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Una reciente Sentencia del Tribunal Supremo revisa —de forma, a nuestro juicio, cuestionable— su doctrina anterior sobre la posibilidad de que la Administración declare la caducidad de un procedimiento sancionador estando en curso un proceso judicial contra la resolución sancionadora
La nueva Política Agrícola Común del periodo 2023-2027 exige una norma interna de rango legal que sustente los criterios subvencionales, sancionadores y procedimentales que derivan de la innovadora regulación que entra en vigor.
Una Sentencia reciente del Tribunal Supremo ha aclarado que, cuando el infractor proceda al pago voluntario en cuantía reducida de la multa, la Administración debe dictar una resolución expresa para poner fin al procedimiento y evitar su caducidad
El TEAC modifica su criterio anterior y concluye que el dies a quo del plazo máximo de resolución en el procedimiento sancionador en materia de contrabando, a efectos de apreciar la existencia o no de caducidad, se sitúa en la fecha de la notificación de la comunicación de inicio del procedimiento.
El Tribunal Constitucional analiza cuáles son los efectos que pueden derivarse de la falta de aviso de una notificación electrónica —debida a la falta de precisión caligráfica al manuscribir la dirección de correo electrónico—, cuando el contenido de la notificación tiene relación con un procedimiento sancionador.
El Tribunal Supremo, en varias sentencias recientes, determina la imposibilidad de aplicar el artículo 209.2 de la LGT, en relación con las sanciones impuestas por la presentación extemporánea de unas declaraciones informativas sobre bienes y derechos situados en el extranjero (modelo 720)
Análisis de los efectos que pueden derivarse de la conformidad que el obligado tributario haya prestado en una inspección tributaria, a efectos de apreciar la concurrencia de culpabilidad en un procedimiento sancionador
El régimen de comercio de derechos de emisión de la Unión Europea (RCDE EU) ha sido modificado por la Ley 9/2020 para incorporar las nuevas reglas que se aplicarán a este mercado en su fase IV de funcionamiento durante el periodo 2021-2030.
Se da noticia de la última jurisprudencia del Tribunal Supremo que ha sentado doctrina sobre la caducidad de los procedimientos administrativos sancionadores o, en general, susceptibles de producir efectos desfavorables o de gravamen para los administrados.
Imposición por la Comisión Europea de medidas cautelares a la empresa BROADCOM en el curso de un procedimiento sancionador por abuso de posición dominante. Hay que destacar que es la primera vez en veinte años que la Comisión Europea adopta este tipo de medidas.