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Varias sentencias del Tribunal Supremo han interpretado de un modo más flexible los requisitos que impone el art. 32 de la LRJSP para reclamar responsabilidad patrimonial de la Administración por leyes declaradas inconstitucionales.
Se analiza la STJUE de 5 de septiembre del 2019, asunto C-417/18, que se pronuncia sobre una demanda de responsabilidad patrimonial contra Lituania por la incorrecta regulación del servicio de llamadas de emergencia al 112.