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La desestimación de la petición indemnizatoria en vía administrativa o contencioso-administrativa impide al perjudicado acudir a la vía civil ejercitando la acción directa frente a la compañía aseguradora
El Tribunal Supremo, en una reciente y cuestionable sentencia, reconoce a los informes del Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad valor vinculante para reclamar responsabilidad patrimonial y corregir sentencias firmes de los tribunales nacionales.
El mismo día que declaró el incumplimiento por España de la Directiva de calidad del aire, el Tribunal de Justicia precisó, en la sentencia de la que damos noticia, que los particulares no pueden reclamar responsabilidad patrimonial por los daños derivados de la contaminación
El TJUE considera que el régimen español de responsabilidad patrimonial del Estado legislador en casos de infracción del Derecho de la Unión ―regulado en los artículos 32, apartados 3 a 6, y 34.1, párrafo segundo, de la Ley 40/2015, y el artículo 67.1, párrafo tercero, de la Ley 39/2015― vulnera el principio de efectividad.
Se da noticia de la reciente Sentencia del Tribunal de Justicia, de 28 de junio de 2022, por la que se eliminan buena parte de los requisitos que exigía nuestra legislación para reclamar responsabilidad por una norma con rango de ley contraria al derecho de la Unión Europea
Se examinan las diversas reclamaciones que puede formular el perjudicado, con especial referencia al ejercicio de la acción directa frente a la compañía aseguradora, exponiendo la jurisdicción —civil o contencioso-administrativa— competente en cada caso y las relaciones e interferencias entre ambos órdenes jurisdiccionales
El TJUE se pronuncia sobre las consecuencias del incumplimiento por los Estados de las directivas en una cuestión prejudicial sobre una norma alemana que permitía la fijación de tarifas obligatorias en contra de lo dispuesto en la Directiva de Servicios.
Los daños y las modificaciones de las tierras que están provocando las coladas de lava del volcán que ha entrado en erupción en la isla de La Palma suscitan diversas cuestiones jurídicas de derecho administrativo
La Sentencia del Tribunal Constitucional de 14 de julio de 2021 ha declarado la inconstitucionalidad de determinados preceptos del Real Decreto 463/2020 con el alcance y las consecuencias jurídicas que se analizan en este comentario.
La Sentencia del Tribunal Constitucional de 14 de julio de 2021 ha declarado la inconstitucionalidad de determinados preceptos del Real Decreto 463/2020 con el alcance y las consecuencias jurídicas que se analizan en este comentario.
La Sentencia del Tribunal Constitucional de 14 de julio de 2021 trata de modular sus consecuencias sobre posibles reclamaciones de responsabilidad patrimonial, en la forma y con los efectos que se analizan.
Se expone la doctrina del Tribunal Supremo que afirma la vinculación del juez civil ante el que se ejercita la acción directa a la declaración de inexistencia de responsabilidad de la Administración contenida en una resolución administrativa firme con fundamento en la dependencia estructural de la acción directa respecto de la responsabilidad de la Administración asegurada.
El Tribunal Supremo, sobre la base de las circunstancias concurrentes en el caso analizado, admite la responsabilidad patrimonial del Estado Legislador, por aplicación de norma contraria al Derecho de la Unión Europea, aun cuando las solicitudes fueron presentadas transcurrido más de un año desde la publicación de la sentencia del TJUE.
Aunque por ley la jurisdicción contencioso-administrativa es la única competente para conocer de las reclamaciones de responsabilidad contra la Administración, todavía se admite un caso de acción directa contra la aseguradora en la vía civil.
Según la doctrina fijada por el TS sobre la interpretación del art. 54.6 de la Ley 42/2007, cuando se trata de una especie de fauna silvestre declarada protegida no es necesaria una previsión normativa expresa para que la Administración responda de los daños que ocasione.
El Tribunal Superior de Justicia de Madrid reconoce el derecho a reclamar responsabilidad patrimonial cuando, en procedimientos referidos a actos reglados como son las licencias, la Administración no resuelve en plazo por motivos injustificados y ello causa daños.
El TJUE ha pasado a conocer del procedimiento por incumplimiento contra España por los requisitos introducidos en el 2015 para reclamar responsabilidad al Estado legislador por daños derivados de leyes contrarias al Derecho de la Unión.
El Tribunal Supremo ha negado que exista responsabilidad del Estado legislador por no haber consignado en las leyes de presupuestos las partidas necesarias para hacer efectivos los mecanismos de compensación previstos en la Ley 43/2010.
La doctrina jurisprudencial de la pérdida de oportunidad permite imputar responsabilidad patrimonial a la Administración en supuestos en los que no se puede demostrar el nexo causal entre la actuación médica omitida y los daños causados.