periódica por el COVID-19, y teniendo en cuenta el régimen de abuso de mercado, la AEVM informa acerca de la forma en la que el emisor ha de presentar estos cambios.
La adopción cambios temporales en los criterios de admisibilidad de los activos de garantía en las operaciones de política monetaria suponen medidas que tratan de fomentar la financiación.
En la situación generada por el COVID-19 varios Estados han adoptado normas para proteger a los organizadores de viajes, minoristas o compañías aéreas que les permiten no reembolsar en efectivo, sino mediante un bono, los importes de los viajes cancelados. Cuando el contrato está sujeto a un Derecho extranjero la aplicabilidad de esas normas puede ser cuestionada.
Las empresas con ERTEs por fuerza mayor podrán tramitar, cuando se reinicie la actividad laboral, nuevos ERTEs pero no podrán presentar EREs por idéntica causa.
Se analiza la incidencia que tiene la moratoria en los procesos declarativos y ejecutivos previstos para la exigibilidad de la deuda.
Dada la amenaza que sobre la estabilidad del sistema financiero supone el COVID-19, se rebaja el umbral de notificación de posiciones cortas netas al 0,1 %, como medida temporal, en principio, por tres meses.
El Real Decreto-ley 14/2020, de 14 de abril, por el que se amplía el plazo para la presentación e ingreso de determinadas declaraciones y autoliquidaciones tributarias.
El Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo, extiende la prohibición de interrumpir los suministros básicos a todos los consumidores, mientras dure el estado de alarma, pero no prevé cómo financiar esta medida.